- Ni una, ni dos, ni tres veces. Fueron un total de 45 las ocasiones en las que una persona ajena al organigrama directivo de Eusko Alkartasuna accedió a la base de datos de la afiliación del partido entre julio de 2017 y diciembre de 2019. Ese listado está en el epicentro de la pugna judicial que mantienen el sector oficialista, encabezado por la actual secretaria general, Eba Blanco, y el bando crítico liderado por Maiorga Ramírez. La persona que logró entrar en los ficheros fue Maider Carrere, directora de Organización de EH Bildu desde junio de 2017, que anteriormente había sido responsable de Organización y Finanzas de EA de Gipuzkoa. Y lo hizo “sin tener relación contractual con EA e, incluso, sin ser afiliada”, según el recurso presentado por el sector crítico contra la sentencia que falló a favor de sus contrarios.

Es uno de los principales argumentos que esgrimen los críticos, que han recurrido la sentencia de un juzgado de Gasteiz que dio carta blanca al nombramiento de Blanco. El pleito viene derivado del control de los datos de la afiliación de EA. Quién podía acceder al mismo está en el origen de la polémica, que posteriormente saltó por los aires con la elección de Blanco en febrero de 2020. Así, y mientras algunos responsables territoriales obtuvieron una negativa para acceder al fichero de afiliados por parte de la dirección, entonces dirigida por Pello Urizar, Carrere -ya desvinculada de la dirección de EA- sí pudo hacerlo, al menos desde el 5 de julio de 2017 al 12 de diciembre de 2019. Estas entradas a la base de datos quedan acreditadas a través de un certificado firmado por Mariano Alava, secretario de Organización de EA, que hace constar los citados accesos después de un requerimiento judicial. “Lo grave de este hecho es que ningún afiliado de EA ha autorizado a EH Bildu el acceso a sus datos, lo cual podría suponer cuantiosas multas tanto a Alava como a la propia Carrere”, agregan fuentes consultadas por este periódico.

Los coordinadores de Nafarroa, Gipuzkoa y Araba, y miembros de la ejecutiva de EA, defendían su derecho a acceder al fichero para ejercer el control y comprobar, entre otras cosas, que algunas organizaciones locales no incluyesen personas fallecidas o sin voluntad de militar en EA que, además, se les consideraba exentas del pago de cuota; “cuestiones que han quedado totalmente demostradas en el juicio”, señalan. No en vano, unos pocos votos podían decantar la balanza a un lado u otro. Así fue en la reelección de Urizar como secretario general ante Ramírez en junio de 2017. Apenas 14 apoyos mantuvieron al primero frente al segundo.

Los críticos también señalan que en la sentencia figura que Iratxe Lopez de Aberasturi -coordinadora de EA en Araba y concejala en Gasteiz- había tenido acceso al fichero de afiliados, “siendo esto absolutamente incierto”. La dirigente alavesa acudió al juzgado de Gasteiz, ante el riesgo de que pudiera ser denunciada por un acceso ilegal a la base de datos, para iniciar los procedimientos penales pertinentes ante una posible suplantación de identidad o falsedad en documento para condicionar un proceso judicial. Entonces se tuvo conocimiento de los reiterados accesos de Carrere a los archivos de la afiliación.

Sea como fuere, las disputas en el seno de EA tendrán nuevos episodios en un futuro cercano, ya que el sector crítico ha presentado un recurso a la sentencia que aupó a Eba Blanco a la Secretaría General. Lo hacen para defender “la transparencia, la democracia interna y el derecho de la afiliación” de EA a elegir a su secretario general. Tampoco se descarta que interpongan una denuncia por tratamiento ilegítimo de sus datos en la que estaría implicada EH Bildu, que tendría que explicar para qué ha utilizado dicha información su secretaria de Organización.