- La querella de la Fiscalía por desobediencia contra el presidente del Parlament, el republicano Roger Torrent, y los miembros de JxCat y ERC de la Mesa de la Cámara cayó ayer como una bomba en una Catalunya con un ambiente enrarecido, en medio de las complicadas negociaciones entre los independentistas para formar un nuevo Govern y con disturbios casi a diario en Barcelona.
Ahora, esta actuación del Ministerio Público suma un elemento más de tensión al clima político y social, con los fiscales cuestionando la soberanía de la Cámara catalana al querellarse contra Torrent por tramitar resoluciones a favor del derecho de autodeterminación y en contra de la monarquía en 2019.
En su escrito, la Fiscalía catalana pide a la sala civil y penal del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) que cite como investigados a Torrent y a sus compañeros independentistas en la Mesa en la pasada legislatura -Josep Costa y Eusebi Campdepadrós (JxCat) y Adriana Delgado (ERC)-, por un delito de desobediencia a la autoridad judicial, al desoír supuestamente los mandatos del Tribunal Constitucional para que no llevaran al pleno del Parlament las dos citadas resoluciones.
Según argumenta la Fiscalía, Torrent y sus compañeros independentistas en la Mesa tramitaron dos resoluciones en la pasada legislatura a favor de ejercer el derecho a la autodeterminación y para reprobar a la monarquía, debates parlamentarios que el Tribunal Constitucional había prohibido por considerar que estaban fuera de la legalidad. Los fiscales defienden en el escrito que la Mesa de la Cámara optó por ignorar las advertencias del TC y llevó adelante las dos resoluciones.
El Ministerio Público ha interpuesto la querella ante el TSJC ya que tanto Roger Torrent como Eusebi Campdepadrós volvieron a ser elegidos diputados del Parlament en las elecciones autonómicas del pasado 14 de febrero, por lo que mantienen su condición de aforados. La querella de la Fiscalía provocó la reacción del propio Torrent, que en las redes sociales defendió que en la Cámara catalana “se puede hablar de todo, y así debe continuar siendo” en la próxima legislatura. “Por mucho que intenten censurar debates, no podrán esconder las prácticas corruptas de la monarquía y que la autodeterminación es un derecho al que no renunciaremos”, añadió en su mensaje.
En sentido contrario se pronunciaron desde el PSC, cuya número dos Eva Granados aseguró que su partido ya advirtió a Torrent y a los miembros independentistas de la Mesa de las consecuencias penales que podría acarrear la tramitación de iniciativas contrarias al Constitucional. “Ya lo sabían, había ocurrido en la anterior legislatura. Por lo tanto, nosotros ponemos sobre la mesa que está pasando lo que ya dijimos que pasaría, y que lamentamos que la Mesa del Parlament haya sido un espacio en el que no se han tenido en cuenta los informes jurídicos, incluso los de los letrados de la Cámara”, argumentó Granados.
Los fiscales encendieron todavía más los ánimos ayer al anunciar que recurrirán al Supremo contra el auto judicial que acordó mantener de momento el régimen de semilibertad que la Generalitat concedió antes de las elecciones del 14-F a la exconsellera Dolors Bassa y a la expresidenta del Parlament Carme Forcadell.
En un auto, el Juzgado de Vigilancia número 1, del que depende el control de la cárceles donde cumplen condena Bassa y Forcadell, rechazó el pasado 23 de febrero la petición de la Fiscalía para que se les suspenda el tercer grado, mientras decide sobre el fondo del recurso que el Ministerio Público presentó contra su clasificación penitenciaria. Ahora, el fiscal de Vigilancia Penitenciaria ha optado por recurrir al Supremo y ha presentado sendos recursos de apelación contra los autos del juez relativos a Bassa y Forcadell ante la sala segunda del TS, al entender que la decisión del juez de Vigilancia “no se ajusta a derecho” y sus argumentos “son erróneos”.
Por otra parte, ayer el Tribunal Supremo acordó solicitar un informe al Tribunal de Cuentas sobre los procedimientos de responsabilidad contable que, en relación a las personas condenadas por malversación en la causa del procés, están en tramitación con motivo de los gastos ocasionados por el referéndum del 1-O.
Es decir, el Alto Tribunal busca acreditar si los condenados han depositado las cantidades que sumarían los 4,1 millones de euros. Todo ello, en relación al expediente que se sigue por las peticiones de indulto a dichos condenados.
En la sentencia del procés los magistrados del Supremo ya fijaron que sería el Tribunal de Cuentas el encargado de dirimir la responsabilidad civil en los casos de Oriol Junqueras, Raül Romeva, Jordi Turull y Dolors Bassa.
Elsa Artadi. La vicepresidenta de Junts, Elsa Artadi, llamó ayer a ERC y la CUP a acordar un frente común “antirrepresivo” en defensa de la soberanía del Parlament y para blindarlo en la próxima legislatura en pleno marco de las negociaciones para formar Govern tras las elecciones del 14 de febrero. “Llamamos a acordar cómo actuaremos para defender la soberanía del Parlament y a abandonar un Parlament sometido que no ha representado a la ciudadanía”, sostuvo la dirigente de JxCat en una rueda de prensa ofrecida tras conocerse las querellas contra los miembros de la Mesa de la Cámara catalana.
“Está pasando lo que ya dijimos que pasaría si la Mesa no tenía en cuenta los informes jurídicos”
Diputada del PSC
“En el Parlament se puede hablar de todo y así debe continuar siendo”
Presidente del Parlament
