Con toda una vida dentro de una maleta o incluso de una simple mochila. A cuenta gotas y con todos sus enseres personales encima, la quincena de personas que a primera hora de ayer continuaban alojadas en los tres pabellones del edificio conocido como La Fábrica en la zona del Infierno de Donostia fueron desalojadas por la Ertzaintza y la Policía Local. Sin saber a dónde dirigirse, algunos con lágrimas en los ojos y arropados por algo más de medio centenar de manifestantes que trataron de impedir la operación policial sin éxito, tuvieron que seguir inevitablemente los pasos de la mayoría de sus compañeros, que decidieron abandonar el lugar por su propia voluntad la noche anterior. “No sé qué va a ser de mí, no sé dónde voy a dormir. Vamos a tener que buscarnos la vida”, afirmaba uno de los moradores.
La amenaza de un inminente desalojo en los edificios abandonados del Infierno era una realidad desde que a primeros de septiembre el Ayuntamiento donostiarra aprobó el Plan General que permitirá la construcción en el lugar de 450 pisos nuevos el próximo año. Una filtración el miércoles puso en aviso al más de medio centenar de personas que vivían allí -la cifra exacta varía entre las 50 y las 100, según las diferentes fuentes- de que la operación estaba a punto de llevarse a cabo. Algo que se corroboró con la llegada de varias patrullas policiales a última hora y que ahuyentó a la mayoría de los huéspedes.
“Llevaba un año viviendo allí. Al principio éramos 18 personas y ahora estábamos 50. No sé qué va a ser de mí, no sé dónde voy a dormir”, señalaba muy afectado Mohamed, una de las personas desalojadas. A él le siguieron el resto de compañeros -la mayoría de ellos inmigrantes- que de forma pacífica obedecieron las órdenes de la Ertzaintza. Alguno incluso sin poder haber recogido previamente sus pertenencias.
La movilización ciudadana no pudo evitar la acción de los agentes. La policía, aunque la secretaria judicial no estaba convocada hasta las 9.30 horas, comenzó a distribuirse por la zona desde las 7.00 horas, echando al traste la intentona de los manifestantes de cortar los carriles de entrada y acceso a la ciudad. Eso no les impidió permanecer en el lugar e ir aumentando el grupo a gritos de Alde hemendik a los agentes, apoyados por una pancarta en la que se podía leer Infernua bizirik
Una batalla efímera que se prolongó hasta las 12.00 horas, cuando la Ertzaintza dio por finalizada la operación. “Estamos sufriendo. Mis cosas se han quedado dentro y la policía no ha tenido educación”, apuntaba otro de los expulsados, que denunció abuso policial.
confusión sobre la operación
Aunque SOS Racismo trató de proteger desde el primer momento a las personas sin hogar instaladas en la zona, la labor de los agentes fue tan discreta que incluso generó confusión entre sus miembros. “No sabemos si solo están sacando gente de La Fábrica o lo están haciendo en todos los edificios -posteriormente la Ertzaintza explicó que el desalojo se dio en los tres pabellones del edificio que sufrió un incendio el pasado año-”, señalaba Itxaso Agirre Barandiaran, integrante también de Sarea, quien apuntó que, aunque el desalojo era legal, el procedimiento no. “Cuando hay un desahucio se debe notificar con tiempo para que la persona pueda recoger sus pertenencias y en este caso no ha sido así. Aquí nadie nos ha enseñado la orden judicial”, se quejó.
Al igual que hiciera el día anterior, la concejal de EH Bildu en el Consistorio donostiarra, Olaia Duarte, también se acercó a la zona y señaló que un desalojo como este en el momento actual “no tiene ninguna lógica”. “Dejar en la calle a 60 personas más en plena pandemia es algo que no se puede entender. Incluso ayer -por el miércoles- a las 23.00 horas los agentes les dijeron que debían irse cuando existe un toque de queda y no pueden estar en la calle”, observó.
Cabe señalar que el plan urbanístico del gobierno municipal en el Infierno contó con el apoyo del PP y de EH Bildu, quienes coincidieron en la necesidad de regenerar una zona ya urbanizada en un estado de degradación.
Asimismo, el Ayuntamiento recordó ayer que la orden para proceder al desalojo no se dio desde el Consistorio, sino de un particular privado. Además, explicó que el Servicio Municipal de Urgencias Sociales se encuentra a disposición de todas las personas desalojadas y que en el día de ayer únicamente una mujer solicitó ayuda, siendo trasladada al albergue de Marrutxipi Abegi Etxea.
Una vez finalizada la operación, la protesta ciudadana se trasladó al Ayuntamiento, donde se reclamó una respuesta institucional a todas esas personas que perdieron ayer un lugar donde poder dormir.
