Un prestamista será juzgado los próximos 14 y 15 de diciembre en la Audiencia de Gipuzkoa, acusado de estafar a dos mujeres de avanzada edad, una de ellas ya fallecida, para quedarse con sus viviendas cuando las víctimas no lograban devolverle el dinero que les concedió con unos intereses de demora del 30 %.
La Fiscalía de Gipuzkoa considera a este hombre responsable de dos delitos de estafa por los que reclama que se le impongan penas que suman ocho años y medio de cárcel, así como multas por un importe total de 21.600 euros, al tiempo que demanda distintas compensaciones económicas para las damnificadas.
Por su parte, la acusación particular, que ejerce el letrado Joseba Salegi en representación de las mujeres, eleva su petición de condena hasta los veinte años por dos delitos de estafa agravada en concurso ideal con otros dos de amenazas.
Asimismo reclama que se imponga al hombre una multa de 504.000 euros y que indemnice a una de las perjudicadas con 147.110 euros y con 114.000 a la otra.
INTERMEDIACIÓN FINANCIERA
Según el escrito de acusación del Ministerio Público, al que ha tenido acceso EFE, el primero de los casos se remonta al año 2004, cuando una de las víctimas acudió a una empresa de intermediación financiera para obtener dinero con la que costear diversas reformas en su vivienda de Legazpi.
Esta entidad le puso en contacto con el acusado, con el que firmó un contrato por el que recibía 40.000 euros que debía devolver "sin intereses" en el plazo de un año, aunque en el caso de no hacerlo así "se devengarían unos intereses de demora del 30 % anual".
En paralelo, la mujer constituyó una hipoteca sobre su vivienda como "garantía del pago de los 40.000 euros, más tres años de intereses de demora al 30 % y 8.000 euros de costas y gastos".
DINERO EN METÁLICO
El documento de la Fiscalía aclara que la entrega del dinero del préstamo a la víctima se llevó a cabo en metálico, si bien "no consta" la cantidad que "realmente" ésta llegó a percibir.
Así las cosas, la víctima, que "desconocía" cualquier dato que le permitiera "ponerse en contacto" con el acusado, no devolvió el dinero ni en el primer año ni en los siguientes hasta que, "transcurridos casi cuatro años", el procesado regresó "para reclamarle el pago del préstamo".
La víctima, que "desconocía cuál era la cantidad exacta que le debía", comenzó a hacerle abonos mensuales de 500 euros que le entregó "en mano, hasta "una cantidad cercana a los 40.000 euros".
El texto del Ministerio Público precisa que el 11 de noviembre de 2008 presuntamente el encausado cedió el crédito a una empresa de su propiedad a cambio de 46.000 euros.
PAGO DE LA DEUDA
Seguidamente, "bajo la presión de que iba a quitarle la vivienda", convenció a la mujer para que firmara un nuevo documento con el fin de "solucionar el problema del pago de la deuda", a lo que ella accedió "ante el temor" de perder su casa.
De esta manera, el 23 de julio de 2015, la damnificada acudió a una notaría de Donostia donde suscribió la "dación de su vivienda al acusado" en pago de la deuda fijada "unilateralmente" por él mismo en 46.000 euros, la misma cantidad en la que valoró el domicilio, cuyo tasación real en esa fecha era de 90.300 euros.
La Fiscalía aclara que, "debido a su falta de conocimiento de los conceptos jurídicos utilizados y su escasa formación", la anciana no comprendió el alcance y consecuencias" del documento que firmaba y que "determinó que fuera privada de su vivienda por debajo de su valor".
Posteriormente, "con el fin de permanecer" en el domicilio, la víctima alquiló la vivienda a la empresa del acusado, "a cambio de una renta mensual de 500 euros", si bien sólo pudo abonar dos mensualidades "debido a su precaria situación económica" ya que sólo contaba con 815 euros de pensión.
PRÉSTAMO HIPOTECARIO
El escrito de la Fiscalía detalla un segundo caso en el que el inculpado presuntamente actuó de una manera similar con una segunda mujer con la que en septiembre de 2005 firmó un préstamo hipotecario bajo la garantía de su piso de Errenteria, tasado en 240.404 euros, a cambio de un préstamo de 55.000 euros y 11.000 euros para costas y gastos.
El contrato tenía un plazo de devolución de seis meses en los que los intereses serían del 8 %, que fueron pagados de forma anticipada, tras lo que el capital no devuelto generaría unos intereses de demora del 30 %.
El documento del Ministerio Público aclara que esta segunda víctima "percibía una pensión de 630 euros y no tenía estudios ni formación suficiente que garantizara que pudiera comprender perfectamente el alcance y consecuencias de las condiciones que aceptó, ni las hubiera asumido de haberlas entendido de forma plena".
Transcurridos varios años sin devolver el importe del préstamo, "a finales de 2008 o principios de 2009", el prestamista reclamó a la mujer el pago "del capital e intereses devengados", quien no tenía "conocimiento cierto" de la cantidad adeudada pero que le entregó en mano 500 euros, al menos en tres ocasiones.
Más adelante, en septiembre de 2009, presuntamente la indujo, "bajo la presión constante de dejarla en la calle con sus hijos", a firmar un poder a su favor que le facultaba para hacer en su nombre todo tipo de transacciones y operaciones en relación a la vivienda, tras lo que presuntamente llevó a cabo una operación similar a la padecida por la primera víctima para obtener igualmente la "dación en pago" del domicilio y alquilársela a la perjudicada.
