Bidelan denuncia que Ugarte manipula los datos del coste de explotación de carreteras

La empresa, subcontratada por Bidegi para la explotación de los tramos guipuzcoanos de la AP-8 y AP-1, ofreció ayer una rueda de prensa para responder a las acusaciones lanzadas por la diputada de Movilidad e Infraestructuras Viarias, Larraitz Ugarte, quien el jueves insistió en que la Diputación denunciará el contrato suscrito entre Bidelan y la sociedad pública Bidegi, al considerarlo "contrario a los intereses de los guipuzcoanos".

Según Loiola, es "absolutamente falso" que con la modificación contractual acordada entre Bidelan y Bidegi en 2010 -mediante la cual la sociedad publica se comprometía a abonar, además de los costes fijos de la explotación de las carreteras, un 7,7% del beneficio- desaparezca el principio de riesgo compartido y advirtió que este cambio en las condiciones del contrato es "una fórmula habitual" en las situaciones extremas y goza de "todas las garantías legales".

El director general de Bidelan explicó que esta modificación contractual se dio a consecuencia de un incumplimiento de contrato por parte de la Diputación, ya que se produjo un retraso en algunas obras estratégicas "como el segundo cinturón de Donostia o el proyecto de construcción de los diferentes terceros carriles o el retraso en la AP-1", que llevó a una disminución considerable -del 11,55% en 2009, 17% entre 2009 y 2012 o 25,3% en 2012- de los tráficos con respecto a las previsiones realizadas.

modificación contractual Esta situación llevó a que, en 2009, Bidelan presentase una reclamación y, tras quince meses de negociaciones, en 2010 el Consejo de Administración de Bidegi, con el voto a favor de todas las formaciones políticas salvo Aralar, que se abstuvo, y con "todos los informes de los servicios jurídicos de Bidegi y Diputación", aprobara la polémica modificación.

Este cambio supuso que, a partir de ese momento, Bidelan facilitaba a Bidegi, a través de su plan económico financiero, los presupuestos anuales hasta 2018 -fecha de vencimiento del contrato-. "Realmente el que deja de tener riesgo es Bidegi, porque conoce cuál es el techo máximo de gasto hasta el final del contrato. A partir de ahí, las pérdidas y el riesgo son de Bidelan, porque hagamos lo que hagamos la Diputación nunca nos pagará ni un euro de más. Si sube el gasóleo o hay un invierno muy duro, será nuestro problema", expuso Loiola.

Asimismo, aseguró que los costes de explotación que Bidelan factura a Bidegi son "inferiores" a otras carreteras de similares características en el entorno. "En el tramo de la AP-8 en Bizkaia se han licitado 36,3 kilómetros por 9,2 millones de euros, lo que supone un ratio de coste por kilómetro de 256.000 euros. En tramo de la AP-8 en Gipuzkoa, explotado por Bidelan, tiene un ratio de coste de 246.000 euros por kilómetro, es decir un 3,8% inferior al tramo vizcaino. Y todo ello a pesar de tener más kilómetros de túnel, 2,8 en Gipuzkoa frente a los 0,6 de Bizkaia, y más estaciones de peaje, doce en Gipuzkoa frente a las cinco de Bizkaia", ejemplificó Loiola.

Todo ello lleva a Bidelan a suponer que es "imposible" que la Diputación vaya a ahorrarse 12 millones de euros anuales asumiendo la explotación de las carreteras, tal y como avanzó Ugarte. "Solo se me ocurren dos formas de reducir los costes de explotación: que alguien haga este trabajo gratis, o que se deje de hacer", manifestó el director general.

Por eso, con todos los datos en las manos, desde Bidelan entienden que la Diputación está "manipulando" los datos que ha presentado tanto ante los medios de comunicación como en las Juntas Generales. "Qué fácil resulta manchar la imagen de una empresa privada desde la política", lamentó Loiola.

ausencia de relación Pese a que el jueves mismo Larraitz Ugarte expuso en el parlamento territorial que la Diputación "mantiene abiertas las negociaciones" con Bidelan a fin de evitar la vía judicial, Loiola niega este aspecto. "No estamos negociando absolutamente nada en estos momentos. Las relaciones entre Bidelan y Bidegi no están para nada normalizadas", indicó, a la vez que censuró que Bidelan tuvo conocimiento de la declaración de lesividad "a través de la prensa" y que la Diputación se ha reunido con el Comité de Empresa "a nuestra espalda".

Asimismo, negó que Bidelan haya ocultado ningún tipo de información a Bidegi, tal y como les imputa Larraitz Ugarte. "Las actuaciones de Bidelan están reguladas por contrato y recogidas en el Plan anual de explotación que se presenta anualmente a Bidegi en el último trimestre de cada ejercicio para su aprobación y así configurar el plan de actuación del siguiente año", señaló Loiola, quien recordó que, en 2011 la propia Larraitz Ugarte "firmó la liquidación anual con la información que se había presentado".

Además, la empresa suministra "todos los meses" las facturas que se abonan y se somete a auditorías encargadas por Bidegi que "constatan mes a mes" que las cuentas de Bidelan "reflejan fidedignamente la realidad, sin que haya la más mínima desviación".

No obstante, Loiola apuntó que, desde el nombramiento de Katty Nevado como directora general de Bidegi, la sociedad pública ha dejado de asistir a los Consejos de Administración de Bidelan y tampoco se llevan a cabo las reuniones de seguimiento del contrato que se realizaban mensualmente entre los equipos directivos de ambas sociedades.

Por lo que, desde Bidelan concluyen "Podemos admitir que a la Diputación no les guste nuestro contrato o no les gustemos nosotros, pero no admitimos que digan que somos lesivos".

Loiola entiende que Bidelan se ha convertido en "una víctima" de Bidegi, pero recordó que el compromiso adoptado por la empresa vence en 2018. "Hasta que un juez determine de forma definitiva si hay lesividad o no, el contrato seguirá en vigor", recordaron. Del mismo modo, señalaron que Bidelan se guarda el derecho de reclamar las indemnizaciones pertinentes a la Institución Foral.