La regularización de cientos de inmigrantes sin papeles era un melón que había que abrir. De hecho, todos los grupos políticos representados en el Congreso de los Diputados, excepto Vox, habían dado luz verde en 2024 al debate en la Cámara Baja. Se calcula que en la actualidad hay unas 840.000 personas en esa situación. Y el Gobierno abre la puerta ahora al 60% de todos ellos: 500.000 personas. Mediante un real decreto. Sin pasar por el Congreso. La polémica está servida tras la aprobación este martes en el Consejo de Ministros.
Son todo cifras aproximadas. La estimación del Gobierno central es que se beneficiarán de esta regularización extraordinaria 500.000 personas en todo el Estado: aquellas que antes del 31 de diciembre de 2025 puedan acreditar que llevaban viviendo al menos cinco meses entre nosotros. Y ello podría dar cobertura legal a cerca de 5.000 inmigrantes sin papeles en Gipuzkoa.
El Gobierno Vasco ha reaccionado con pies de plomo al anuncio del Gobierno central. Nada de cifras, ni estimaciones. Cabe recordar la trascendencia de esta medida para una comunidad con tantas competencias como Euskadi.
¿500.000, sí y 340.000, no?
La propia portavoz, María Ubarretxena, ha asegurado este mismo martes que lo único que saben les ha llegado por la prensa. Nada oficial. Y ha añadido que están pendientes de conocer los requisitos exigidos por el Gobierno. De la letra pequeña: la que indique por qué 500.000 sí, y los restantes 340.000, no.
La horquilla de personas regularizadas en la CAV podría ir desde los 15.000 hasta los 20.000. Pero Lakua no se moja. “Lo único que sabemos”, afirman fuentes del departamento de Bienestar, Juventud y Reto Demográfico, es que en 2024 en Euskadi había “316.000 personas inmigrantes”, según datos del observatorio Ikuspegi.
La gran mayoría con papeles, eso sí. Es un 14% del total de la población vasca. En España, los inmigrantes, sumando los regularizados y sin papeles, alcanzan ya el 19,3%: 9,5 millones de personas. Son las herramientas que tenemos hoy para hacer cábalas. Esbozos de lo que puede ser.
Lo que no admite discusión y son datos, es que Cáritas Gipuzkoa ya advirtió en su último informe que 8.450 de las 14.442 personas atendidas por esta organización en 2024 en nuestro territorio “carece de situación administrativa regularizada”. Y alertó de que ello “impide el acceso a derechos básicos como el empleo y la vivienda y cronifica la exclusión”.
Ha habido otras seis desde 1985
No es la primera vez que se realizan regularizaciones extraordinarias en el Estado español. Son ya seis y con gobiernos de diferente color. Esta sería la séptima. Según ha recordado este martes la portavoz del Gobierno central, Elma Saiz, en su comparecencia tras el consejo de ministros, “en democracia se han llevado a cabo dos impulsadas por el PP (2000 y 2001) y cuatro por el PSOE (1986, 1991, 1996 y 2005).
Mientras, a nivel de la Unión Europea se han realizado más de 40 regularizaciones desde los años 90, las últimas en Italia y Portugal en 2020 y 2021. Solo en el Estado español casi 1,2 millones de personas a los que se sumaría ahora otras 500.000.
Acuerdo con Podemos
Sin embargo, la noticia de la regularización extraordinaria ha caído como una bomba en el tablero político. Fue Podemos quien la dio a conocer el lunes por la tarde en un acto del partido. Y es fruto de un acuerdo político entre la formación morada y el Ejecutivo que lidera Pedro Sánchez. Nadie más.
La vía elegida es un real decreto que evita el debate y la votación en el Congreso para aprobar la Iniciativa Legislativa Parlamentaria (ILP) que estaba en trámite. El Gobierno se escudó en que la ILP estaba “guardada en un cajón” y que esta es una “respuesta ágil, eficaz, garantista y segura” de lograr lo que se buscaba.
Irene Montero, de Podemos, presume de "haber arrancado" este acuerdo al Gobierno
La secretaria política de Podemos, Irene Montero, ha señalado que es un acuerdo que “hemos arrancado al PSOE”. Tachó la Ley de Extranjería de “ley racista” y no descartó que se pueda llegar a regularizar a los “840.000” inmigrantes sin papeles que habría hoy en España.
