Todas las partes personadas en el juicio con jurado por la muerte del menor Santiago Coca (fallecido en 2019 tras recibir una paliza en Donostia), se han adherido este miércoles a la petición de la Fiscalía para que se suspenda la vista oral, cuyo inicio estaba previsto para el próximo viernes.
El Ministerio Público hizo esta solicitud a la Audiencia de Gipuzkoa el pasado viernes a la espera de detener al único de los seis acusados huido de la justicia, un joven de origen argelino en paradero desconocido desde que el pasado octubre desatendió la obligación de presentarse periódicamente ante la autoridad judicial.
Esta circunstancia, junto a otras cautelas como la retirada de su pasaporte, le había permitido acceder a la libertad provisional a la espera de juicio al igual que al resto de inculpados: tres jóvenes rumanos, otro de origen marroquí y un quinto de nacionalidad española.
Ahora, todos ellos, además de la propia familia de Santi Coca y de la acusación particular, que ejerce el Ayuntamiento de Donostia, incluido el abogado del joven huido, se han adherido a esta petición de la Fiscalía en una serie de escritos a los que ha tenido acceso EFE.
En concreto, la familia Coca se muestra conforme "con la suspensión interesada" al entender que "el acusado rebelde debe estar presente en el juicio" y que aún "ha transcurrido muy poco tiempo entre la emisión de la orden europea" para su detención y el inicio de la vista oral.
Su representante legal explica además que la hipotética celebración de dos juicios, uno para los cinco acusados presentes y otro para cuando se localice al fugado, conllevaría una "afectación emocional" para los parientes y amigos de la víctima que "tendrían que revivir doblemente" la vista oral.
Por este motivo, reclama que se conceda "un plazo prudencial" para que se pueda detener al fugitivo que, a su entender, podría extenderse hasta la "primera semana de septiembre".
Una solicitud con la que también se muestra conforme la acción particular, que ejerce el Ayuntamiento de San Sebastián, en atención a las "instrucciones" expresadas por los parientes del fallecido.
Igualmente, las defensas de los otro cinco acusados manifiestan su voluntad de que el juicio oral sea aplazado, aunque varias de ellas discrepan sobre el período que debería abarcar la suspensión, que para una debería darse durante un "tiempo prudencial" que se estime conveniente, mientras que otra sostiene que la vista no debería tener lugar hasta que el huido "sea encontrado" y el resto no se pronuncia al respecto.
La agresión fatal por la que tendrá lugar este juicio con jurado tuvo lugar la madrugada del 26 de abril de 2019 en el exterior de una céntrica discoteca donostiarra donde, tras recibir la paliza, Santiago Coca, que por entonces tenia 17 años, fue atendido por varios equipos sanitarios que luego lo trasladaron al Hospital Donostia donde falleció después de permanecer dos días en coma.
Cada uno de los seis acusados se enfrenta a una petición de veinte años de cárcel tanto por parte de la Fiscalía de Gipuzkoa como de la acusación particular, que ejerce la familia de la víctima.
No obstante, el Ayuntamiento de Donostia reclama quince años de prisión para cinco de los procesados, si bien eleva hasta los veinte años su solicitud para el joven fugado, a quien atribuye haber propinado a Coca, de 17 años de edad, la "última y brutal patada en la cabeza" cuando ya había perdido el conocimiento.
