Parece evidente que los diputados en el Congreso español aprueban determinadas leyes que, paradójicamente, resultan injustas; términos contradictorios en sí mismos pero que, en ocasiones, pueden ir concatenados, amén de que esas leyes se aplican por los jueces a su libre albedrío, según, cómo, cuándo y cómo.
No encuentro otra explicación a lo acaecido en el caso del finado Santi Coca, víctima no de una paliza, sino de una masacre perpetrada por una serie de energúmenos, usando términos laxos.
Todos sabemos la historia: las agresiones sufridas por Santi, calificadas de asesinato y para las que se piden veinte años para cada uno de los agresores, con el agravante añadido de que el que presuntamente propinó la patada de gracia puso pies en polvorosa y se encuentra en paradero desconocido.
De llorar y no parar. Algo falla en nuestro sistema judicial. Hemos creado una justicia absolutamente garantista y proteccionista para los victimarios pero, sin embargo, nos hemos olvidado absolutamente de las víctimas que sufren los rigores de las tropelías pergeñadas por aquellos.
He visualizado en varias ocasiones a la madre y hermano del pobre Santi y no veo en sus retinas el menor atisbo de acritud. Solamente piden ¡justicia!
