Los 134 hosteleros guipuzcoanos que han iniciado un procedimiento judicial contra el Estado reclaman una media de 128.911,84 euros por las pérdidas y daños ocasionados por el cierre de los establecimientos durante el primer estado de alarma decretado para frenar la expansión del covid-19, del que se cumple hoy un año. La suma total de los reclamantes asciende a 16 millones de euros.
La Asociación de Empresarios de Hostelería de Gipuzkoa ha ofrecido este viernes una rueda de prensa para explicar la situación en la que se encuentra el sector con relación al procedimiento judicial abierto. El 60% de los establecimientos que piden una compensación económica por las pérdidas se ubican en Donostia y tienen una plantilla media de hasta ocho empleados.
Junto a Kino Martínez, secretario general de la patronal hostelera, ha comparecido Iñigo Marcos, gerente de Hispajuris-Sunión, el despacho asesor de la asociación de hostelería. También ha intervenido David Vega, dueño del restaurante Baluarte de Donostia. "Hemos abierto este procedimiento por pura desesperación", ha reconocido este hostelero, una de las personas que ha presentado reclamación patrimonial.
En total son 180 establecimientos guipuzcoanos los que han emprendido la acción judicial teniendo en cuenta aquellos locales que abren recurso a través de otros despachos asesores.
LOS PLAZOS
El objetivo de las reclamaciones, de carácter individual, es obtener una compensación económica por las pérdidas y los daños ocasionados por el cierre de los establecimientos hosteleros durante el primer estado de alarma acordado por el Consejo de Ministros el 14 de marzo de 2020, que se prolongó hasta el 18 de junio.
El plazo para presentar la reclamación finaliza hoy y a partir de ahora se abre la vía administrativa. Según ha explicado Marcos, son seis meses por delante con dos escenarios posibles. En el caso de que la administración se pronuncie expresamente, "puede admitir total o parcialmente las reclamaciones planteadas", o por el contrario desestimarlas expresamente. "Si no está de acuerdo con la resolución emitida, cabría presentar un Recurso Contencioso Administrativo frente a la resolución en el plazo de dos meses".
Si transcurridos seis meses desde la fecha de presentación de las reclamaciones no hay un pronunciamiento expreso por parte de la Administración, se pueden entender desestimadas por silencio administrativo. "A partir de ahí se abriría una vía judicial ante la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo, teniendo en cuenta que el órgano que dictó la norma que ha provocado el daño es el Consejo de Ministros", ha indicado. En este caso, el procedimiento podría prolongar incluso "durante años".
