La Policía Nacional ha detenido en Donostia a una pareja por percibir fraudulentamente prestaciones sociales por más de 97.000 euros gracias a un falso empadronamiento. En la operación también se detuvo al hombre que facilitaba estos empadronamientos a través de contratos ilegales de arrendamiento.
Según ha informado la Delegación del Gobierno en Euskadi, una de las personas ha sido arrestada por su presunta participación en un delito de falsedad documental, al firmar falsos contratos de arrendamiento para facilitar empadronamientos ilegales.
Las otras dos, pareja, han sido detenidas por su presunta implicación en delitos contra la Hacienda Pública y la Seguridad Social, al aprovechar el falso empadronamiento del marido en otra residencia para simular la disolución de la unidad de convivencia y percibir ayudas sociales.
Las pesquisas se iniciaron cuando investigadores del Grupo Operativo de Extranjeros (GOE II) de Donostia tuvieron conocimiento de que en una vivienda de la capital guipuzcoana había varias personas empadronadas fraudulentamente.
Los agentes descubrieron que el impulsor del fraude era un hombre de nacionalidad marroquí que ofertaba empadronarse en su domicilio a cambio de una compensación económica. Para ello, suplantaba la firma del propietario de la vivienda que tenía alquilada para realizar falsos contratos de arrendamiento con los que permitía que terceras personas se empadronaran ilegalmente.
Así, al centrar la investigación en las personas que se empadronaban de forma falsa, detectaron que uno de ellos residía en el domicilio familiar junto a su mujer e hijo menores, aprovechando la simulación de la disolución de la unidad de convivencia para percibir, entre prestaciones y pensiones como la Renta de Garantía de Ingresos (RGI) y la Prestación Complementaria de Vivienda (PCV), 1.319,48 euros él y 1.260,34 euros su mujer, lo que suponía que el matrimonio cobraba 2.579,82 euros al mes. La pareja había llegado a obtener de esta forma más de 97.000 euros.
Trabajaban sin contrato
De este modo, los agentes averiguaron que ambos estaban trabajando para una conocida empresa de mensajería sin contrato y percibiendo un sueldo aproximado de 1.300 euros mensuales sin que declararan estos ingresos. Además, descubrieron que el hombre también cobraba 496 euros mensuales del SEPE en concepto de subsidio por desempleo, al tener declarada una minusvalía que le impedía levantar cargas.
Finalmente, con todas estas ayudas e ingresos ilegales paralelos, los agentes pudieron determinar que el matrimonio investigado llegó a cobrar 3.879 euros netos mensuales. Por todo ello, el pasado miércoles día 20 se procedió al arresto de los tres investigados y a su puesta a disposición judicial. Actualmente se encuentran en libertad a la espera del correspondiente juicio.
