donostia - Las presuntas irregularidades detectadas en el reparto de asuntos en los Juzgados de lo Social de Donostia, por las que la semana pasada fueron detenidos un funcionario de la Administración de Justicia y dos abogados, se habrían producido desde el año 2015, informó ayer el departamento vasco de Seguridad.
Según esta fuente, las irregularidades consistían “en la perturbación de la asignación aleatoria de cierto tipo de casos en materia de Seguridad Social”, en concreto, “demandas clasificadas como impugnaciones de altas médicas y minusvalías y dependencias”.
El funcionario investigado, de 51 años, habría efectuado “anulaciones y posteriores reasignaciones a determinados tipos de asuntos judiciales que entraban a reparto, alterando el orden de los Juzgados de lo Social en los que recaían” las causas.
Según informaron el pasado viernes fuentes del caso, este funcionario presuntamente habría manipulado el sistema de reparto de asuntos, haciendo que un tipo de demanda recayera siempre en el mismo juzgado.
Asimismo, esta persona habría manipulado la clasificación de ciertas demandas, “alterando los códigos de las materias o clases de reparto designados a determinados expedientes que entraban a reparto”.
Las presuntas irregularidades fueron detectadas el pasado mes de enero por el Decanato de Donostia, que denunció sus sospechas a la Er-tzaintza “tan pronto como tuvo conocimiento” del caso.
Durante la investigación, los agentes de la Policía Autonómica encargados del asunto comprobaron que “el sistema informático de reparto funcionaba correctamente”, a pesar de lo cual “existían ciertas deficiencias en la mecánica” de trabajo de uno de los funcionarios.
En la gran mayoría de las “alteraciones localizadas” se observó una “relación directa con un determinado bufete, conformado por dos letrados pertenecientes al Colegio de Abogados de Gipuzkoa” y se constató que las “manipulaciones” se habrían venido llevando a cabo desde el año 2015.
“Dado que el ratio de anulaciones del citado funcionario no tenía parangón con el resto de compañeros, se presumió la existencia de un acuerdo entre el empleado público y el despacho de abogados de forma que determinados casos que llevaba este bufete recayesen en las salas deseadas”, aclara la nota de la Ertzaintza.
Además, durante las pesquisas policiales se constató “la existencia de comunicaciones entre uno de los abogados y el funcionario, quienes habían entablado numerosas conversaciones telefónicas en el último año” y se descubrió que “en los últimos años el segundo disponía de una fuente de ingresos monetarios no justificada”.
Con estos datos, el pasado miércoles la Ertzaintza desplegó un operativo en el que participaron la Sección Central de Delitos Económicos, el Servicio de Investigación Criminal Territorial de Gipuzkoa, la Unidad Canina, y las comisarías de Donostia y de Hernani, en el que fueron detenidos tanto el citado funcionario como los dos abogados.
Durante esta actuación policial se practicaron varias entradas y registros en los que se incautaron evidencias tecnológicas, diversa documentación y dinero en efectivo.
Tanto el funcionario de la Administración de Justicia, de 51 años, como los abogados, estos últimos de 52 años, se encuentran acusados de presuntos delitos de cohecho, daños informáticos, falsedad documental y pertenencia a grupo criminal.
Tras su puesta a disposición judicial, los detenidos fueron puestos en libertad; en el caso del funcionario con una fianza da 40.000 euros. - Efe
