Jordi A.F., Lupin, considerado el mayor ciberestafador de España, se enfrenta a una petición de dos años de cárcel por parte de la Fiscalía que le acusa de una presunta estafa perpetrada contra un guipuzcoano, cuyos datos personales averiguó mediante la compraventa fraudulenta de una videoconsola a través de internet.
Lupin fue detenido hace casi dos años en una discoteca de Madrid, después de que uno de los clientes del local le reconociera en un reservado tras haber visto recientemente la imagen del presunto ciberestafador en un programa de televisión.
El testigo dio aviso al Cuerpo Nacional de Policía que envió entonces una dotación a la sala de fiestas, cuyos agentes confirmaron su identidad y comprobaron que el joven tenía en vigor varias reclamaciones judiciales por lo que fue detenido.
Una vez arrestado, Lupin, que en aquel momento llevaba casi 12.000 euros en efectivo, pidió un "habeas corpus", la puesta a disposición inmediata ante el juez, y fue trasladado ante la jueza de Instrucción número 3 de Madrid, según informaron en su momento a EFE fuentes jurídicas.
El conocido delincuente no manifestó ante la jueza que tenía nueve reclamaciones judiciales por estafa emitidas por juzgados de Ponferrada (León), Elche (Alicante), Guadalajara, Albacete, Cádiz y Madrid.
Sin embargo, la magistrada confirmó estas órdenes de búsqueda y captura, más una orden de ingreso en prisión, por lo que desestimó el "habeas corpus" y fue puesto a disposición judicial.
Nacido en Ponferrada (León), de 26 años, Lupin es considerado como el mayor ciberestafador de la historia de España, y ya ha sido condenado en al menos uno de los múltiples procedimientos seguidos contra él.
Se estima que consiguió unos beneficios de cerca de 300.000 euros al mes con estafas "online", copiando páginas web de tiendas y sirviéndose de plataformas para que sus víctimas compraran productos que nunca llegaban a recibir.
Según han informado a EFE fuentes del caso, en la actualidad Lupin tiene todas sus causas acumuladas en la Audiencia Nacional (salvo un caso ocurrido en Madrid y el de Gipuzkoa), debido a que fueron cometidas en distintos puntos de España.
En Donostia ha sido juzgado este martes por uno de estos casos ocurrido en octubre de 2017 cuando, según el escrito de acusación provisional de la Fiscalía al que ha tenido acceso EFE, insertó un anunció en una página web de compraventa de artículos en la que supuestamente ofreció una videoconsola PS4 a cambio de 289 euros.
Al ver el anuncio, la víctima contactó a través del teléfono de referencia con el presunto estafador y mantuvo una conversación en la que le facilitó su nombre, apellidos, DNI, domicilio y el número de su tarjeta de débito.
A continuación, el procesado le aseguró que la videoconsola le llegaría "en dos o tres días" a su domicilio, a pesar de lo cual "no envió nunca el producto solicitado" y presuntamente utilizó los datos que había recibido de la víctima y la numeración de su tarjeta para realizar diversas compras por un importe total de 760,49 euros en una estación de servicio de Lugo.
Con este dinero, el inculpado habría adquirido boletos "tipo rasca" a través de una aplicación aunque, debido a la elevada cantidad de dinero gastado, finalmente tuvo que acudir "in situ" a la gasolinera para recogerlos y comprobar si estaban premiados.
Durante la vista celebrada hoy, el acusado, que ha sido trasladado desde la prisión de Asturias para declarar en Donostia, sólo ha admitido preguntas de su abogado para asegurar únicamente que es consumidor de drogas desde que era menor de edad sin aportar dato alguno sobre la presunta estafa enjuiciada.
Además, la ausencia de la víctima tras haberse suspendido el juicio en varias ocasiones anteriormente ha obligado a incorporar su testimonio prestado en la fase de instrucción.
No obstante, el empleado de la gasolinera que reconoció al procesado, quien ha declarado por videoconferencia, ha explicado que en aquel momento lo identificó en una rueda fotográfica, si bien transcurridos varios años desde aquel momento y ya sin barba no ha podido hacerlo en la sala.
Por su parte, uno de los policías que llevó a cabo el reconocimiento ha recordado que otra empleada de la estación de servicio también identificó al procesado, en una rueda distinta a la del anterior testigo.
En la parte final del juicio, la Fiscalía ha mantenido su petición de condena para el acusado, mientras que su defensa ha demandado su libre absolución.
