El Parlamento Vasco afronta el debate de la Renta Básica Incondicional

De ser aprobada, su cuantía ascendería a 900 euros mensuales para todas las personas mayores de 18 años, 270 euros para las menores de 14, y 450 para quienes tengan entre 14 y 17 años. "No va a solucionar la exclusión social, pero podría mejorar las condiciones de vida de muchas personas", indica Manoli Etxeberria, integrante del grupo motor que desde el pasado mes de septiembre ha impulsado en Gipuzkoa esta iniciativa popular, que cuenta con la adhesión de 80 organizaciones.

De entrada, lo conseguido hasta ahora supone todo un éxito por la capacidad de movilización y convocatoria demostrada. Más aún teniendo en cuenta que el número de firmas logrado duplica al necesario legalmente para impulsar una ILP. Es ahora el turno de sindicatos, organizaciones sociales y partidos políticos con presencia en el Parlamento Vasco para que definan su postura.

UNA RENTA PARA TODA LA CIUDADANÍA

La Renta Básica Incondicional se presenta como una prestación monetaria pagada por las administraciones públicas que "permitiría cubrir las necesidades básicas". Es decir, una asignación económica "pública e incondicional" a toda la población. "Es incondicional porque la percibes tengas otros ingresos o no los tengas, trabajes en el mercado laboral o no lo hagas, estés en situación de pobreza o no. No es una renta para quien sufre la pobreza, sino que la percibe toda la ciudadanía", detalla Etxeberria.

La iniciativa se presenta en una comunidad como Euskadi, que cuenta con el modelo más desarrollado y generoso de lucha contra la pobreza, al menos desde el punto de vista presupuestario, basado en una renta mínima condicionada, la RGI (Renta de Garantía de Ingresos), que llega en la actualidad a 54.000 hogares.

Los promotores entienden, no obstante, que tres décadas después del actual modelo es necesaria una revisión para dotarse de nuevas herramientas con las que combatir la pobreza. "Planteamos esta prestación económica como un derecho, al igual que la Educación y la Sanidad. La RGI actual no es individual sino en función de las unidades de convivencia. No cubre las necesidades de todas las personas, y además es muy excluyente teniendo en cuenta que por ejemplo necesitas un empadronamiento de tres años", indica Etxeberria.

LOS "INCONVENIENTES"

La puesta en práctica de esta iniciativa, no obstante, arroja ciertas dudas, según advierten voces expertas como la de Joseba Zalakain. El director del Servicio de Información e Investigación Social (SIIS) comparte el interés por revisar el actual modelo, pero entiende que la propuesta lanzada presenta "varios inconvenientes", en función de cómo se defina.

Así, más allá de ser una ayuda incondicional y universal, Zalakain advierte de que su aplicación supondría eliminar todas las prestaciones económicas actuales, como son las ayudas a la vivienda, becas y la RGI.

Solo quedaría esta nueva prestación. "Si el modelo es ese, hay que ver quién se beneficia. Se suele decir que el 80% saldría ganando y el resto perdiendo, pero es algo que no está tan claro si miramos la propuesta con un poco más de detalle". Zalakain sugiere que supondría una mejoría para un sector importante de población que actualmente ya está en buena situación. "Saldrían ganando muchas clases medias, y no parece que lo más urgente sea centrar la atención en ellas".

Recuerda además que la propuesta que se ha hecho en Gipuzkoa se financiaría con un IRPF del 50%, muy por encima de la media actual, que se sitúa en torno al 15-20%. Es decir, con la nueva prestación "siempre vas a tener un ingreso asegurado, al margen de que tus recursos económicos estén o no por encima. Pero al mismo tiempo, desde el primer euro que ganas, el impuesto de la renta es del 50%. Es algo que conviene tener en cuenta porque en los análisis se suele incidir solo en que cambia la prestación, pero no se recalca que lleva aparejado el impuesto", advierte.

REQUISITOS DE LA RGI

Etxeberria trabaja en la Federación Sartu, que aglutina a entidades privadas sin ánimo de lucro que operan en el sector de los servicios sociales con el fin de luchar contra la marginación y la exclusión social. Por su trabajo sabe que no todas las personas están en condiciones de cumplir los requisitos de la RGI actual, como "estar siempre disponible para trabajar, algo que vemos que no siempre es posible con determinados perfiles. Puede sonar a utopía, pero lo que pedimos es que sea una ayuda incondicional, que no haya que demostrar nada. Buscamos un modelo más justo", demanda.

Desde la comisión promotora insisten en que la prestación de 900 euros permitiría disponer al menos de unos recursos básicos "para no tener que aceptar cualquier empleo precario a cualquier precio. Es el caso de tantas mujeres que trabajan como internas", expone Etxeberria a modo de ejemplo. "No es una ayuda que vaya a solucionar la exclusión social. Somos conscientes de que estamos ante un problema estructural, pero con la prestación se podrían mejorar las condiciones de vida de muchas personas".

El director del SIIS mantiene que con la actual propuesta de renta básica "se minimizan los problemas que plantea, al tiempo que se magnifican muchas de las ventajas". Es casi, señala Zalakain, "como una especie de pensamiento mágico". Y pone como ejemplo el plazo de empadronamiento necesario para poder acceder a la ayuda, que pasaría de los tres años actuales a tres meses. "Llevarlo a la práctica no es fácil teniendo en cuenta los problemas de aceptación que ya de por sí existen entre parte de la sociedad. Actualmente hay ciertos recelos para que todo el mundo acepte que hay que dar una renta condicionada y selectiva a personas que llevan aquí tres años". Es por ello que no ve ni mucho menos claro que la ayuda pueda ser incondicional y universal para todas las personas que lleven tres meses empadronadas.

La comisión promotora admite que la propuesta "no es una solución mágica y debe de ir acompañada de otras políticas públicas fuertes. Si no lo hacemos, corremos el peligro de que la RBI se convierta en una herramienta que nos quite derechos", advierte.