Urkullu propone a Sánchez 50 proyectos vascos en sintonía con los fondos europeos

El club comunitario puso en marcha un plan dotado con 750.000 millones tras unas arduas negociaciones que estuvieron al borde del colapso, pero que finalmente cuajaron a cambio de asegurarse una supervisión de los proyectos. Al Estado español le corresponden 140.000 millones, de los cuales 72.700 llegarán en forma de transferencias que no hay que devolver. El PNV ya había pedido a Pedro Sánchez que aprovechara esta ocasión para transformar la economía e impulsar nuevos sectores, y que contara para ello con la experiencia y el criterio de las comunidades autónomas. El Ejecutivo vasco en funciones acaba de formalizar su propuesta. El propio Sánchez se ha mostrado públicamente dispuesto a implicar a las autonomías, aunque la última palabra sea suya como presidente de la Comisión Interministerial creada a tal efecto para decidir sobre el reparto. Las ofertas a Madrid debían enviarse en agosto, con la intención de que el Consejo de Ministros pueda abordar cómo lo adjudica a finales de mes.

El dinero europeo no se puede utilizar para cubrir la caída del PIB o financiar las políticas de los gobiernos. Tiene unas condiciones claras sobre su uso, debe destinarse a proyectos concretos y es necesaria la colaboración público-privada. El programa de la Unión Europea marca como prioridades la salida de la crisis, impulsar la inversión, y acelerar la transición ecológica y digital. Los fondos se vehiculizan a través de los estados, de ahí que la comunidad autónoma vasca tenga que dirigirse a Madrid para que valore los proyectos vascos. A partir de ahí, el Gobierno español enviaría el listado a las autoridades de la Unión Europea.

Iñigo Urkullu tiene la intención de hacer público el listado de proyectos en el primer Consejo de Gobierno del mes de agosto, el día 25, en el tradicional acto en Miramar. Ese mismo día podría ser que Pedro Sánchez comenzara a abordar en el Consejo de Ministros el destino de estos fondos, o al menos es lo que se espera. El presidente español avanzó en la conferencia con los presidentes autonómicos a finales de julio que los primeros fondos europeos, en torno al 10%, podrían llegar en primavera de 2021. Sánchez lidera la Comisión Interministerial sobre estas ayudas, y la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, se encargará de coordinar los proyectos con las comunidades y también con las grandes ciudades antes de dar forma definitiva al esbozo que se envíe a Bruselas.

Las gestiones con el Gobierno español no estarán exentas de dificultades y otras comunidades autónomas querrán hacer valer sus proyectos. En cualquier caso, Euskadi parte con cierta ventaja en la medida en que tiene en su territorio proyectos punteros y de innovación que van en sintonía con las exigencias europeas.

La llegada de las primeras remesas de dinero en primavera obliga a acelerar los ritmos para ir definiendo con qué inversiones se va a contar, un debate que puede condicionar en cierto modo los presupuestos de cada administración y que, por ello, urge doblemente. Sánchez recordó que la parte de los fondos que se corresponde con el instrumento de “facilidad de recuperación y resiliencia” se destinará a proyectos alineados con la digitalización, la transición ecológica, la igualdad de género y la cohesión social y territorial.

En este reparto no hay picaresca que valga. Los fondos estarán sometidos a una estricta vigilancia desde Europa, y basta con recordar que los denominados países frugales (como Holanda) abrieron su mano haciendo de tripas corazón tras un intenso tira y afloja. Se exigen mayorías cualificadas para aprobar las iniciativas que se quieran a acoger a estos fondos y la supervisión del Consejo Europeo será continua. Si algún país no cumpliera con lo pactado, se cerrará el grifo para ese estado. No sirve de nada tampoco apelar al peso de cada uno sobre el PIB estatal o a criterios de población. Los fondos de Europa son finalistas, es decir, se destinan a proyectos concretos, y no se puede hacer valer ningún otro criterio.

Queda por delante el diálogo entre Euskadi y Madrid sobre los proyectos, y comprobar si Sánchez pone alguna objeción en cuanto a la idoneidad de los proyectos, o en cuanto al monto total del dinero que suponen, una cifra que se reserva el Gobierno vasco hasta anunciarla en el Consejo de Miramar. Son los estados los que canalizan los fondos europeos. Siempre ha sucedido así, también con el denominado Plan Juncker. Por la propia dinámica que impone Europa, no hay forma de encauzarlo con mayores garantías de bilateralidad entre el Estado y Euskadi en la Comisión Mixta del Concierto Económico. Es una cuestión que el propio lehendakari puso en la mesa de anteriores responsables de la Comisión Europea para que permitieran que se instalara en la comunidad autónoma una antena vasca para vehiculizar las inversiones.

Next Generation. La Unión Europea ha puesto en marcha un fondo de 750.000 millones, de los cuales al Estado español le corresponden 140.000. Dentro de ese monto, 72.700 llegarán en forma de transferencias de dinero que no deben ser devueltas. Estos fondos son canalizados por el Estado, de ahí que sea necesario enviarle propuestas desde las comunidades. Es un reparto finalista para proyectos concretos e innovadores, y no por criterios de PIB o población.