- Un día después de haber firmado con el Gobierno español la transferencia de las prisiones, el Ejecutivo vasco comenzó ayer a poner las cartas boca arriba con el modelo penitenciario que pretende desplegar a partir del 1 de octubre, el día en que será efectivo el traspaso. La consejera de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales, Beatriz Artolazabal, presentó en Consejo de Gobierno un documento que apuesta por la reinserción del preso en la sociedad a través de un seguimiento individualizado y con itinerarios de Formación Profesional, educación universitaria y la búsqueda de un trabajo o el desempeño de labores comunitarias. Además, se aboga por una justicia restaurativa que incida en el reconocimiento del daño causado o, incluso, en acuerdos de mediación con las víctimas que eviten el ingreso en prisión. El Gobierno Vasco apuesta por trabajar con los presos para que dejen atrás su vida delictiva, y quiere potenciar el régimen abierto y las penas alternativas al ingreso en la cárcel.

En las trece páginas del documento, se apuesta por un enfoque social para atender situaciones de vulnerabilidad, y no se menciona, por el contrario, ningún plan específico para los presos de ETA, lo que implica que no se les dispensará un trato diferente, para beneficiarlos o para perjudicarlos. La única alusión se recoge en las condenas de larga duración, donde se aclara que el trato a los reclusos de ETA "ha de ser sustancialmente idéntico" que el dispensado al resto.

Artolazabal ya había aclarado en una intervención parlamentaria que brindar a estos presos un trato diferente supondría un delito de prevaricación, frente a las voces de la derecha española que habían desplegado una campaña política contra el cumplimiento de este traspaso recogido en el Estatuto de Gernika. El modelo no estará condicionado por los reclusos de ETA que, además, por ahora son únicamente unos 40 sobre un total de 1.300. La prioridad será atender situaciones de especial vulnerabilidad como, por ejemplo, el caso de las mujeres y los casos de violencia de género o las presas con hijos, donde sí se menciona expresamente que, siguiendo el reglamento penitenciario, se puede computar como trabajo en el exterior el trabajo doméstico en su domicilio. Su documento de Bases para la implantación del modelo penitenciario en Euskadi obra en poder del Consejo de Gobierno y también del Parlamento Vasco, donde la consejera ha pedido comparecer. Se ha abierto un proceso de escucha con agentes que trabajan en este ámbito y en el tercer sector social. Este sábado, la consejera; el juez Jaime Tapia, que va a asesorar en esta nueva labor; y la viceconsejera Ana Agirre se van a reunir con una veintena de representantes de ESEN, la red de cárceles de Euskadi-Nafarroa.

El Gobierno Vasco gestionará las cárceles de Basauri, Zaballa y Martutene. La legislación penitenciaria seguirá en manos del Estado y será quien determine los requisitos para obtener un permiso de salida o una progresión de grado. Pero el Gobierno Vasco tiene margen para impulsar un modelo más humano, trabajar con los presos en su reeducación y generar así las condiciones para que puedan acceder al régimen abierto (que permite volver al establecimiento penitenciario solo para pernoctar). El Gobierno Vasco cree en un modelo progresivo, en una transición que evite que el preso dé el salto abismal desde el régimen cerrado hasta la libertad definitiva. Será el juez de vigilancia penitenciaria quien ejerza el control. Lakua se apoyará en el amplio consenso del Parlamento Vasco que reflejaron las resoluciones de 2019 (solo PP+C's y Vox son críticos), y se guiará por la propuesta elaborada por un equipo de expertos de varias disciplinas, las reglas internacionales de las Naciones Unidas, y las del Comité de Ministros del Consejo de Europa. Quiere lograr que "un mayor número de personas privadas de libertad cumplan sus condenas en un régimen de semilibertad", impulsar un "compromiso y exigencia personal" en los reos, proteger "más adecuadamente los derechos e intereses de las víctimas", reforzar la seguridad porque "una persona insertada respetará las normas penales" y tendrá una "menor reincidencia", y lograr que la ciudadanía esté más satisfecha.

En una primera fase, se plantea elaborar estudios sobre la población reclusa femenina, con enfermedades mentales o mayor de 70 años; además de profundizar en las relaciones con el tercer sector social y las ONG, y fomentar la reinserción mediante la integración laboral. Se cita que las medidas podrán ser aplicables a los presos de ETA sin distingos, lo que se traduce en que, si un recluso de la organización ya disuelta es una mujer con hijos o tiene una enfermedad, podrá acogerse a las actuaciones que se impulsen para esos colectivos.

A partir de ahí, se desglosan cien medidas, y se cita que la decisión de no progresar a régimen abierto a un preso "habrá de justificarse". De saque, se apuesta por clasificar a una persona en tercer grado con penas de hasta cinco años. Y cualquier persona con arraigo en la CAV debe "poder ser atendida" aquí. Se impulsará una Red de Reinserción Vasca sumando esfuerzos del Gobierno, las diputaciones y los ayuntamientos.

Los informes de reinserción llegarían antes de la sentencia para que la condena esté orientada al regreso a la vida en sociedad, y se cita la prisión domiliciaria en casos de enfermedad para sustituir la prisión provisional (art.508 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal). Se hará "pedagogía" para luchar contra la percepción de impunidad que tienen algunas personas sobre estas medidas. Se ahondará en la justicia restaurativa con el pago de la responsabilidad civil. La reparación del daño causado a la comunidad "no necesariamente" implica trabajar con la víctima, sino que se mencionan círculos de apoyo, y el trabajo con víctimas indirectas.

Objetivos

El plan remitido por Artolazabal al Parlamento Vasco apuesta por conseguir que un mayor número de personas cumplan condena en "semilibertad", y también por un "compromiso y exigencia personal" de aquellas personas en su proceso de reinserción. Se plantea proteger "más adecuadamente los derechos e intereses de las víctimas". Pone en valor que habrá una mayor seguridad pública en la medida en que la persona reinsertada tendrá menos posibilidades de reincidir. Se añade la apuesta por que la ciudadanía tenga una mayor satisfacción con el sistema penitenciario.

Mujeres

Progresar a algunas mujeres a semilibertad, con el artículo 82.2 del reglamento, que permite tomar en consideración las labores domésticas como un trabajo que se desempeña en el exterior. Derivar a instituciones extrapenitenciarias a las mujeres con hijos menores o, si no es posible, estudiar unidades de madres.

Vulnerables

Abordar la situación de los enfermos graves y mayores de 70.

Trabajo

Fomentar talleres productivos con un trabajo digno que tenga continuidad en régimen abierto. Colaborar con el tejido empresarial vasco.

Víctimas

Orientar las medidas de reinserción tanto a la reparación de la víctima como de la sociedad. Fomentar la reparación del daño causado a la comunidad, no necesariamente trabajando con la víctima (círculos de apoyo y responsabilidad...). Respetar los tiempos de la víctima y explorar el trabajo con víctimas indirectas.

ETA

El documento no contiene ningún plan específico para ETA. Solo se alude a ella cuando se menciona el tratamiento de las personas con condenas de larga duración por terrorismo como miembros de ETA, cuyo trato "ha de ser sustancialmente idéntico que el que se realice con otras personas que estén internadas en centros penitenciarios del País Vasco, por lo que las decisiones y medidas contenidas en este documento podrán ser también aplicables a aquellas".