Euskadi aplicará una tasa anual de 10 euros por m2 a los pisos vacíos

El decreto del Gobierno Vasco contempla el alquiler forzoso de casas sin habitar más de dos años

09.06.2021 | 00:53
El Gobierno Vasco pretende movilizar vivienda vacía. Foto: Oskar González

donostia – El Gobierno Vasco aprobó ayer el decreto que impone un canon de 10 euros por metro cuadrado y año a los pisos deshabitados durante más de dos años, y que contempla también el "alquiler forzoso" en zonas "declaradas" con "acreditada demanda" de vivienda, así como la "expropiación" en "casos extremos".

El consejero de Vivienda, Iñaki Arriola, señaló en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno que la normativa es "muy garantista" y persigue la movilización de pisos que, de forma "continuada e injustificada", se mantienen vacíos para atender a la demanda social existente.

Arriola explicó que en este momento existen en Euskadi 15.134 viviendas que podrían verse afectadas por el decreto aunque deberán ser sometidas a un análisis para comprobar que "no hay justificación para estar vacías".

El decreto excluye de la penalización a las segundas residencias, los casos de traslado temporal del titular por trabajo, salud, dependencia o emergencia social y los hogares ofertados en venta o alquiler a precios de mercado durante un mínimo de tres meses.

También están exentos los pisos que se cedan a la administración para su alquiler protegido, los de entidades sin ánimo de lucro para acoger a personas migrantes, discapacitadas o víctimas de violencia de género y los que estén siendo rehabilitados o no cuenten con las condiciones mínimas exigibles de habitabilidad.

Supervisión de los ayuntamientos Los encargados de acreditar que una vivienda está vacía y realicen las comprobaciones del padrón e identificación de consumos anormalmente bajos de electricidad, agua y gas, serán los ayuntamientos, "aunque de manera subsidiaria también podrá hacerlo el Gobierno Vasco".

El procedimiento contará con un "trámite de audiencia" en el que se podrá frenar la declaración de vivienda deshabitada probando los supuestos determinados, incorporándola a programas públicos de alquiler social como Bizigune o poniéndola en venta o alquiler a precios de mercado.

Una vez que esos pisos estén incluidos en el Registro Autonómico de Viviendas Deshabitadas, los ayuntamientos impondrán el canon anual de 10 euros por metro cuadrado útil, que se incrementará un 10% por cada año de desocupación, con un máximo de tres veces el importe inicial. Se tratará de un canon extrafiscal, cuya recaudación se destinará a las políticas de vivienda del municipio.

Arriola no facilitó un cálculo de lo que podría suponer económicamente el canon y remarcó que el objetivo de la iniciativa "no es recaudar".

El decreto recoge la posibilidad de obligar a los propietarios a alquilar el piso en caso de que este se ubique en zonas que hayan sido declaradas anteriormente como "área de acreditada demanda y necesidad de vivienda".

Para ello debe de haber "al menos 100 demandantes de alquiler inscritos en Etxebide" cuyas peticiones no hayan sido atendidas en los dos años anteriores y que los precios medios de alquiler sean "al menos un 10% superiores" a la renta media de la localidad. Estas áreas serán declaradas mediante una orden del consejero de Vivienda a petición de los propios ayuntamientos "o de oficio".

El alquiler forzoso se podrá efectuar en viviendas que continúen vacías transcurrido un año desde su declaración como deshabitadas y obligará a sus propietarios a tener "por un máximo de cinco años –prorrogables otros cinco– la vivienda en alquiler público".

Los propietarios percibirán una renta en concepto de alquiler o, en caso de que no haya acuerdo, una indemnización.

En casos extremos, expropiación Para los "casos más extremos", el decreto establece la "expropiación forzosa", que se aplicará a pisos vacíos por más de un año en zonas de acreditada demanda cuando esta posibilidad "resulte adecuada para garantizar su uso" o en casos de "riesgo de ruina" o incumplimiento de normas de conservación que provoque inseguridad para las personas. En estas situaciones se priorizará la rehabilitación y la puesta a disposición de asociaciones sin ánimo de lucro.

Si la vivienda deja de estar vacía, los propietarios deberán informar a la Administración para que se revoque la declaración y deje de constar en el registro de Viviendas Deshabitadas.

La norma contempla ayudas a los propietarios de casas vacías que lleven a cabo la rehabilitación, mientras las que se destinen a alquiler protegido "tendrán prioridad" y subvenciones "adicionales".

Asimismo, tendrán la posibilidad de ceder temporalmente estas residencias al programa Bizigune, que las pondrá a disposición de personas que soliciten un alquiler asequible por lo que los propietarios recibirán una renta de hasta "650 euros mensuales". También se podrán incorporar al programa de intermediación de alquiler ASAP, en los que las rentas que se perciben serán de 775 euros al mes.

Los datos

15.134

Viviendas vacías. Arriola cifró en 15.134 las viviendas que podrían ser declaradas vacías en Euskadi, aunque afirmó que aún es pronto para realizar una estimación sobre la cuantía que podrían ingresar las arcas públicas.

870€ al año

vivienda tipo Los pisos de la CAV tienen una media de 87 metros cuadrados útiles, según datos del Eustat. Por lo tanto, la nueva tasa ascenderá a una media de 870 euros anuales, con un incremento anual del 10% que puede alcanzar un máximo de tres veces la cifra inicial, esto es, 2.610 euros anuales en un piso de tamaño medio.

0,2% de subida

Precio de la vivienda. El precio de la vivienda subió en Euskadi un 0,2% en el primer trimestre de este año en relación al mismo periodo de 2020, el menor incremento de todas las comunidades autónomas, igual al de Nafarroa, y siete décimas por debajo de la media estatal, que creció un 0,9%, según el Índice de Precios de Vivienda.

Desahucios

Compensación a propietarios. El Consejo de Ministros aprobó ayer el decreto que regula las compensaciones a los propietarios de viviendas o arrendadores, incluidas las grandes empresas inmobiliarias, afectados por la suspensión de desahucios de familias vulnerables sin alternativa habitacional.

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