- El sindicato de transportistas autónomos Hiru denunció ayer ante los tribunales a los responsables de Bidegi y la Diputación de Gipuzkoa por seguir "ignorando" las sentencias del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) y del Tribunal Supremo de Madrid y seguir cobrando el peaje a los camiones en la N-I y A-15. La central de transportistas asegura que la actitud de las instituciones guipuzcoanas en este caso es "irresponsable" y apuntan que tras la "anulación de los tribunales, no hay actualmente ninguna norma foral que regule el cobro de los peajes".
La propia diputada de Infraestructuras Viarias de Gipuzkoa, Aintzane Oiarbide, salió ayer al paso de estas afirmaciones y aseguró que la sentencia del TSJPV no será efectiva hasta que se publique en el Boletín Oficial de Gipuzkoa y que, entre tanto, la obligación de la Diputación "es continuar cumpliendo con la norma vigente". Oiarbide también aseguró que la Diputación "será absolutamente obediente con la sentencia cuando esta se publique en el BOG".
Sin embargo, la posición del ente foral no ha cambiado. Oiarbide aseguró que "la Diputación Foral de Gipuzkoa tiene la firme determinación de seguir cobrando a los vehículos pesados por el uso de estas carreteras, tal y como establece la directiva europea". De hecho, el Ejecutivo guipuzcoano ya prepara una tercera norma foral que regule estos peajes en el futuro, salvando la discriminación hacia el tráfico externo que la Justicia española ve en las dos primeras normas aprobadas en el territorio. La fórmula, según avanzó Oiarbide, es la de cobrar a los camiones en todo el recorrido de las autovías N-I y A-15 en todo el territorio.
Según Hiru, "la decisión de imponer peajes al sector del transporte de mercancías por carretera en vías públicas sin alternativa de paso se argumentó bajo el lema el que usa paga, en la necesidad de hacer frente a los costes de mantenimiento de las carreteras". Pero ahora, insiste el sindicato, "se ha visto que ha prevalecido el afán recaudatorio en los responsables de la Administración, apremiados por la enorme deuda generada por anteriores inversiones en infraestructuras".
Hiru recordó que las infraestructuras viarias son un "bien público" que "todos pagamos mediante impuestos y tributos", porque todos somos usuarios de los mismos. Y afirmó que el transporte de mercancías por carretera es un "servicio público" en la medida que responde a una "demanda de la sociedad".
"El peaje al transportista es discriminatorio a todas luces, no porque los pórticos de pago se sitúan en la entrada y salida de la N-I, sino porque excluyen del pago al resto de usuarios de la misma: cargadores, agencias de transporte, distribuidores finales de las mercancías... También están excluidos el resto de usuarios", dice Hiru.
"La Diputación tiene la firme determinación de seguir cobrando a los vehículos pesados"
Diputada de Infraestructuras Viarias
"El canon es a todas luces discriminatorio, porque están excluidos el resto de usuarios"
Comunicado
