La Hípica se enreda en una maraña judicial

La gestión de la Real Sociedad Hípica de San Sebastián -popularmente conocida como la Hípica de Loiola-, con un presupuesto que supera los 500.000 euros, es el motivo de las desavenencias generadas entre los dos frentes que se han abierto en el seno del ente federativo. Durante casi dos años su administración fue concedida por el Ministerio de Defensa a la Federación Guipuzcoana, pero en octubre de 2010 pasó a manos de una asociación privada denominada Hipikalia, creada exclusivamente para hacerse cargo de este cometido y cuyos dirigentes son los mismos que representan a la junta directiva de la mencionada Federación. De ahí que varios representantes de la asamblea de la FGH comenzaran a mediados del año pasado su particular guerra contra el presidente, Alberto Catalán, y el secretario, Jesús Ferreiro, de este organismo.

Y a día de hoy existen varios frentes abiertos. El más reciente es la querella criminal que va a presentar uno de los clubes de la asamblea, Lazkaomendi (Zaldibia), por delito societario contra la junta directiva de la FGH al considerar que Hipikalia se ha apropiado de bienes de la propia Federación.

Pero este enredado asunto se remonta a 2008. El Ministerio de Defensa dictaminó entonces deshacerse de las hípicas que tiene repartidas por el Estado, entre ellas la de Donostia, causa de preocupación de un grupo de usuarios de la misma, que anteriormente había creado la asociación hípica Ekieaso -con Bárbara Dürhkop, concejala de Donostia por el PSE, como presidenta- con el fin de "defender los derechos de los socios y usuarios de la R.S. Hípica SS". Tras estudiar el caso, Defensa decidió adjudicar estas instalaciones a la Federación Guipuzcoana de Hípica, como entidad sin ánimo de lucro que es, a cuya presidencia habían accedido el 30 de octubre de 2007 su presidente, Alberto Catalán, extesorero de Ekieaso, y su secretario, Jesús Ferreiro, un exmilitar que también ejercía de vicepresidente de Ekieaso (se ocupaba de la Hípica cuando Defensa la gestionaba).

Tras las elecciones de 2007, y con la concesión de la Hípica en manos federativas desde el 1 de noviembre de 2008, los miembros de la asamblea de la FGH con derecho a voto son Alberto Catalán -profesor de hípica-, como representante del estamento de técnicos y jueces y que cuenta con el voto de calidad en caso de empate; Bárbara Dührkop -según algunas fuentes, fue alumna de Catalán-, que representa a Ekieaso -club que se creó con "solo cinco licencias federativas", el mínimo exigido para tener voto, según se lamenta alguno de los miembros de la propia asamblea-; Nuria Ugarte, en representación de los jinetes -en 2009 no contaba con licencia-; y el grupo opositor formado por los clubes Lazkaomendi, Listorreta y Jaizubia.

La R.S. Hípica SS es un centro cuyo presupuesto supera los 500.000 euros, de los que aproximadamente la mitad es para pagar al personal -el secretario, dos monitores, cuatro mozos y una limpiadora-. "Catalán y Ferreiro, nada más entrar en la Federación, se autocontrataron: uno como secretario; el otro cobrando dietas como presidente. Es una verdadera corrupción. Hay dos personas que están ahí para ganar dinero", reconocen a este periódico representantes de la asamblea de la Federación. El secretario de la asamblea tiene derecho a un salario por esta función, mientras que el presidente, Alberto Catalán (jubilado de la grúa de Donostia por incapacidad), cobra 50 euros al día en concepto de dietas (unos 1.250 euros al mes).

En este sentido, Bedoya realiza la siguiente reflexión: "Hay unos señores que se están aprovechando de la Federación para su bien personal, para explotar la Hípica de Loiola, por eso se va a interponer la querella criminal por delito societario. Estos señores tienen cargos en la Federación y, amparándose en ello, están haciendo lo que les da la gana". Se refiere a "contratar el personal que les parece, a directivos y usuarios de la Hípica poniéndose sueldos...". A lo que Catalán responde afirmando que "estos señores hablan del fabuloso negocio y me gustaría saber dónde está éste cuando las pasamos canutas para pagar a los empleados".

Crisis en la federación En 2010 la situación era insostenible y se desató una crisis en la Federación Guipuzcoana de Hípica. Los clubes que forman la oposición a la directiva presentaron una moción de censura al presidente en la asamblea celebrada el 10 de julio, con el fin de cambiar de junta, pero ésta fue rechazada porque, aunque en la votación el resultado era de cuatro votos -contando con el voto ponderado de Jaizubia, por tener más de cien licencias- contra tres, el propio Catalán exhibió un documento redactado por un abogado en el que se dice que el voto ponderado solo puede ser presentado en la constitución de las asambleas y no en las demás votaciones, por lo que, con el empate a tres, resolvió el voto de calidad del presidente. Iñaki Bedoya, persona que hacía uso del voto ponderado como representante de Jaizubia hasta enero, explica que "en esta asamblea no nos dejaron usar el voto ponderado que hasta entonces habíamos utilizado, por ejemplo en la asamblea de mayo, en la que no aprobamos las cuentas. Pero, como es habitual en ellos, nos hacen una trampa. Un abogado les hizo una interpretación de la norma diferente a lo que dicen los estatutos. Pero el presidente tenía la obligación de remitir esa documentación antes y no lo hizo". Por este motivo recurrieron al Tribunal Vasco de Arbitraje Deportivo para reclamar el voto ponderado denegado.

