El autoadoctrinamiento y el enaltecimiento son los principales delitos de los presuntos yihadistas arrestados en la CAV

“El lunes saltó la noticia de que Gipuzkoa era casi casi un foco de yihadismo, cosa que no es realmente cierta. Se hablaba de que era una de las zonas del Estado donde más detenidos ha habido. Es una falta de rigor”, censura el jefe de la Oficina Central de Inteligencia de la Ertzaintza, Jon Ziarsolo. Más allá de los números, que sitúan a Gipuzkoa por detrás de Barcelona, Madrid, Ceuta, Melilla, Alicante y Girona, y por encima de los cinco detenidos en el total de Araba, Bizkaia y Nafarroa, Ziarsolo pone dos ejemplos.

“En esos números se contabiliza una persona que pasaba por aquí, que se había detenido en Irun”, señaló en Onda Vasca el jueves en referencia al camionero arrestado a finales de noviembre, cuya residencia varias informaciones situaron en Vitoria -donde se registró un piso-, pese a estar en Pamplona. “Otro detenido lo detuvo la Ertzaintza, se le juzgó y se le condenó. Como estaba en libertad provisional, el juez ordenó su detención”, abunda en ese recuento Ziarsolo, que denuncia que “lo que no vemos por ningún lado son esas células que se dice que existen, esas estructuras?”.

Sin que se haya desmantelado una red organizada, de momento hay detenciones sueltas. La mayoría, por delitos de autoadoctrinamiento y enaltecimiento del terrorismo, como contrastan las fuentes policiales consultadas por NOTICIAS DE GIPUZKOA. El arresto de Mehdi Kacem el lunes en una villa compartida de Intxaurrondo, el último de ese goteo, agitó la actualidad guipuzcoana.

Los detalles iniciales que el Ministerio del Interior ofreció relacionaron a Kacem, de 25 años y nacionalizado español tras emigrar de Marruecos, con cuatro arrestos de finales de noviembre en Estrasburgo. Según anunciaron entonces las autoridades francesas, acababan de desbaratar un atentado inminente de Dáesh cuyo objetivo no transcedió.

Uno de estos cuatro de Estrasburgo, un tercero que de camino a Siria fue detenido en Marruecos, y el propio Kacem mantuvieron contacto en la capital donostiarra, donde, según siempre la Policía española, llegaron a prestarse apoyo económico mutuo. Las primeras explicaciones oficiales del arresto, que vincularon a Kacem con la estructura de Dáesh, daban la impresión de que la del lunes era una detención de mayor envergadura que otras anteriores.

El último arrestado Llegó a Euskadi en 2013 tras pasar por Catalunya y Castilla La Mancha. “Me limitaba a ir a la mezquita y estar con la gente. A veces me tocaba dormir en la calle”, reconoció Kacem a este diario en marzo de 2015, cuando vivía en Beasain y hacía prácticas en una empresa de fontanería de Errenteria. Culminó de la mano de la asociación multicultural Kolore Guztiak -en colaboración con la Diputación foral de Gipuzkoa- un proceso de inserción que le llevó de mendigar a competir por el título de semipesados de Gipuzkoa y, junto a esto, echar un cable al entrenador de un club de boxeo cuya actividad ha cesado por problemas con el alquiler del local.

Kacem fue detenido el lunes como presunto líder de una célula de captación y envío de combatientes extranjeros a Turquía, donde recibían instrucciones de Dáesh para atentar en Europa.

“Era muy activo a la hora de captar integrantes y no dudaba en acercarse a jóvenes en riesgo de exclusión social, fácilmente influenciables y emocionalmente inestables, aprovechando su condición de profesor de boxeo para ganarse su confianza”, describió el Ministerio del Interior ese mismo lunes en una nota que de momento ha rechazado ampliar tras la solicitud de este diario para tratar de explicar por qué una persona con ese perfil en teoría socializado puede acabar en la red del Estado Islámico.

Tres días después del arresto, el juez de la Audiencia Nacional José de la Mata mandó a Kacem a prisión acusado de enaltecer el terrorismo, de autoadoctrinarse y de colaborar con actividades terroristas, según fuentes jurídicas que citó Europa Press. En un debate que mezcla argumentos sobre la evolución del terrorismo yihadista en el continente europeo, las ayudas sociales y la crisis de los refugiados, el presidente del PP vasco, Alfonso Alonso, añadió el jueves una arista más en la línea que los populares no han conseguido que prospere en el Parlamento Vasco.

“¿Cuánto tiempo llevaba este hombre aquí, cómo se había hecho acreedor de ese apoyo y cómo desde aquí puede ocurrir algo así? No hay control, ese es el clamor social. Luego ocurre lo que ocurre”, vinculó en una entrevista en la Cope el dirigente popular esta última detención de Kacem al cobro de ayudas como la RGI.

