El Juzgado de Primera Instancia número 1 de A Coruña ha emitido este jueves una providencia en la que decreta la suspensión de la vista fijada para el próximo 22 de octubre destinada a determinar qué bienes del Pazo de Meirás deben tener la consideración de inmuebles y, en consecuencia, no pueden ser retirados del recinto.

Según ha informado el TSXG, el magistrado ha aceptado la petición de la familia Franco de posponer la vista porque entiende que sus peritos no han tenido tiempo suficiente para elaborar el informe para el que se les ha autorizado acceder al pazo.

Ese informe tiene que ser enviado al juzgado con anterioridad -cinco días hábiles- a la celebración de la vista para que el órgano dé traslado del mismo a las partes personadas en el procedimiento. La familia Franco consideró que ese plazo era imposible de cumplir, por lo que solicitó la suspensión de la vista, una demanda que ha sido aceptada por el juez.

Por el momento, no se ha fijado nueva fecha de celebración para esta vista en la que se deberá dirimir qué bienes no pueden ser retirados del pazo. De los existentes, el Estado ha reclamado 133 y son 55 los que están en discusión con la familia Franco.

Mientras, recientemente, la Xunta comunicó a la administración estatal que hay otros 49 bienes, unos de la época de Emilia Pardo Bazán y otros de la Jefatura del Estado, que deberían tener también la consideración de Bien de Interés Cultural (BIC) y planteó al Estado que los solicité judicialmente al no figurar en los ya reclamados.

Por su parte, el Ayuntamiento de Sada planteó, en su incidente de ejecución, la titularidad pública de todos los bienes desde la época de Emilia Pardo Bazán hasta la muerte de Franco y que fueron incorporados durante la dictadura por el Estado.