- La mesa de diálogo se celebrará definitivamente en Barcelona el próximo 16 o 17 de septiembre. Y en puertas de retomar año y medio después este foro bilateral entre gobiernos, el Ejecutivo de Pedro Sánchez ha decidido meter en el cajón una de las operaciones con las que ha intentado seducir al independentismo, en especial a los presos soberanistas, la reforma del delito de sedición. Fue el propio ministro de Presidencia, Félix Bolaños, quien admitió ayer que en la agenda legislativa no hay aún espacio para este compromiso que, a priori, debería beneficiar retroactivamente tanto a los que fueron condenados por el Tribunal Supremo como a los exiliados. ¿Razones? Que la mirada en Madrid está situada en la aprobación de la reforma laboral y en la ley de vivienda. “En el plano normativo del 2021, que va del 1 de septiembre al 31 de diciembre, no hay ninguna reforma del código penal en relación con los delitos de sedición ni de rebelión. La prioridad que tenemos en el gobierno en este momento es la recuperación económica y social de este país, que recuperemos nuestra vida normal y que el crecimiento económico que tendremos se traduzca en bienestar de todos los españoles “, despachó Bolaños.

Esta escaleta deja en evidencia las promesas realizadas desde el Gobierno de Sánchez. El 13 de noviembre de 2020, el entonces ministro de Justicia español Juan Carlos Campo se comprometió públicamente a aprobar un proyecto de reforma del delito de sedición en el Código Penal antes de concluir el año. Aunque ello no ocurrió, la demora no achantó los pronunciamientos de los responsables socialistas en este sentido. Lo afirmó explícitamente el ya exministro José Luis Ábalos mientras los comunes presionaban sin éxito para que llegara la reforma cuanto antes, con el fin de adecuar estos delitos a los estándares europeos, en tanto que se han quedado arcaicos y prevén unas penas que no se contemplan en la Unión Europea. Sin embargo, en el arranque del curso político no se maneja la intención temprana de reformar en el Código Penal “las figuras delictivas contra el orden público y la Constitución”, lo que incluye la sedición. La prioridad es otra. “A futuro, cuando aprobemos futuros planes, iremos viendo”, aventuró sin más especificaciones Bolaños.

Un jarro de agua fría ante el arranque de una mesa en la que el Gobierno sigue sin concretar si Pedro Sánchez será integrante de su delegación. Para echar más leña al fuego, la ministra portavoz, Isabel Rodríguez, afeó a Pere Aragonès que persista con plantear un referéndum y que además sopese que pueda celebrarse antes de 2030. “El camino del diálogo y el reencuentro no es poner fechas a la independencia”, censuró la dirigente socialista. “No es la forma que queremos transitar en las relaciones con Catalunya”, ahondó, para recordar que la UE “no reconoce la desintegración de los territorios”. Es más, insistió en que “ninguna Constitución, tampoco la española reconoce la desintegración de los territorios”, instando Rodríguez a avanzar en “un camino de recuperación de la normalidad”, porque “yéndole bien a Catalunya, le irá bien a toda España”. “Es el camino en el que estamos trabajando, y la disposición que llevamos para sentarnos a una mesa que ha de ser de diálogo y de solucionar problemas importantes que demanda la sociedad catalana”, enfatizó.

La mesa bilateral tendrá lugar en Barcelona el jueves 16 o el viernes 17, habida cuenta de que el conseller y expresidente del Parlament, Roger Torrent, posible integrante de la delegación catalana, debe declarar el miércoles 15, junto con el resto de los miembros soberanistas de la mesa de la Cámara catalana de la anterior legislatura ante el TSJC. La portavoz del Govern, Patrícia Plaja, reiteró que el Ejecutivo de Aragonès “sigue sin contemplar siquiera la opción de que Pedro Sánchez no acuda”, algo que obligaría al president, en virtud del protocolo político, a no estar presente y que dejaría el liderazgo de la bancada catalana en manos de Junts, reacios a un foro en el que no albergan esperanzas, concretamente en las del vicepresident Jordi Puigneró. En resumen, que a quince días vista, no hay alineaciones ni orden del día.

Desde la Generalitat persisten en que la amnistía y la autodeterminación son temas y objetivos “innegociables” que deben estar en el guión del debate, aunque el Gobierno español insista en rechazar estas opciones: “Por este Govern no quedará luchar y trabajar para conseguir lo que hemos venido diciendo desde el principio”, cerró Plaja. En verdad, los precedentes, la atmósfera y las primeras intenciones no invitan a pensar que la mesa fructifique.

Renuncia del ministro. El líder del PSC en el Parlament, Salvador Illa, relevará, si así lo avalan sus compañeros de partido, al ministro de Cultura, Miquel Iceta, como primer secretario del PSC, cargo al que ayer renunció. Según el exresponsable de Sanidad, tras siete años al frente de la formación, Iceta “entiende que sus responsabilidades actuales -en el Gobierno de Pedro Sánchez- y la situación aconsejan que dé paso a un relevo en el PSC”. Illa alabó que Iceta tomara las riendas “en momentos muy difíciles”, con escisiones internas, y haya logrado cumplir su objetivo de situar a los socialistas catalanes de nuevo en la pugna por el liderazgo. La cesión del testigo se oficializaría en un congreso extraordinario.

Supeditado al autonomismo. La exconsellera y eurodiputada de Junts Clara Ponsatí abandona el Consell per la República que lidera Carles Puigdemont al considerar que está “supeditado a las dinámicas de la política y el Govern autonómicos”. En un comunicado, razonó que se desvinculó ya el pasado diciembre porque su implicación “no contribuía a desligarlo de las lógicas electorales ni, más adelante, de las discusiones sobre la formación y la coalición del Govern de la Generalitat”. “Lamento que un instrumento que podría ser útil para reanudar la vía hacia la independencia y hacer efectivo el mandato del 1-O, opere supeditado a las dinámicas de la política y el Govern autonómicos”.

Valls deja la concejalía. El líder del grupo BCN Canvi, Manuel Valls, formalizó ayer su renuncia al cargo de concejal del Ayuntamiento de Barcelona, decisión que ya adoptó en mayo. La edil Eva Parera será quien lidere la lista en las próximas municipales. El apoyo externo de Valls facilitó la reelección de Ada Colau como alcaldesa y privó de ser regidor a Ernest Maragall (ERC).