La gestión de residuos industriales toma el testigo de la polémica en Gipuzkoa

El proyecto de una planta de tratamiento de residuos en Bergara se topa con el rechazo vecinal, como sucedió en 2020 en Azkoitia

30.10.2021 | 23:45
La incineradora de Zubieta, que causó una importante polémica, ya lleva varios meses a pleno funcionamiento con los residuos sólidos urbanos en terrenos de Donostia.

donostia – La gestión de los residuos vive en permanente sospecha en Gipuzkoa y las iniciativas para la implantación de infraestructuras para su tratamiento son miradas con lupa y también con recelo. Sucedió el año pasado en Azkoitia con el proyecto para poner en marcha una planta de residuos de la construcción y demolición, y ahora ocurre algo similar en la planta de tratamiento de residuos de la industria papelera en Bergara, donde varias empresas integradas en el Clúster del Papel prevén construir una planta de valorización de residuos generados en sus procesos de fabricación. Hasta 155.000 toneladas de papelote y lodos que se generan en la fabricación de pasta de papel y antes se depositaban en el vertedero de Zaldibar (clausurado tras el derrumbe). Está prevista una inversión de 20 millones de euros en esta planta.

¿Pero terminará haciéndose? De nuevo, polémica. Amainada la guerra de la gestión de los residuos sólidos urbanos tras la puesta en marcha de la incineradora de Zubieta, Gipuzkoa se adentra en una guerra de guerrillas. O una guerra fría se podría decir. Sin tanta actualidad noticiosa, ni grandes posicionamientos políticos, pero sí con gran impacto a nivel local: los residuos industriales.

La pelota está ahora en el tejado del Gobierno Vasco. El proyecto se encuentra en exposición pública hasta la próxima semana y parecía encarrilado hasta esta misma semana, hasta que las voces en contra de la instalación han comenzado a coger fuerza definitivamente. Primero estaba la desconfianza y el rechazo de los vecinos de los barrios de Basalgo, San Juan y Ubera: zonas rurales de Bergara, próximas al polígono industrial Larramendi, en el que está prevista la construcción de esta planta de tratamiento de residuos. Pero ha sido determinante la voz del colectivo Ekologistak Martxan, que ha presentado alegaciones al proyecto.

En su argumentación, Ekologistak Martxan tacha a la industria del papel como una de las más contaminantes y asegura que no existen suficientes estudios e investigaciones sobre el proceso de pirólisis mediante el cual se procesarán gran parte de estos residuos. En sus alegaciones, Ekologistak Martxan reprocha al Ayuntamiento de Bergara y sus técnicos de hacer una valoración "acrítica" de la instalación cuando les llegó la solicitud y le dieron el visto bueno.

Les acusan de creerse lo que le dicen los promotores, a quienes acusan de engañar a la ciudadanía y el Ayuntamiento, ocultando en su solicitud inicial el verdadero alcance de la actividad que pretende desarrollar. La consecuencia ha sido inmediata, causa-efecto: el Ayuntamiento de Bergara colocó enseguida la mano en el freno. Encargó un informe independiente para el que ha contratado a una empresa catalana. Esta consultora tampoco emite veredictos, solo hace un análisis de las medidas ambientales que debe incorporar una instalación así.

El Consistorio no ha mostrado un rechazo firme. Solo reservas, pero lo ha hecho tarde, después de concederle la licencia urbanística en julio. Tampoco parecía tener mucho misterio la autorización. Una actividad que en principio encajaría en una zona industrial como el polígono de Larramendi. Pero el malestar vecinal en los barrios cercanos es un argumento de peso en el universo municipal.

angelitos y demonios Hay dos realidades enfrentadas. Versiones contrapuestas que chocan. Angelitos y demonios, según desde dónde se mire. Tanto promotores como colectivos ecologistas han ofrecido su versión en los medios de comunicación locales. Los primeros aseguran que la planta es completamente segura, que no contamina y además evita el vertido de residuos. Mientras, para los ecologistas esta actividad supone un enorme riesgo para la salud de las personas. Sin embargo, el propio autor de las alegaciones reconocía en una entrevista que la única solución pasaba por que los residuos de esa actividad "molesta" se traten precisamente en las propias plantas en las que se generan, que son diez plantas vascas que se dedican a la fabricación de pasta de papel.

La pregunta es obvia: ¿Allí también corre peligro la salud de las personas que viven cerca de las papeleras? ¿Hay que enviar fuera de Euskadi estos residuos industriales que generamos? Estas plantas de tratamiento de residuos son etiquetadas enseguida como "vertederos" o "incineradoras" y lo único indiscutible es que nadie quiere un "vertedero" ni una "incineradora" al lado de casa.

certezas y garantías Este viernes, en rueda de prensa, el propio alcalde de Bergara afirmó que se está revisando el informe "para asegurarnos si la actividad se adapta o no a las normas de planeamiento de Bergara", por un lado. Y por otro dijo que, para que la iniciativa industrial de la empresa Valogreene prospere, "la ciudadanía bergaresa necesitamos certezas y garantías, y eso solo puede lograrse a través de un debate público y sosegado del promotor, el departamento de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente del Gobierno Vasco, los grupos ecologistas, otras empresas locales y personas interesadas".

Nos vamos a Azkoitia y la polémica con la planta de residuos de la construcción. Allí se buscó el consenso (el Gobierno municipal apoyaba el proyecto inicialmente, pero ante las críticas de la oposición, dijo que solo lo validaría si había consenso); se organizaron reuniones con grupos ecologistas, partidos políticos, movimientos sociales, promotores y ciudadanía en general para ver si se producía un consenso para autorizar la planta. No hacía falta ser adivino para ver que es imposible. Consenso y residuos no casan en nuestro territorio.

¿Pero puede el Ayuntamiento de Bergara echar atrás la licencia que ya autorizó en julio? De nuevo nos vamos a Azkoitia. Este mismo año la Comisión de Ordenación del Territorio del País Vasco rechazó el plan urbanístico de Azkoitia para impedir hacer la planta. Aun así, el Consistorio insiste en que hará lo posible para lograr su objetivo. Por contra, si los promotores van hasta el final, posiblemente puedan seguir adelante, aunque sea por vía judicial.

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