Los dos procesados por las presuntas irregularidades detectadas en el reparto de asuntos en los Juzgados de lo Social de Donostia entre los años 2014 y 2018 han reconocido este jueves los hechos y han admitido penas que suman 4 años de cárcel para uno de ellos y de 3 años y 9 nueve meses para el segundo.
Esta condena es fruto de un acuerdo de conformidad de las defensas con la Fiscalía, tras la admisión de culpa por parte de los acusados: un funcionario de la administración de Justicia (sobre el que ha recaído la pena de mayor entidad) y un abogado.
Inicialmente, la Fiscalía de Gipuzkoa reclamaba diez años de prisión para ambos varones, quienes fueron detenidos por la Ertzaintza en junio de 2018 en el marco de una investigación sobre la que se decretó el secreto de sumario.
El acuerdo de conformidad ha tenido lugar este jueves en una audiencia preliminar celebrada a puerta cerrada en la Sección Tercera de la Audiencia de Gipuzkoa a petición de la defensa y sin que la prensa haya podido acceder al interior de la sala de vistas.
Cohecho, falsedad y daños informáticos
Según han informado a EFE fuentes del caso, los acusados han sido condenados por un delito continuado de cohecho y por un delito continuado de falsedad en documento público en concurso ideal con un delito de daños informáticos.
Además de las citadas penas de prisión, cuya suspensión ha sido solicitada por la defensa, ambos procesados han sido condenados a distintas penas de inhabilitación, así como al pago de diferentes multas.
Estaba previsto que el juicio por estos hechos comenzase este mismo viernes con la selección de los miembros del tribunal del jurado que iba a enjuiciar lo sucedido, aunque el acuerdo de conformidad alcanzado hoy por las partes hará innecesaria la celebración de la vista.
El Decanato avisó a la Ertzaintza
Las presuntas irregularidades fueron detectadas en enero de 2018 por el Decanato de los juzgados de Donostia que denunció sus sospechas a la Ertzaintza "tan pronto como tuvo conocimiento" del caso.
Según recoge el escrito de acusación de la Fiscalía, al que ha tenido acceso EFE, durante los cuatro años en los que se produjeron las irregularidades el funcionario procesado trabajó en la sección de Registro y Reparto del Decanato de la capital guipuzcoana, donde se presentan los distintos documentos y escritos dirigidos a los juzgados de la capital guipuzcoana.
Las demandas laborales presentadas en esta instancia eran distribuidas posteriormente mediante un sistema aleatorio de reparto entre los cinco juzgados de lo Social existentes en la ciudad, "con sujeción estricta a las normas" adoptadas por la Junta de Jueces.
Manipulación del reparto
Por su parte, el segundo acusado, que ejercía como abogado laboralista en un despacho donostiarra solía intervenir en numerosos procedimientos de incapacidad, impugnación de altas médicas y otras reclamaciones frente al Instituto Nacional de la Seguridad Social.
El documento del Ministerio Público señala que el letrado quería que esas demandas fueran "tramitadas y resueltas" por determinados juzgados concretos, para lo que se concertó con el citado funcionario con el fin de "alterar" el reparto judicial mediante la manipulación del sistema informático, de manera que los casos que él quería fueran desviados al juzgado de "su elección".
Con este fin, daba "en mano" al funcionario las demandas laborales que le interesaba mandar a un juzgado en concreto, en lugar de presentarlas en el Decanato, aunque también le entregaba otras cuyo destino le resultaba "indiferente" y que podían ser turnadas "a cualquier juzgado" con el fin de "no llamar la atención".
De esta manera, el funcionario registraba todas ellas con normalidad aunque, en caso de que las que él señalaba no recayeran en el juzgado pretendido anulaba el reparto "correcto" y volvía a repartirlo de forma aleatoria para no levantar "sospechas", tantas veces como hiciera falta, hasta conseguir derivarlas al juzgado deseado.
Más de 12.000 euros
Con este objetivo, el funcionario también llevaba a cabo alteraciones en otros procedimientos registrados para "lograr el fin pretendido u ocultar sus manipulaciones".
En concreto, el texto del Ministerio Público describe cuatro métodos diferentes usados por el procesado "para modificar fraudulentamente el reparto", y destaca que en alguna oportunidad llegó a realizar hasta catorce "anulaciones" y nuevos repartos.
De esta manera, alteró fraudulentamente el reparto judicial de forma continuada entre 2014 y 2018, años en los que logró desviar múltiples demandas a los juzgados que deseaba el otro procesado, a cuyo requerimiento también modificó, de forma "contraria a las normas", la fecha de entrada de las demandas en alguna ocasión poniéndoles un sello con una data anterior.
En compensación por estos "servicios" que prestaba al abogado, el funcionario recibió distintas cantidades de dinero cuya cantidad total no se ha podido determinar porque los pagos se hacían en metálico para que no quedara rastro, si bien estas compensaciones motivaron un enriquecimiento económico injustificado del funcionario "superior a los 12.000 euros".
