El gerente de Askabide, Igor Elberdin, asegura estar tranquilo después de haber “podido demostrar, con pruebas objetivas, lo que realmente ocurría” frente a la sede de esta clínica en Vitoria. Hasta 21 antiabortistas fueron juzgados la semana pasada en la capital alavesa, en el que es el primer juicio de este tipo que se celebra en Europa. No obstante, Elberdin denuncia que los imputados no respondieron o incluso negaron declaraciones que habían realizado previamente ante la jueza.

Una vez llegados al juicio oral, negaron, minimizaron o reinterpretaron hechos que ya habían reconocido textualmente. En la práctica, intentaron sustituir su versión judicial inicial por una narrativa mucho más edulcorada, en la que se presentaban como simples viandantes rezando sin organización ni objetivo”, asegura a este periódico, recalcando que estas declaraciones, realizadas en la fase inicial del proceso, en sede judicial, “sin ningún tipo de presión y con total libertad para relatar los hechos tal y como ellos mismos los vivieron”, ofrecen una descripción “muy detallada de su estructura, su forma de actuación y su objetivo”. 

Varios de los imputados, por ejemplo, habrían confirmado estar organizados en turnos, lo que desmontaría su defensa de que estas concentraciones eran acciones esporádicas. “Es una hora a lo largo del día. Cada día hay diferentes horas, diferentes turnos y cada uno se apunta”, habría señalado una de ellas, mientras que otra habría asegurado que estas concentraciones formaban parte de una campaña que habrían realizado entre el 28 de septiembre y el 6 de noviembre de 2022.

"Describe claramente una campaña prolongada, organizada, sistemática y estructurada, con turnos, responsables de día, y responsables de WhatsApp"

Además, estas concentraciones contarían con responsables que cada día se encargaban de los turnos. “Esto describe claramente una campaña prolongada, organizada, sistemática y estructurada, con turnos, responsables de día, responsables de WhatsApp, distribución horaria, coordinación interna y presencia continuada frente a la clínica durante semanas”, agrega Elberdin.

Durante estas declaraciones, asimismo, los imputados habrían confesado haber tenido reuniones de preparación previas a la campaña en las que les habrían establecido normas internas y estrategias concretas sobre “cómo actuar, qué decir, qué no decir, cómo evitar enfrentamientos y, sobre todo, cómo mantenerse dentro del límite legal para no incurrir en delito”. “Una de las investigadas relató: En una de las reuniones que tuvimos antes nos dijeron que incluso mantuviéramos la mirada baja”, apunta el gerente de Askabide, que revela otras declaraciones como “Tenemos unas normas bastante estrictas” y “Conocía la ley previamente. Si hay acoso, lleva delito de cárcel o multa”.

"No es lo mismo estar delante de una clínica que rezar a 100 metros"

Del mismo modo, indica, eran conscientes de la importancia de la ubicación escogida para estas concentraciones. “No es lo mismo estar delante de una clínica que rezar a 100 metros o dentro de una iglesia”, habría verbalizado una de ellas, lo que para Elberdin “demuestra que la ubicación frente a la clínica es el eje de su acción, no un siempre lugar casual donde rezar”. “Su objetivo declarado es influir, mediante presencia física, en la decisión reproductiva de mujeres que acuden a la clínica”, agrega.

Sobre esta cuestión, las antiabortistas incluso contarían con servicios con los que tratar de cambiar la opinión de las mujeres que acudían a la clínica. “Ellos lo describen como ayuda, pero la naturaleza de esas ayudas, según sus palabras, es inequívoca”, afirma Elberdin, que pone varias declaraciones como ejemplo: “Le ayudamos económicamente o con lo que nos pida”, “Le derivamos a una asociación” o “Se ha buscado vivienda a gente que decía que no tenía dónde vivir”.

“Esto forma parte de una estructura paralela de intervención social, diseñada para orientar a mujeres en situación de vulnerabilidad hacia alternativas distintas a la IVE (Interrupción Voluntaria del Embarazo)”,  indican desde Askabide, señalando que los imputados conocían la ley y habían diseñado “una conducta pensada para situarse en el borde del delito sin cruzarlo”.

“Si una acción genera tensión social repetida demuestra que no se trata de una actividad neutra”

“Cuando una acción genera tensión social repetida, día tras día, frente a una clínica sanitaria, eso demuestra que no se trata de una actividad neutra, sino disruptiva y generadora de conflicto en el espacio público”, agrega Elberdin, desvelando que el grupo confesó haber recibido insultos, escupitajos y amenazas por concentrarse.

“Estrategia defensiva”

Para el gerente de la clínica, “la diferencia entre lo declarado ante la jueza y lo declarado en el juicio es demasiado grande como para ser casual”. “Este viraje encaja con una estrategia defensiva evidente: intentar neutralizar el impacto jurídico y social de lo que ellos mismos confesaron previamente”, apunta.

“Esta contradicción no puede pasar inadvertida, y esperamos que la jueza la valore”

Según recuerda Elberdin, estas declaraciones fueron decisivas para que la jueza adoptara la medida cautelar de alejamiento de 100 metros con respecto a la clínica, ya que “mostraban un patrón de actuación organizado, persistente y potencialmente coactivo”. “La decisión judicial no se tomó contra los imputados, se tomó basándose en sus propias palabras, dichas frente a su señoría, con su abogado presente, sin presión ni coacciones”, comenta, confiando en que la jueza tenga también presentes estas declaraciones de cara a dictar sentencia. “Esta contradicción no puede pasar inadvertida, y esperamos que la jueza la valore, porque el Derecho Penal no tolera que una persona trate de reescribir su propia declaración para adaptarla a una estrategia defensiva posterior”, agrega.