donostia. Un día después de la manifestación que el pasado sábado desbordó Bilbao para reivindicar un cambio en la política penitenciaria vigente, casi la totalidad del arco político vasco coincidió ayer en subrayar la necesidad de dicho cambio. Una evidencia que, incluso, es ya visible para el Gobierno Vasco. Su máximo representante, el lehendakari Patxi López, reconoció ayer a la entrada del Comité Federal del PSOE que "en Euskadi hay casi un consenso generalizado en que otra política penitenciaria es posible de acuerdo a la propia legalidad".
El jefe del Ejecutivo vasco, que no cerró la puerta a un posible acercamiento de presos a Euskal Herria, puso su énfasis en la "muy garantista" y "muy generosa" normativa carcelaria estatal, un paraguas bajo el cual sería posible adaptar la política penitenciaria al nuevo escenario abierto tras el cese definitivo de la actividad armada decretado por ETA el pasado mes de octubre.
En la línea del discurso del lehendakari, el consejero de Interior, Rodolfo Ares, tampoco descartó el acercamiento de presos, y recordó que desde Lakua apuestan por política carcelaria "más dinámica y flexible, teniendo en cuenta la situación en la que nos encontramos". Una actualización del modelo actual que, a su juicio, tendría que ser "fruto del diálogo entre el Gobierno Vasco y el Gobierno de España".
En declaraciones a los medios en los prolegómenos del Comité Federal del PSOE, Ares coincidió con el lehendakari al subrayar que tanto el acercamiento como el alejamiento de los reclusos "están dentro de la legalidad". "No hay que descartar que pudiera haber acercamiento si eso contribuye a un objetivo fundamental: la reinserción de aquellos que quieran reinsertarse", explicó.
No obstante, volvió a insistir en que los reclusos de ETA que "quieran recorrer el camino de la reinserción" tendrán que hacerlo de forma individual, mostrando su arrepentimiento y accediendo a beneficios penitenciarios "para poder reinsertarse en la sociedad después de cumplir sus penas".
Al margen de Lakua, pero sin abandonas las filas socialistas, el diputado del PSOE por Gipuzkoa y exalcalde de Donostia, Odón Elorza, consideró una "perversión moral y un desprecio a las víctimas" pedir ahora una amnistía para los presos de ETA. No obstante, reconoció que el acercamiento de los reclusos a Euskal Herria "es otra cosa" y que cuenta "con amparo legal".
El mensaje defendido por los socialistas, sin embargo, chocó de bruces con las posiciones de enroque que viene manteniendo el PP, su socio en Lakua. Por boca de su diputado en el Congreso por Bizkaia, Leopoldo Barreda, los populares volvieron a mostrarse inflexibles, aseverando que el Gobierno español presidido por Mariano Rajoy "garantizará el cumplimiento de la ley y el respeto a la democracia" frente a quienes buscan la "impunidad".
"Lo que hemos visto este sábado es a una serie de personas que lo que pretendían era la impunidad de los terroristas dirigiendo la presión a un gobierno democrático en vez de a la banda terrorista", dijo en relación a la manifestación del sábado, en declaraciones a Europa Press. A su juicio, los asistentes a la marcha "se equivocan", pues el objetivo de la democracia, según Barreda, debe ser "la consecución de la disolución definitiva de ETA".
"Hay que exigir el reconocimiento del daño causado y el desarme de la banda y ese debería ser el objetivo de los que salieron a la calle y no otro. No hay un escenario de impunidad y equidistancia, sino de defensa de la democracia", aseveró.
peticiones a rajoy Por su parte, hubo unanimidad en la bancada abertzale a la hora de exigir la derogación de cualquier tipo de medida excepcional en materia penitenciaria. El presidente del Euzkadi Buru Batzar del PNV, Iñigo Urkullu, recordó ayer que este tipo de fórmulas ya no tienen cabida "una vez que ETA ha decretado el cese definitivo de su acción armada".
Por tanto, en un artículo publicado en su blog, el líder jeltzale reclamó cambios en política penitenciaria por razones de "principios éticos en el máximo respeto a los derechos de todas las personas". Urkullu recordó que el PNV ha mantenido "desde siempre" una posición firme en torno a esta cuestión, una defensa de los derechos de los presos de ETA llevada a cabo sin considerarles "ni nuestros héroes, ni nuestros gudaris".
De cara al futuro, el burukide mostró su esperanza de que "así como los victimarios y quienes han justificado sus acciones han de proceder a una revisión crítica del pasado y al reconocimiento del daño causado", el Gobierno español ahora en manos del PP "actúe no ya con valentía, sino con alturas de miras y talla política".
La izquierda abertzale, por su parte, situó el "cese definitivo" de la política penitenciara en vigor como "un primer paso de urgencia, aunque insuficiente". En una rueda de prensa celebrada en Bilbao, su portavoz Maribi Ugarteburu pidió al Gobierno español que "no alargue ni un minuto más la ruleta rusa de la dispersión", e instó a Madrid y a París a "actuar de inmediato tomando medidas".
A juicio de la izquierda abertzale, el escenario abierto tras el cese definitivo anunciado por ETA reúne las condiciones suficiente para que los estados español y francés aborden el diálogo con la organización armada, una negociación que "se tiene que ceñir exclusivamente a las consecuencias derivadas del conflicto político, entre ellas, por supuesto, la puesta en libertad de los presos".
En clave similar se expresó la secretario de comunicación de Eusko Alkartasuna, Ikerne Badiola, quien instó al Ejecutivo español a "no hacer oídos sordos" a las reivindicaciones defendidas por miles de personas durante la manifestación celebrada el sábado en Bilbao. "Resulta determinante que (los populares) se impliquen directamente en el proceso abierto en Euskal Herria y que den pasos firmes en dicha dirección", añadió. La coalición Bildu, a través de un nota, también se expresó en parecidos términos.
