- El Gobierno Vasco negocia con el Ejecutivo español para que transfiera todas las competencias que recoge el Estatuto de Gernika y poder gestionar en su totalidad las materias que tiene reconocidas en esa ley, pero su preocupación no acaba ahí. Incluso dentro de las competencias que ya gestiona la comunidad autónoma, las instituciones vascas no se han encontrado el camino despejado a la hora de ejecutarlas, sino que la historia del autogobierno vasco está jalonada de conflictos de interpretación con el Estado, recursos judiciales y leyes que han limitado la actuación de Euskadi en cuestiones del día a día como la educación, la sanidad o las políticas activas de empleo. En ese contexto, la consejería de Autogobierno que dirige Olatz Garamendi ultima un informe sobre erosión competencial que, según ha podido saber este periódico, incide en doce áreas: asistencia y servicios sociales, sanidad, educación, régimen local, medio ambiente, función pública, empleo, ordenación del territorio, agricultura, comercio, acción exterior y derecho foral privado.
Los informes, que estudian este fenómeno por materias, detectan una amplia incidencia de la erosión competencial y una fractura entre la letra que recoge el Estatuto de Gernika y la realización efectiva en el día a día. En concreto, el informe evalúa la erosión competencial por dos vías: por la acción normativa del Estado (es decir, por cuestiones como la aprobación de leyes básicas en el Congreso de los Diputados o decretos que inciden en materias ya transferidas), o por la doctrina del Tribunal Constitucional y su interpretación extensiva del alcance de la legislación básica estatal. De ahí que la consejera Garamendi adelantara en la entrevista concedida a este periódico que la conclusión que extrae de estos informes es que es necesario activar” vías de cooperación”, una relación “bilateral” con el Estado con garantías de que se cumpla lo pactado, y un diálogo muy fluido que evite la conflictividad judicial.
Garamendi se ha referido públicamente a la redacción de estos informes en varias ocasiones, también en sede parlamentaria y a instancias de la oposición. La oportunidad de redactar informes se recoge en el programa de gobierno de la XI legislatura, en el epígrafe Más y mejor autogobierno, donde se apuesta por “elaborar un estudio que incorpore una valoración de la erosión de las competencias autonómicas en determinadas materias o títulos competenciales por la acción normativa del Estado y por la doctrina del Tribunal Constitucional”.
Es un debate acuciante para el Gobierno Vasco, que quiere evitar que el autogobierno quede vaciado de contenido en su ejercicio real. Estos informes, que se encuentran en una fase de corrección de errores, serán publicados en breve en formato libro. Los conflictos de competencias tuvieron su punto álgido durante la crisis financiera de la década pasada, con especial intensidad en la legislatura del Gobierno del PP de Mariano Rajoy. La política de austeridad y los recortes se tradujeron con frecuencia en medidas de contención en materias propias, como sucedió con el copago sanitario, rechazado por el Gobierno vasco del socialista Patxi López y también por el Ejecutivo posterior de Iñigo Urkullu. Los conflictos han afectado también a la educación (con la Lomce de Wert), las políticas activas de empleo (por las ayudas del Estado que incidían en la promoción del empleo o la formación), o la función pública (fue un asunto especialmente disputado hasta el acuerdo final, con el cual el Estado permitió ampliar las plantillas de la Ertzaintza para mantener la cifra de efectivos en torno a los 8.000). El socialista Sánchez accedió a La Moncloa con una promesa de no judicialización, aunque se mantiene el conflicto sobre las vías para estabilizar a los interinos en la administración pública. El Tribunal Constitucional ha vetado la prueba diferenciada, de tipo práctico, que proponía el Gobierno Vasco para aquellos que atesoren al menos ocho años de bagaje en áreas con un 40% de interinidad. Garamendi busca una solución con el ministro Iceta.
Los juristas nombrados por PNV, PSE y Elkarrekin Podemos en el debate del nuevo estatus ya propusieron una comisión mixta como órgano paritario de relación bilateral, que debería reunirse a petición de cualquiera de las partes antes de aprobar la legislación española, para pactar una interpretación común y evitar conflictos.
Señala al PNV y Sánchez. El presidente del PP de la CAV, Carlos Iturgaiz, calificó ayer de “nueva tomadura del pelo” que el TAV no vaya a ponerse en marcha hasta 2027, y aseguró que se debe al “pacto” del PNV con el presidente español, Pedro Sánchez, según dijo en Twitter. No es la primera vez que señala al PNV, que en otras ocasiones lo ha respondido recordando su marcaje al PP de Rajoy en Madrid por retrasar las obras.