Este grupo opositor acudió a la siguiente asamblea, el 6 de noviembre, con la intención de interponer otra moción de censura al presidente, pero el resto de representantes de la asamblea no se presentó. Esta convocatoria provocó otro procedimiento judicial, ya que el club Ekieaso impugnó la asamblea presentando una denuncia en el Juzgado Nº6 de Primera Instancia de San Sebastián por no llegarle citación alguna. Un hecho que sorprende al club convocante, Lazkaomendi, porque su representante asegura que les citó en el correo que viene en su página web -aunque, al parecer, no usan-.

Cambio en la hípica En este tiempo, la concesión de la Hípica de Loiola se subrogó a una sociedad denominada Hipikalia, que se había inscrito en el registro de asociaciones en el verano de 2010, de la que forman parte Alberto Catalán, como presidente, y Jesús Ferreiro, y cuyo domicilio fiscal se encuentra en la vivienda de Catalán. Es decir, la Hípica ya no la gestiona la Federación Guipuzcoana, pero sí las mismas personas. La subrogación, que según el Ministerio de Defensa es "conforme al informe de la Asesoría Jurídica General", se ejecutó el 1 de octubre y, una vez expiró el contrato de concesión anterior el día 30 del mismo mes, Defensa renueva por un año a Hipikalia el mismo convenio que tenía con la Federación.

El motivo del cambio, en palabras de Alberto Catalán, es "la petición por el representante de Jaizubia de que la Hípica de Loiola deje de ser gestionada por la Federación aludiendo a los contratos de personal existentes, en el sentido de que si hay algún despido a ver quién se va a responsabilizar de la indemnización con el bajo presupuesto que tenemos". Aunque desde los clubes opositores se vierten versiones bien distintas. "Cuando veían que ya peligraba la concesión en la Federación, porque el resto de representantes estábamos encima, han querido segregar el negocio", reconoce Martín Garmendia. A lo que Bedoya agrega que "la subrogación de la Federación a Hipikalia se hizo sin avisar a nadie. Pasaron todos los datos que tenían de la Federación, con cuentas bancarias y todo". Ésta es la razón por la que el club Lazkaomendi denunció este hecho a la Oficina de Protección de Datos. Y Bedoya quiere dejar claro que en la asamblea se solicitó que no fueran las mismas personas las que dirigieran la Federación y la Hípica, en alusión a Catalán y Ferreiro. El abogado de estos clubes, Juan Carlos Soto, incide en que "lo más grave es que el cambio de la gestión de la Federación a Hipikalia no ha sido aprobado en asamblea".

Por su parte, Catalán incide en que "el Ministerio de Defensa nos dice que está encantado de cómo se ha llevado la gestión de la Hípica de Loiola hasta ahora y lo que quiere es que la gestionen sus socios". De ahí que acepten el paso a Hipikalia. Según fuentes consultadas por este periódico, las gestiones en el Ministerio de Defensa las ha llevado a cabo el general José Manuel Gordillo -subdirector general de Patrimonio-, quien recibió, junto a su superior, Mónica Melle -directora de Infraestructuras del Ministerio de Defensa- a los representantes del grupo opositor de la asamblea.

Preguntas en el Congreso Esta reunión informativa y las preguntas en el Congreso de los Diputados realizadas el 21 de octubre de 2010 por José Ramón Beloki (PNV) acerca de qué entidad y por qué motivo explota en la actualidad la Hípica de Loiola provocaron la revisión del asunto por parte de los dirigentes del departamento. Y en la respuesta que recibe el parlamentario vasco se dice que "el 22 de junio de 2010, la Federación Guipuzcoana comunicó al Ministerio de Defensa su cese en la gestión de la Hípica de San Sebastián. Asimismo, la junta directiva de la Federación propone una subrogación de la gestión del centro a favor de la asociación ecuestre Hipikalia". Y que como "esta asociación contempla los mismos fines que la Federación, siendo una entidad sin ánimo de lucro", Defensa decide autorizar la subrogación en las mismas condiciones.

Pero, al final del documento advierten de que "ante la reciente reclamación formulada por algún integrante de la Federación se ha solicitado información sobre los acuerdos adoptados, con el fin de tomar, en su caso, las medidas pertinentes si aquéllas no revistieran las formalidades requeridas". Y, tras esta investigación interna en Defensa, en un futuro próximo se pueden conocer noticias sobre el futuro de la gestión de la Hípica de Loiola.