Al igual que recibir ayudas sociales no garantiza que el receptor no delinquirá, no necesitar ese arrope tampoco supone una patente de corso para vulnerar la ley. Aun así, son elementos que se han cruzado en un debate que va más allá del policial. Por detenciones como las de la CAV, por atentados como los de Bruselas, Niza o Berlín, o por campañas electorales como la alemana y la francesa. Cotiza al alza el discurso populista que revuelve esta violencia de apariencia religioso con las ayudas a sectores desfavorecidos, entre los que se encuentran grupos de inmigrantes.

Uno de ellos fue Kacem, a quien su madre envió a España cuando con 20 años cayó en la droga. Al llegar a Gipuzkoa, pasó por un programa de inserción con colaboración foral. La diputada de Política Social, Maite Peña, no rehúye la posibilidad de que personas que viven en Gipuzkoa puedan ser detenidas en el marco de la lucha antiyihadista: “El yihadismo es un grave problema que tenemos en la sociedad y tenemos que atajarlo desde todos los ámbitos. Pero en lo que compete a la Diputación nos corresponde velar por la protección de los menores bajo nuestra tutela, ya que son muy vulnerables”.

“La Diputación Foral de Gipuzkoa está trabajando en este tema con el fin de adoptar medidas adicionales para proteger aún más a los menores y jóvenes en riesgo de exclusión social que tutela el ente foral”, avanza Peña en declaraciones a este periódico y que coinciden con la visión integral con la que el Gobierno Vasco aborda el problema de la radicalización.

Dos personas detenidas por la Er-tzaintza desde 2015 han sido ya sentenciadas por autoadoctrinamiento -las primeras sentencias del Estado- y otras dos se hallan recluidas en centros psiquiátricos. Una amenazó en las redes sociales con volar un tren del metro. Fuentes de la Policía autonómica describen que “no todos los detenidos tienen un mismo perfil”.

La radicalidad de la mayoría de los sospechosos se debe “no tanto por una convicción religiosa profunda, sino a la frustración motivada por el desarraigo y la pérdida de valores. La interpretación extremista del Islam es el elemento de enganche y el refugio donde encuentran su identidad”.

En esta línea, tal y como recoge el plan estratégico con el que trabaja la Ertzaintza desde julio de 2015, el perfil dominante es el de “jóvenes que han pasado por centros de menores, con una vida desordenada y sin trabajos estables. La falta de inserción social les vuelve vulnerables a los llamamientos de los terroristas, que fomentan su identidad islámica enfrentándola a los valores occidentales, de los cuales estos jóvenes musulmanes solo perciben rechazo”.

Rumores y medios de comunicación “Es un problema que tiene muchos vértices y sobre ellos hay que trabajar de manera interdepartamental, desde la educación, la sanidad? La seguridad no es algo propio de la policía, sino de toda la sociedad”, reconoce Ziarsolo en la misma entrevista de Onda Vasca apenas dos horas antes de que el alcalde donostiarra, Eneko Goia, izara la bandera con la que arrancan las 24 horas de fiesta más señaladas de la ciudad.

Una jornada con actos multitudinarios que, como en 2016, no ha estado libre de rumores. El propio Consistorio tuvo que salir al paso el mediodía del día 19: “En las últimas horas están circulando por diferentes redes y sitios de Internet noticias falsas sobre una posible amenaza de atentado y la eventual suspensión de la Tamborrada infantil. Dichas informaciones no tienen ninguna base, por lo que queremos trasladar a la ciudadanía un mensaje de tranquilidad”.

“Cuando leemos la prensa, nos genera alarma, pero cuando analizamos los casos, vemos que no suponen una amenaza real e inminente contra nuestra comunidad”, reflexiona Ziarsolo, que llama a la responsabilidad tanto al anunciar las actuaciones policiales como al cubrirlas en los medios: “Unos por justificar ciertas actuaciones y otros por buscar ese sensacionalismo que vende la noticia, hacemos el juego al terrorista. El terror no existe sin altavoces”.

Fuentes del Gobierno Vasco, que reclaman que la Ertzaintza tenga acceso pleno a las bases de datos internacionales sobre yihadismo, reconocen “el impacto” que generan estas detenciones, pero muchas veces tiene poco que ver con los cargos leves a los que esos arrestados se enfrentan ante un juez o incluso con su posterior puesta en libertad en cuestión de días.

En esta línea, la Audiencia Nacional investiga el fundamento de lo que se presentó como un gran golpe contra el terrorismo yihadista a finales de diciembre en Madrid. A los arrestados, de nacionalidad española pero origen marroquí y gambiano, se les incautaron cargadores de kalashnikov y vídeos amenazantes. Unas imágenes que, según El Mundo, el juez Santiago Pedraz analiza ahora si no son un montaje realizado por un infiltrado policial.

“Una cosa es cómo se venden los operativos y otra cosa es su realidad judicial. Qué hay detrás”, reflexiona Ziarsolo, porque “lo mismo que tenemos este tipo de operativos hay otros donde aparecen kalashnikov que no existen, o gente que estaba preparada para atentar y no sé qué más y el día siguiente estaba en la calle”.

Por el momento, la valoración del nivel de riesgo de atentado en Euskadi “es probable, pero no altamente probable” como en otros puntos del Estado. Aunque la primera impresión sea otra. Sobre todo después de cada detención.