Crisis energética, intervención pública y UE

Lo primero que hay que decir es que la crisis energética va a ser (está siendo ya) uno de los temas clave de la agenda política, no solo para nosotros sino para todos los países de nuestro entorno y para la UE, de la que formamos parte. No es por casualidad que éste haya sido el tema que ha marcado el inicio adelantado del curso político, con el debate en el Congreso (25 de agosto) sobre la convalidación del decreto ley sobre las medidas de ahorro energético, que además de para aprobar el texto normativo sobre la materia ha servido también para conocer las posiciones que los principales actores de la escena política van a mantener a lo largo del curso que acaba de comenzar. Y, así mismo, este tema ha marcado también el inicio del curso en la UE, con la reunión, en los primeros días de este mes, del Consejo de Ministros de la UE para tratar de coordinar la actividad de los Estados miembros en este asunto, crucial para el futuro de la UE así como para cada uno de los países que la integran.

Todo ello pone de manifiesto la relevancia que tanto la UE como los Estados miembros atribuyen a todo lo relacionado con la energía y, más concretamente, con los problemas derivados de la aguda crisis energética que venimos sufriendo últimamente, que están condicionando de forma determinante toda nuestra actividad en todos los terrenos. Es éste un asunto sobre el que parece que hay acuerdo general, al menos por lo que se refiere a la consciencia de la importancia de la crisis energética. Los problemas se plantean a la hora de definir las medidas que es preciso adoptar para afrontar esta crisis, tal y como se ha puesto de relieve en la controversia suscitada en el Congreso, y fuera de él, con motivo de la aprobación del decreto ley sobre las medidas de ahorro energético; y como también se está poniendo de relieve en los distintos órganos de la UE con motivo de la aprobación de la reglamentación de esta materia.

Ante la situación que está dándose últimamente en relación con el imprevisible comportamiento del mercado energético, una cosa parece que ofrece pocas dudas, como es la necesidad de una intervención activa por parte de los poderes públicos para tratar de paliar los efectos más nocivos que están dándose en este terreno. Tal es la posición que, bajo formas diversas, se viene adoptando por parte de los Estados miembros de la UE; y no deja de ser ilustrativa al respecto la expresión utilizada por la propia Comisión Europea, cuando habla de ‘intervención de emergencia’, para hacer frente a la deriva descontrolada de los mercados energéticos. No sería comprensible, ni admisible, que en una situación como la actual, caracterizada como de ‘emergencia energética’, los poderes públicos, cualquiera que sea su nivel, se limiten a ser espectadores de las oscilaciones de los mercados energéticos, absteniéndose de toda intervención en aplicación de la máxima del liberalismo económico del “laissez faire, laissez passer”.

Hay que constatar, de todas formas, una evolución significativa de las posiciones que se han venido manteniendo en este terreno, sin duda obligada por las circunstancias, asumiendo la necesidad de que los poderes públicos adopten una posición activa, ajena por completo al inhibicionismo propugnado por los valedores de la autorregulación de los mercados. Las medidas que vienen adoptándose, y las que son objeto de discusión en estos momentos tanto por parte de los Estados miembros como de las instituciones europeas, son una muestra ilustrativa de esta nueva orientación en las relaciones entre las instancias públicas, estatales y de la UE, y los mercados, de forma muy especial el energético. Puede afirmarse que en el momento actual la discusión no se centra tanto en si hay que intervenir o no en el mercado energético sino en cómo tiene que darse la intervención pública y cuáles han de ser las medidas a adoptar, dando por descontado que ésta es necesaria e inevitable; incluida la que afecta al propio modelo marginalista de determinación de los precios que se ha venido manteniendo hasta ahora.

Hay otro factor que es preciso tener en cuenta para poder hacer un planteamiento correcto de los problemas derivados de la crisis energética, que hace referencia al ámbito en el que éstos han de ser objeto de tratamiento ya que de ello depende situarse en una posición que nos aproxime a encontrar soluciones a los problemas o, por el contrario, nos aleje de ellas. En este sentido, hay que partir de la premisa de que la crisis energética se plantea en un ámbito que sobrepasa ampliamente al de los Estados y, en consecuencia, no es posible hacer frente a ella en el ámbito estatal exclusivamente y con los instrumentos de intervención que éstos proporcionan. Es inútil tratar de resolver los problemas, cualesquiera que sean, mediante medidas cuyo ámbito de aplicación no cubre el de aquel en el que estos se plantean; en este caso pretender afrontar con decisiones e instrumentos estatales una crisis energética que tiene alcance y dimensiones que exceden por completo cualquier ámbito estatal.

No solo los Estados proporcionan instrumentos de intervención para afrontar las crisis, incluidas las energéticas. En la Unión Europea, de la que formamos parte, disponemos de recursos y de instrumentos comunes, políticos e institucionales, que están precisamente para poder ser utilizados en situaciones en las que hay que hacer frente a problemas comunes, como sin duda lo son los derivados de la crisis energética que estamos sufriendo. Y no solo existe tal posibilidad sino que es preciso tener presente que el marco que proporciona la UE y los instrumentos que ésta nos suministra son mucho más efectivos para hacer frente a los problemas comunes de ámbito supraestatal que los que puede ofrecer cualquiera de los Estados miembros. Aunque solo sea por razones de efectividad, no estaría de más que los Estados miembros (sus dirigentes políticos) fuesen conscientes de esta realidad y no obstaculicen, en aras de los intereses nacionales, la posibilidad de llevar a cabo acciones comunes ante problemas comunes.

La intervención de las instancias europeas para hacer frente a la crisis energética proporciona, además, una buena oportunidad para la reafirmación de la UE en la coyuntura presente. Si en su día, cuando las Comunidades Europeas iniciaban su andadura, fue la gestión común de productos claves entonces como el carbón y el acero (CECA) lo que permitió su despegue inicial, la gestión común de un asunto igualmente clave en el momento actual como es la crisis energética, puede jugar un papel similar, salvando las distancias, en la reafirmación de la UE en el contexto actual. A lo que habría que añadir, dada la actualidad del problema, la gestión común de la crisis migratoria, que constituye otro de los problemas comunes, también de alcance y proyección supraestatal, que tendría en la UE un marco de tratamiento mucho más adecuado que el que pueden proporcionar las medidas, a veces contradictorias y discordantes, que adoptan los Estados miembros por separado.

Hay que ser conscientes, para finalizar, que lo que conocemos hasta ahora son solo las manifestaciones iniciales de la crisis energética y que sus efectos van a hacerse sentir con toda su intensidad en el próximo futuro. No hay ninguna solución mágica ni milagrosa ante ello; pero sí es preciso tener presente que los problemas derivados de esta situación, que no son pocos ni sencillos, solo pueden ser afrontados desde una decidida intervención pública que asuma la defensa de los intereses generales por encima de los beneficios particulares de quienes tienen vinculación con el sector energético. Y que dado el ámbito en el que se plantean los problemas, que son comunes y que sobrepasa ampliamente cualquier marco estatal, su tratamiento eficaz solo puede hacerse en el que nos es común a los europeos, como es el de la UE.

Profesor