Empleadas en huelga piden la implicación de los ayuntamientos

Las trabajadoras del sector arrastran 245 días de parón desde septiembre de 2018 en demanda de un nuevo convenio

11.12.2020 | 00:06
Protestas de las trabajadoras, ayer en Donostia. Foto: Javi Colmenero

donostia – Trabajadoras de las residencias de ancianos de Gipuzkoa se concentraron ayer ante varios ayuntamientos del territorio cuyos municipios tienen centros de este tipo para pedirles que "se impliquen" en el conflicto laboral de este sector, que vive dos nuevas jornadas de huelga –ayer y hoy– convocadas por los sindicatos ELA y LAB.

Responsables de ambos sindicatos denunciaron, además, que los servicios mínimos del 100% decretados por el Gobierno Vasco para estas dos jornadas de paro "vuelven a vulnerar" el derecho a la huelga de este colectivo de empleadas.

Delegadas de ELA y LAB protestaron ayer ante el Consistorio de Donostia y otros nueve más, al tiempo que registraron escritos en un total de 29 ayuntamientos en los que instan a sus "responsables políticos" a que "se impliquen" y soliciten a la Diputación foral que "asuma la responsabilidad en la búsqueda de una solución".

En la protesta de la capital donostiarra participaron varias decenas de trabajadoras, que portaban una pancarta con el lema en euskera Residencias de mayores ¡solución ya! Diputación responsable, suscrita conjuntamente por los dos sindicatos.

El representante de ELA Aimar Etxeberria recordó que las trabajadoras acumulan a día de hoy 245 días de huelga convocados por esta central desde septiembre de 2018 en demanda de un nuevo convenio colectivo territorial, reivindicación a la que tras desatarse la pandemia han unido la exigencia de medidas que garanticen la salud y seguridad de las empleadas.

Etxeberria aseguró que los servicios mínimos "impuestos" suponen en la práctica "la paradoja" de que hoy y mañana "estén trabajando más" empleadas que "un día normal", cuando "no se sustituyen las bajas ni las incidencias".

La responsable de LAB Ane Sarriegi, por su parte, subrayó que "el sistema de residencias ha hecho crack" por lo que, además de convertirlo en totalmente público, debe ser "reorganizado" en su integridad con la participación de "las trabajadoras y los familiares", y el resto de agentes implicados.