- El Consejo de Europa anunció ayer el lanzamiento de un procedimiento judicial contra Turquía, uno de sus miembros, por el incumplimiento sistemático de una sentencia condenatoria referida a un conocido activista encarcelado, lo que puede desembocar en sanciones. El Consejo de Europa explicó en un comunicado que su Comité de Ministros ha informado a Turquía de que llevará el caso de Osman Kavala ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos en su reunión del próximo 2 de febrero. Los ministros han pedido a Ankara que, de cara a esa reunión, presente su posición como muy tarde el 19 de enero.
Esta iniciativa bastante extraordinaria es consecuencia de los oídos sordos que han hecho las autoridades turcas a ocho decisiones y una resolución en las que el Comité de Ministros les instaba a aplicar el dictamen del Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo, y en consecuencia a liberar sin dilación a Kavala y a cerrar el procedimiento contra él.
En esa decisión de diciembre de 2019, los jueces europeos consideraban que el arresto del que se conoce en su país como el multimillonario rojo -por su implicación en iniciativas sociales y culturales y de defensa de los derechos humanos, a menudo como mecenas- se había producido sin elementos acusatorios suficientes.
Asimismo, los jueces europeos estimaban que la prisión provisional dictada contra Kavala tenía como único claro objetivo de “reducirlo al silencio y disuadir a otros defensores de los derechos humanos”. Por último, reprochaban que el examen de su recurso ante el Tribunal Constitucional de Turquía no se había hecho en un plazo suficientemente breve.
El pasado 26 de noviembre, a pocos días de que venciera el ultimátum por parte del Consejo de Europa, un tribunal de Estambul había decidido mantener encarcelado a Kavala, que lleva entre rejas desde hace cuatro años, desde 2017, sin sentencia condentoria.
El presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, que había equiparado la detención del multimillonario rojo con la de “ladrones, asesinos y terroristas”, amenazó en noviembre con expulsar a una decena de embajadores de países mayoritariamente europeos por una carta que le habían dirigido para solicitar su liberación en cumplimiento con la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos.
El Comité de Ministros del Consejo de Europa es el órgano competente para supervisar que sus sentencias se cumplen, y en caso de que no sea así, puede recurrir a ese tribunal para constatar ese incumplimiento.
Una vez hecha esa constatación, los ministros pueden decidir “las medidas más apropiadas”.
Detenido en 2016. Por otro lado, el mismo Comité de Ministros del Consejo de Europa envió una nueva advertencia a Turquía para que libere inmediatamente al opositor Selahattin Dermitas, que lleva detenido desde noviembre de 2016. En el caso de Dermitas, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo dictaminó en diciembre de 2020 que ese país cometió “numerosas violaciones” del Convenio Europeo de Derechos Humanos al arrestarlo y enviarlo a prisión preventiva. Según los jueces europeos, el Gobierno dirigido por Erdogan trataba así de “asfixiar el pluralismo y restringir la libertad del debate político, que está en el centro de una sociedad democrática.
