La plataforma Stop Desahucios Gipuzkoa ha exigido este sábado a los partidos vascos con representación en el Congreso de los Diputados de Madrid (EH Bildu y EAJ-PNV) “que aprueben la prórroga del decreto de suspensión de los desahucios de inquilinos e inquilinas vulnerables sin alternativa habitacional (Real Decreto Ley 11/2020) y su última prórroga (RDL 1/2025), mientras dure” lo que califican de “inhumana crisis habitacional especulativa”.
Stop Desahucios reivindica las prórrogas de un año para los municipios no tensionados y de tres para los tensionados, tal y como regula la Ley de Vivienda.
Esto se aplica para los contratos que vayan finalizando y que los arrendadores no quieren renovar. Y estas prórrogas “impiden que, si el inquilino no desaloja la vivienda, se interpongan en los juzgados demandas de desahucio por finalización de esos contratos”.
La plataforma considera que estamos en una “crisis habitacional sin precedentes” que requiere de medidas contundentes, como la aprobación por ley de una prórroga automática de los contratos que vayan finalizando a lo largo de 2026.
Vivienda asequible desbordada
El análisis que ha realizado la portavoz, Rosa García, ha sido crudo, denunciando un “precio del metro cuadrado tanto para venta como para alquiler” que “ha superado en Euskadi los precios especulativos que hicieron estallar la burbuja inmobiliaria del 2008”. Y con un “parque público de vivienda asequible insuficiente y desbordado”.
Sin este escudo legal de las prórrogas, asegura la plataforma, en 2026 se dispararán los desahucios de familias vulnerables sin alternativa habitacional. Son más de 60.000 familias con el desahucio suspendido en el Estado y “miles” en la CAV.
La medida, que nació en un contexto de emergencia sanitaria debido al Covid-19, en 2020, ha derivado en una prolongada moratoria anual pendiente cada ejercicio de apoyo político en el Congreso de los Diputados, generando tensiones entre quienes sostienen que sigue siendo necesaria para proteger a colectivos vulnerables y quienes plantean que distorsiona el mercado de alquiler y genera inseguridad jurídica.
Donostia, Irun y Errenteria
Según los datos obtenidos por Stop Desahucios a raíz de los informes de vulnerabilidad emitidos por los servicios sociales a petición de los jueces, durante 2025 han sido 58 las familias en Donostia que se han acogido al Decreto de suspensión de los desahucios, a los que hay que añadir los emitidos de 98 familias en 2024.
En Irun han sido 33 este año, que se suman a los 50 cursados en 2024. Y los datos en Errenteria “son similares”, aseguran.
En el Estado se prevé la finalización de más de 630.000 contratos de alquiler, según informa el Ministerio de Consumo, y en Euskadi puede son 26.000 con fianza y contrato en vigor, que son las que controla el Gobierno Vasco.
Stop desahucios reclama la renovación automática por ley de los contratos que vayan expirando en 2026
Los datos ofrecidos por Stop Desahucios contabilizan, por ahora, 22 familias de los municipios tensionados de Donostia, Errenteria e Irun que han solicitado la prórroga de tres años; y otras 5 familias que las han solicitado de un año en municipios no tensionados. “La vivienda es un derecho, no un negocio”, ha dicho García este sábado.
Origen y prórrogas
• La suspensión extraordinaria de desahucios por impago de alquiler para personas y familias vulnerables se activó por primera vez durante la pandemia de Covid-19 en 2020 y se ha ido prorrogando sucesivamente desde entonces.
• El Real Decreto-ley 1/2025, de 28 de enero de 2025, aprobó una prórroga de la suspensión de desahucios y lanzamientos para personas vulnerables sin alternativa habitacional hasta el 31 de diciembre de 2025.
• La norma también prevé que los arrendadores puedan solicitar compensación por los desahucios suspendidos hasta el 31 de enero de 2026.
• En estos momentos, la suspensión está vigente hasta el 31 de diciembre de 2025, pero su prórroga aún está en negociación política. Es por eso que Stop Desahucios reclama el apoyo de los partidos vascos.
A la concentración de Stop Desahucios acudieron en solidaridad y apoyo representantes de EH Bildu en el Parlamento Vasco y los ayuntamientos de Donostia y Errenteria; por parte de Elkarrekin Gipuzkoa (Podemos), representantes de las Juntas Generales y los ayuntamientos de Irun, Errenteria y Lasarte-Oria y un representante de IU en el Ayuntamiento de Donostia. Y también de colectivos sociales como el sindicato STEE-Eilas, Cáritas Altza, Satorralaia y el sindicato de inquilinos Saretxe.
