- El Gobierno español no quiso pronunciarse ayer en público sobre el plan de acercamiento de presos del Ejecutivo vasco para reducir los contagios por coronavirus, una propuesta a la que respondió tirando de manual la portavoz del gabinete estatal, María Jesús Montero: “absoluto respeto” a las decisiones que adoptan las juntas de tratamiento de las cárceles respecto a los internos. La socialista respondió así en la rueda de prensa del Consejo de Ministros a la petición del Gobierno vasco para evitar que las familias de los presos tengan que viajar para visitarlos. La portavoz no hizo referencia expresa a esa petición y se limitó a señalar que son las juntas de tratamiento las encargadas de decidir cambios en las circunstancias de los presos en función de su estado de salud “o de cualquier otra condición que rodea al interno”. “Cualquier cuestión estará en ese marco”, dijo.
Ya por la tarde, en el Senado, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, se tuvo que enfrentar al marcaje de la derecha para que lo aclarase. Ante las peticiones de Ciudadanos en la Comisión de Interior, fue lacónico: “Aplicamos la dispersión avalada por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos como una política antiterrorista, y luego aplicamos la legislación penitenciaria”, dijo. Ante las críticas de la derecha por las visitas a presos de ETA, las defendió si hay justificación urgente y lamentó que “se habla de ETA como si siguiera viva”.
