Un hombre acusado de defraudar 918.000 euros a la Seguridad Social ha reconocido este lunes los hechos tras llegar a un acuerdo con la Fiscalía por el que ha admitido una condena de un año de prisión y se ha comprometido a devolver el dinero en un total de 60 cuotas.
A pesar de este acuerdo de conformidad, que se ha saldado también con la retirada de la acusación para una segunda acusada, hermana del procesado, ante la ausencia de indicios "suficientes" para su condena, el tribunal de la Sección Primera de la Audiencia de Gipuzkoa que ha enjuiciado los hechos no dictará sentencia hasta que el pacto sea ratificado en próximas fechas por escrito por la Tesorería dela Seguridad Social, que ejerce la acusación particular en esta causa.
En concreto, el Ministerio Público, que inicialmente reclamaba cinco años para cada uno de los dos acusados, ha accedido a aplicar la atenuante de dilaciones indebidas al principal inculpado que deberá abonar también una multa de 459.000 euros.
Asimismo, el hombre tendrá que pagar 918.000 euros a la Seguridad Social en concepto de responsabilidad civil, cantidad que deberá abonar en 59 cuotas de 750 euros cada una, más una última de 89.000 euros.
Tanto la Fiscalía como la acusación particular no se han opuesto a que la futura condena le sea suspendida al procesado con la condición de que no vuelva a delinquir en los cinco próximos años y de que haga efectivo al pago de la citada responsabilidad civil.
El Ministerio Público acusaba al hombre de defraudar la citada cantidad a la Seguridad Social mediante la descapitalización de nueve empresas con el fin de evitar embargos por sus deudas con este organismo publico.
Según recoge el escrito de acusación de la Fiscalía, el inculpado ejerció la administración de las sociedades entre 2008 y 2012 mediante "un grupo contable horizontal coordinado".
En este contexto, el procesado habría descapitalizado las compañías "con el fin de evitar embargos para el cobro de las deudas generadas a consecuencia del desarrollo de su actividad con la seguridad social".
Una situación que generó una deuda por impago de cuotas a esta institución en los ejercicios correspondientes a los años 2008, 2009, 2010 y 2011 por un importe total superior a los 900.000 euros.
El documento de la Fiscalía concreta que para llevar a cabo los hechos las sociedades "no disponían de bienes a su nombre" y llevaban a cabo sus negocios en locales arrendados, mientras que la mayoría del "inmovilizado" fue adquirido "mediante leasing".
Asimismo, efectuaban pagos a proveedores en metálico y las cantidades de las que disponían en cuentas corrientes "eran destinadas al pago de deudas o a amortización de préstamos de cargo inminente al ingreso en cuenta", una circunstancia que condujo a que la gestión recaudatoria de la Seguridad Social resultara "infructuosa".
Las citadas sociedades también incumplieron "los requisitos en el Código de Comercio respecto a la llevanza de libros contables" y además "ninguna" de ellas depositó las cuentas anuales en el registro mercantil desde 2008" ni instaron su declaración de insolvencia.
