Propietarios de viviendas turísticas de Gipuzkoa han puesto en marcha la asociación de pequeños propietarios y gestores de viviendas turísticas Etxetur, para reivindicar ante las instituciones y los ciudadanos "la necesidad y ventajas del alquiler vacacional en casas y apartamentos turísticos". Critican que, en los últimos años, se han convertido "en uno de los colectivos más señalados dentro del debate sobre la vivienda en Donostia".

En un comunicado, los promotores de Etxetur han señalado que el alquiler turístico supone "un complemento económico" o el "principal medio de vida" para muchos pequeños propietarios.

Escasez de vivienda

Además, han apuntado que, según datos oficiales, "las viviendas turísticas representan aproximadamente el 1,27 % del parque total de viviendas de San Sebastián", una cifra "muy por debajo de las viviendas destinadas a oficinas y actividades profesionales, y muy inferior al número de viviendas vacías de la ciudad".

A ello han añadido que, sin embargo, con frecuencia se les señala como "responsables de la escasez de vivienda y de la saturación del espacio público". A su juicio, "simplificar un problema complejo y cargarlo sobre un único colectivo no refleja la realidad, ni ayuda a encontrar soluciones".

Asimismo, han lamentado que "el injusto endurecimiento progresivo de las condiciones y requisitos" para ejercer su actividad "no responde a un análisis integral del problema de la vivienda y está teniendo un impacto directo sobre los pequeños propietarios".

Libre elección

En este contexto, en el que se sienten "señalados" y "estigmatizados", han puesto en marcha la asociación "sin ánimo de lucro, independiente y abierta", Etxetur para "reivindicar ante las instituciones y los ciudadanos la necesidad y ventajas del alquiler vacacional en casas y apartamentos turísticos" y ayudar a sus miembros a "adaptarse a un marco regulatorio cada vez más complejo y exigente, garantizando el cumplimiento normativo, la calidad del servicio y hacerla prosperar en un ámbito en constante cambio".

Según han explicado, su intención es "colaborar con las instituciones, los responsables políticos y las partes interesadas", para "garantizar" sus derechos y "contribuir a que las normas que configuren el futuro del alquiler a corto plazo, apoyen la diversidad y calidad de la oferta, la libre elección del consumidor y el turismo responsable".

También han reivindicado "la necesidad de trabajar en equipo, con diálogo y datos completos, para abordar los retos de la vivienda y la convivencia urbana".