El colectivo Gurasos pedirá al Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) que admita su recurso contra la autorización ambiental de la incineradora de Zubieta, antes de dictar sentencia sobre el asunto.
Gurasos ha hecho este anuncio tras conocer la sentencia del Tribunal Constitucional que anula parte de un artículo de la ley vasca de protección del medio ambiente, lo que cierra esta vía para el recurso de la plataforma antiincineración.
No obstante, el colectivo considera que aún es posible que su recurso sea admitido por el TSJPV "en base a la ley estatal y el informe de la Fiscal General del Estado", dado que la decisión del TC "únicamente impide al TSJPV aplicar la Ley vasca anulada para reconocer a Gurasos el derecho a recurrir".
Algo que "no es incompatible" con la aplicación del artículo 19.1 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa estatal, que "reconoce ese derecho a quienes tengan un interés legítimo, personal o colectivo".
"De hecho esa es la tesis que ha defendido la Fiscal General del Estado junto a Gurasos ante el Tribunal Constitucional", recuerda la plataforma en su nota.
"También lo hizo el propio TSJPV en ese mismo procedimiento", añade, al entender que el colectivo contrario a la incineradora "se constituyó con el fin de participar en el debate sobre la construcción" de esta infraestructura, con el "interés" de la "defensa colectiva de la integridad y bienestar de los hijos" de los miembros de la asociación que, por otra parte, "tiene su sede a menos de mil metros de la incineradora".
Con estos argumentos, Gurasos solicitará ahora al TSJPV que "reconsidere su criterio a la luz del de la Fiscalía General del Estado y los tratados internacionales de derechos humanos".
"Principalmente porque está a tiempo y nada se lo impide técnicamente", recalca el colectivo, que pide al TSJPV que utilice para ello "el mecanismo procesal previsto en los artículos 240.2 y 267 de la Ley Orgánica del Poder Judicial que permite al tribunal corregir y subsanar sus errores en cualquier momento antes de dictar sentencia".
Además de la vertiente medioambiental, el proceso que ha llevado al TC a anular parte de un artículo de la ley vasca de protección del medio ambiente tiene una derivada política, dado que la Diputación de Gipuzkoa defendía la aplicación de la regulación estatal en este caso, contra el criterio del Gobierno y Parlamento vascos.
En concreto, fueron la institución foral y el Consorcio de Residuos, que dirige el PSE, los que argumentaron ante el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco que Gurasos no tenía legitimidad para actuar en los tribunales contra la declaración de impacto ambiental otorgada al complejo de residuos de Gipuzkoa.