Mayoría de latinoamericanos
Esa cifra la acaba de ofrecer Funcas en su nuevo informe de enero de 2026. El centro de análisis e investigación económica y social en España apunta a un “crecimiento considerablemente sostenido del número de extranjeros en situación irregular desde 2017”, cuando la cifra estimada apenas superaba los 107.000. Se habría “multiplicado por ocho”, hasta los 840.000.
Funcas valora que se sacará del "limbo administrativo" a miles de personas, pero echa en falta una "planificación"
Según Funcas, entre todos ellos, destacan las nacionalidades americanas, con 760.000 residentes en situación irregular. Y, entre ellas, la colombiana (cerca de 290.000), la peruana (casi 110.000) y la hondureña (90.000). A bastante distancia, se sitúan las nacionalidades africanas (50.000), las asiáticas (15.000) y las europeas (14.000) de fuera de la UE.
Salir del “limbo” administrativo
Funcas considera que “facilitar la regularización por arraigo contribuirá, seguramente, a la integración social de muchos inmigrantes, que pasarán menos tiempo en un limbo administrativo sui generis y que tendrán acceso al empleo regular”, pero lamenta que el patrón migratorio de los últimos 25 años se repite en España y “sigue sin implicar planificación”.
El presidente del EBB del PNV, Aitor Esteban, defendió la regulación de migrantes, pero dejó entrever lo que sí dijo la portavoz jeltzale en el Congreso de los Diputados, Maribel Vaquero, quien acusó al Gobierno de “oportunismo político” y de ejecutar una regularización, “un asunto que había que abordar”, de manera “improvisada” y al margen de la Cámara Baja.
¿“Día histórico” o “frivolidad”?
Por su parte, la portavoz del Gobierno, Elma Saiz, ha calificado este martes como un día “histórico”, porque lo que se está haciendo es "reconocer, dignificar, dar garantías, oportunidades y derechos" a personas que ya están viviendo en España y que con su trabajo están teniendo un “impacto real” y “positivo” en la economía del país.
Saiz descarta un posible “efecto llamada" que sí ve el PP. Los populares, de hecho, llegaron a calificar de “ilegal” la propuesta de regularización masiva. Y la tacharon de “frívola”, al considera que es una “maniobra” del PSOE para “intentar tapar si es seguro coger un tren hoy". Así lo manifestó la portavoz del Partido Popular, Ester Muñoz.
Feijóo dijo al colectivo inmigrante en 2024 que el PP "es sensible" y "buscaremos soluciones"
El PP fue uno de los partidos que en 2024 votó a favor del debate de la ILP sobre la regularización en el Congreso de los Diputados. De hecho, el propio Núñez Feijóo, líder de la oposición, aseguró entonces al colectivo inmigrante que su partido, el PP; “es sensible con ellos y buscaremos soluciones”.
Sindicatos e Iglesia, juntos
A favor de la regularización se mostraron los sindicatos, y la iglesia, en toda su dimensión, junto con infinidad de ONG y colectivos sociales. Para LAB, es una “victoria social”. Y para la Iglesia, incluida la Conferencia Episcopal, que había apoyado la ILP de Regularización Ya, “un acto de justicia social y reconocimiento a tantas personas migrantes que con su trabajo llevan tiempo contribuyendo al desarrollo del país aún a costa de mantenerles en situación irregular”.
Vox llevará al Tribunal Supremo el real decreto aprobado en el Consejo de Ministros y pedirá una "suspensión inmediata"
Vox, por su parte, ha dicho que recurrirá ante el Tribunal Supremo el real decreto aprobado en el Consejo de Ministros. Así lo ha avanzado la portavoz del Grupo Parlamentario en el Congreso de los Diputados, Pepa Millán, quien ha señalado que su grupo solicitará la "suspensión inmediata" de cualquier regularización extraordinaria de inmigrantes. También añadió que “el PSOE se está cargando España, y todo con tal de que Sánchez permanezca un rato más en la Moncloa”. Vox remató diciendo que “se opone a la invasión, a la ruptura de identidad y al colapso de los servicios públicos".
