Donostia. La semana acaba como empezó: con un cruce dialéctico entre el PP y la izquierda soberanista con detenidos en el centro de la disputa. Si primero fue con motivo del arresto de los presuntos miembros de ETA Izaskun Lesaka y Joseba Iturbe, ayer fue a cuenta de la detención del jueves de la militante de Batasuna en Iparralde Aurore Martin. Y como hizo el martes el ministro del Interior español, Jorge Fernández Díaz, la vicepresidenta del Ejecutivo, Soraya Sáenz de Santamaría, volvió a advertir a EH Bildu.
"El Gobierno reproduce las palabras del Ministerio del Interior", aseguró la vicepresidenta, que consideró que la izquierda independentista cruza "líneas rojas" cuando critica arrestos de presuntos miembros de ETA y también de militantes de Batasuna -formación legal en el Estado francés- como Martin, contra la que pesaba una euroorden de arresto cursada por España por integración en "organización terrorista" y cuya prisión incondicional acordó ayer el juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz.
Las "líneas rojas" a las que se refieren tanto Sáenz de Santamaría como Fernández Díaz son, en palabras del ministro, el "decálogo" de conductas que el Tribunal Constitucional estableció en la sentencia del caso Sortu. Si los electos de Bildu, Amaiur o EH Bildu incurrieran en una o varias de esos comportamientos "de forma grave y reiterada", advirtió el ministro, la Fiscalía o la Abogacía General del Estado podrían impulsar procesos de ilegalización, un "contador" que estaría en marcha y que se "acelera" con este tipo de actitudes.
Por esto, Sáenz de Santamaría insistió en que el Ejecutivo que preside Mariano Rajoy continuará "muy vigilante" respecto a las acciones y declaraciones que lleven a cabo los electos de estas coaliciones y que supongan cruzar alguna de esas "líneas rojas": "Seguiremos con interés las posibles actuaciones en este sentido de la Fiscalía del Estado".
otras "líneas rojas" Esas líneas rojas, sin embargo, no son las mismas para unos y para otros. El diputado de Amaiur Jon Iñarritu consideró que la ejecución de la orden europea de arresto contra Martin -que el Tribunal de Apelación de Pau aprobó en noviembre de 2010- significa pasar "las líneas rojas de la lógica y de la normalización política". Iñarritu aseguró a las puertas de la Cámara baja que sus declaraciones no son ninguna "amenaza" y apoyó "dar pasos en aras de lo que se marcó en la declaración de Aiete y crear un nuevo escenario de normalización política en la que todo el mundo pueda participar en política tranquilamente".
Reclamaciones muy similares a las que el también diputado Xabier Mikel Errekondo, la parlamentaria de EH Bildu Maribi Ugarteburu o los portavoces de Batasuna en Iparralde Xabi Larralde y Anita Lopepe realizaron en la mañana de ayer en Baiona. En palabras de la última, "Aurore Martin tenía una vida pública y pensábamos que había un acuerdo tácito para no detenerla". Así, Lopepe mostró su sorpresa por que el ministro del Interior francés, Manuel Valls, "active procedimientos que se pensaba que habían sido abandonados", mientras que para Larralde la detención -"irresponsable"- podría "enturbiar el contexto político en el Euskal Herria y la marcha del proceso de paz".
También criticó el arresto la integrante de Bildu y presidenta de las Juntas Generales de Gipuzkoa, Lohitzune Txarola, que comparó la entrega de Aurore Martin con la que realizaron en 1940 las tropas nazis al Gobierno franquista del que fuera president de la Generalitat catalana Lluís Companys, en el exilio bretón.
"Una barbaridad" Criticada por Fernández Díaz el martes por asegurar que no podía aplaudir las detenciones de Lesaka e Iturbe, Laura Mintegi aseguró que el arresto de Aurore Martin es una "barbaridad", un "contrasentido" que "no se sostiene ni jurídica ni políticamente". En palabras de la candidata de EH Bildu a lehendakari, "a una ciudadana que es francesa" se le acusa "de hacer política dentro de un partido que es legal en Francia".
A su entender, "las autoridades francesas no la hubieran entregado a la Guardia Civil española" si hubiera sido una ciudadana parisina y no de Iparralde: "Se está haciendo una diferencia por el hecho de que es ciudadana vasca y eso me parece un elemento grave".
En una entrevista en Efe TV, Mintegi también respondió a Fernández Díaz y sus declaraciones acerca del contador de la ilegalización: "Sin querer ser frívola, cuando se habla de contador no entiendo qué tipo de máquina es, ni dónde está situada. No entiendo dónde están dibujadas las líneas rojas, ni quién las dibuja".
Negativas El rechazo a la detención de la militante de Batasuna en Iparralde que mostraron las formaciones que componen las coaliciones de izquierdas y abertzale no fue el único en el día de ayer. Más allá de la oposición con la que fue recibida la noticia del arresto en partidos del territorio francés como la conservadora UMP (del expresidente Nicolas Sarkozy) o el propio partido que gobierna en El Elíseo, el PSF de François Hollande, a este lado del Bidasoa el PNV tampoco compartió la extradición.
En palabras del presidente del Bizkai Buru Batzar, Andoni Ortuzar, que deseó que sea "lo último" de una "etapa política ya superada", "choca que a estas alturas y en estos momentos políticos todavía haya coletazos de aquellos macrosumarios del todo es ETA en los que se detenía a la gente simplemente por su pertenencia o militancia política". Ante esto, el presidente del PP del mismo territorio, Antón Damborenea, acusó a los jeltzales de "hacer el caldo gordo a los terroristas y a sus apoyos políticos" al mostrar su oposición a la detención de Martin.
Valls e Iparralde Y la semana también se cierra en Iparralde como empezó: con una polémica en cuyo centro está el ministro del Interior galo, Manuel Valls. De origen catalán y al que los círculos mediáticos franceses ubican en el ala derecha del PSF, el titular de Interior es el político con mayor índice de aprobación de toda la clase política.
Según un sondeo publicado hace dos semanas por Paris Match, Valls logra el visto bueno del 75% de los 1.006 encuestados, 9 puntos por encima de la segunda política francesa mejor valorada (la directora general del FMI, Christine Lagarde) y hasta 23 puntos más que el presidente François Hollande (duodécimo) y 25 puntos por encima del expresidente Nicolas Sarkozy.
Una aceptación que contrasta con las contestaciones que esta misma semana Valls ha tenido con compañeros de su misma formación en Iparralde. Si ayer dieciséis electos del PSF del otro lado del Bidasoa reclamaban la vuelta "inmediata" de Aurore Martin y criticaban una detención por la que se felicitaban los dos ministros de un lado y otro de los Pirineos, Valls se topó el martes con un fuerte rechazo a su negativa a que Iparralde tenga su propia colectividad territorial mientras ETA exista.
Estas declaraciones, que contrastan con las posibilistas que hizo hace dos semanas la ministra responsable de la nueva Ley de Descentralización, Marylise Lebranchu, provocaron una fuerte reacción en el propio PSF de Iparralde, cuyos altos cargos hicieron pública una carta en la que advertían a Valls de que "el País Vasco no es ETA" y le invitaban a acudir a la zona para "descubrir cuál es la realidad de Iparralde".
