Miembros de la asociación Adostuz, que reúne a más de 4.400 profesores prejubilados, y los consejeros de Educación y Hacienda del Gobierno Vasco, Begoña Pedrosa y Noël d’Anjou, respectivamente, han mantenido este jueves una reunión para abordar la reclamación de los docentes, que exigen 220 millones de euros en indemnizaciones, y cuyo caso se encuentra en el Tribunal Supremo. “Nos dicen que, mientras siga judicializado, no nos pueden pagar, cuando es mentira, porque el derecho está suspendido, no anulado”, explica Patxi Vaquerizo, uno de estos exprofesores.
La reunión mantenida este jueves es la primera de la asociación tras el cambio de gobierno. “Hemos visto otra forma de hacer frente al problema, incluso han reconocido que es un problema, y nos han recibido con otra actitud, pero con la misma barrera de lo judicial”, señala Vaquerizo, explicando que, aunque el caso está a la espera de la respuesta del Tribunal Supremo, el Parlamento Vasco puede darles la razón con solo levantar la suspensión de la Ley de Presupuestos Generales.
“Desde siempre nos han incidido mucho en que este acuerdo estaba suspendido, cuando no es así”, indica en referencia a las indemnizaciones por jubilación anticipada que se contemplan en el Acuerdo Regulador de las condiciones de trabajo del personal funcionarios docente no universitarios y que el juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 de Vitoria confirmó en 2022. El Gobierno Vasco, no obstante, puso un recurso a esta sentencia en el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV), por lo que los docentes acudieron al Tribunal Supremo en septiembre del pasado año sin obtener, por ahora, una respuesta.
"Hemos visto otra forma de hacer frente al problema, incluso han reconocido que es un problema, pero con la misma barrera de lo judicial"
Bajo esta situación, los consejeros de Educación y Hacienda “se han escudado” durante la reunión, a pesar de que desde Adostuz les han reiterado que la vía judicial no es un obstáculo para autorizar las indemnizaciones. “De hecho, la medida todavía está vigente, aunque parece que hay intención de quitarla a finales de este año”, ha apuntado Vaquerizo.
Para los exprofesores, no obstante, la razón principal de que el Gobierno Vasco no autorice el pago es la suma elevada que supondría para las arcas vascas, que los docentes sitúan en los 220 millones de euros. “Nos dicen que no es cuestión de dinero, pero también que son unas cantidades muy altas. Nos tratan de culpabilizar cuando si hubieran hecho los pagos en su momento no sería una cifra tan grande”, asegura el miembro de Adostuz, que explica que los propios profesores se han ofrecido a recibir la cuantía en plazos.
"No vamos a parar"
La lucha de estos exprofesores comenzó en 2012, cuando “un grupo pequeño” denunció que no había recibido el derecho de indemnización tras haberse prejubilado. Con el paso de los años, más y más personas se fueron sumando a la asociación, hasta alcanzar los 4.400 miembros, en torno al 30% de ellos guipuzcoanos.
"Nos tratan de culpabilizar cuando si hubieran hecho los pagos en su momento no sería una cifra tan grande"
“No creemos que la cifra suba más porque en este tiempo se han ido prejubilando el resto de profesores que podían hacerlo”, indica Vaquerizo, que recuerda que la medida de la prejubilación fue bien vista tanto por los profesionales como por el Gobierno Vasco en un clima de crisis económica. “Por un lado, los profesores se jubilaban antes, dejando paso a nuevas generaciones con otros conocimientos, y, por otro, era un ahorro importante de dinero, ya que desaparecía la antigüedad que teníamos muchos profesores”, explica.
Trece años después, los exprofesores continúan con su reclamación y advierten que seguirán con ella en caso de que el Tribunal Supremo no se muestre favorable. “No vamos a parar y acudiremos al Tribunal Constitucional y al europeo si hace falta porque creemos que tenemos la razón”, señalan, indicando que “la coletilla de la Ley de Presupuestos” ya no es válida.
