Las dos exigencias a Escrivá: traspaso completo y ajuste en el Cupo

Garamendi reclama la transferencia completa del IMV en consonancia con el artículo 10.12 del Estatuto

07.07.2021 | 01:14

Donostia – La operativa de la negociación entre los gobiernos vasco y español hace que, una vez recibida la propuesta inicial sobre el Ingreso Mínimo Vital, no le corresponda a la consejera Garamendi enviar una contrapropuesta. Deben ser el ministro Escrivá o el ministro Iceta quienes reformulen el texto inicial que ha sido rechazado desde Euskadi. Pero Garamendi sí ha hecho llegar su planteamiento general al Gobierno español con dos ejes clave. Tanto en la nota de prensa que hizo pública a finales de mayo como en sus conversaciones con el Ejecutivo español, Garamendi ha puesto sobre la mesa dos ejes: que la transferencia sea total y sea un traspaso como tal y no una mera encomienda de gestión; y que respete la singularidad vasca, es decir, que siga el modelo del Concierto Económico y se resuelva a través del Cupo.

El Estatuto de Gernika respalda en su artículo 10.12 que la comunidad autónoma tiene la competencia exclusiva en materia de asistencia social. Es una competencia exclusiva sin matices, y no se puede erosionar tampoco a través de la aprobación de legislación básica del Estado. Según explicaba recientemente el jeltzale Emilio Olabarria en un artículo publicado en este periódico, el IMV debería pagarse desde Euskadi y, después, descontar el dinero del Cupo, el dinero que abona Euskadi al Estado por los servicios que presta en suelo vasco. Otras opciones han sobrevolado estos meses el diálogo. Se puede aplicar el porcentaje del Cupo, el 6,24%, a los 3.000 millones al año que se calcula que va a invertir el Ejecutivo español en todo el Estado en esta prestación social, o bien que el Estado pague por cada persona que tenga derecho a la prestación, entre otros argumentos que han esgrimido distintos ámbitos sondeados por este medio.

El ministro Escrivá decía recientemente en el Congreso de los Diputados que él está cumpliendo la disposición adicional quinta del decreto 20/2020 y que Euskadi "reconocerá completamente la prestación", pero sería solo un formalismo porque la tutela final se reserva para el Estado, que autoriza o revoca en última instancia las ayudas.

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