Jueces y fiscales vascos exploran el modelo Barnahus en las agresiones sexuales infantiles
Un técnico y el director de Infancia, Adolescencia y Familia del Gobierno vasco detallan el funcionamiento de la primera Casa de la Infancia de Euskadi
“Esta semana ha sido la apertura simbólica del recurso pero atenderemos los primeros casos de agresión sexual el primer trimestre de 2026. La violencia sexual infantil es una de las peores atrocidades a la que nos podemos enfrentar como sociedad ”. Gorka Oraá, director de Infancia, Adolescencia y Familia del Gobierno vasco habla así de la Barnahus (Casa de la Infancia en islandés), el primer centro de atención integral en Euskadi concebido para proteger a menores víctimas de abuso y evitar su revictimización a través de la acción coordinada de un equipo multidisciplinar formado por psicólogos, trabajadores sociales, médicos, forenses, policía, fiscalía y judicatura. Todo bajo un mismo techo, cuya localización es secreta, y cuyas estancias –desde la sala de declaración a los espacios de terapia o la pequeña cocina– están diseñadas para infundir una sensación de “comodidad” en las víctimas. Entre 2020 y 2023 se registraron 1.009 denuncias y el 40% de víctimas de agresión sexual que atiende Osakidetza son ya menores de edad.
El 40% de las víctimas de agresión sexual que atiende Osakidetza son niñas y adolescentes menores de edad
Las Barnahus se han revelado como un método eficaz en la reducción de la victimización secundaria y en un mejor trato hacia los niños, niñas y adolescentes víctimas de violencia sexual, así como hacia sus familias. Asimismo, diversos estudios ponen de manifiesto que estas casas contribuyen a agilizar la intervención judicial y a incrementar el número de arrestos y enjuiciamientos. Tanto es así que desde que este modelo nació en Islandia en 1998, se ha triplicado el número de condenas. Según Oraá, el modelo Barnahus reduce el trauma de los menores ya que se evita múltiples declaraciones y desplazamientos entre distintas instituciones. “El objetivo principal del centro es no revictimizar al niño o niña que haya podido sufrir una agresión sexual, garantizar sus derechos e intimidad y prestar una atención integral en un entorno amable. Para lograrlo, el niño debe acudir a un recurso neutro en el que se sienta cómodo y donde, al contrario de lo ocurre en la actualidad, no deba repetir una y otra vez su testimonio. A día de hoy, las víctimas repiten la misma historia tres, cuatro o cinco veces, con lo cual la calidad del testimonio pierde fuerza”, apunta Oraá.
En Euskadi hay más de 600 puntos que pueden recibir y atender inicialmente las sospechas o denuncias de posibles casos de violencia sexual que pertenecen a distintos sistemas como sanidad, justicia, servicios sociales y seguridad. Y en cada uno de ellos intervienen diferentes equipos y profesionales. Desde que Ane (11 años) cuenta a su profesora que está sufriendo abusos por parte de un amigo de su familia hasta que el tribunal absuelve al presunto agresor porque no tiene elementos suficientes para condenarlo han pasado tres años y Ane ha tenido que contar y revivir los hechos a ocho personas diferentes. Durante este tiempo, Ane y su madre han seguido recibiendo apoyo psicológico en un centro privado. La joven con catorce años cumplidos evoluciona positivamente aunque sigue necesitando apoyo para afrontar el terror por la posibilidad de encontrarse con el agresor ya que sigue residiendo en el mismo municipio. Esta es la compleja realidad a la que se enfrentan la mayoría de los menores que rompen su silencio, por vergüenza o miedo a que no les crean, y verbalizan a un adulto lo que les ha pasado.
PRUEBA PRECONSTITUIDA
El informe de Save the Children Por una justicia a la altura de la infancia revela que el 61% de las sentencias en Euskadi tardan más de dos años en resolverse. Esta dilación, además de prolongar la incertidumbre, obliga a los niños y niñas a revivir los hechos en repetidas ocasiones durante la instrucción y el juicio, lo que provoca un grave impacto psicológico. Según la ONG, la prueba preconstituida (la grabación del testimonio del menor para que no tenga que repetirlo en el juicio) apenas se aplicó en algunos procedimientos, pese a que es obligatoria para los menores de 14 años. Cuando se utilizó, como en tres de los cuatro casos analizados en 2024, todas las sentencias fueron condenatorias, lo que muestra su eficacia tanto en la protección de las víctimas como en la solidez de los procesos.
“La prueba preconstituida es la clave de todo el modelo”, sostiene Iñigo Fernández, técnico de la dirección de Infancia, Adolescencia y Familias que ha gestado la Barnahus de Gasteiz, “El equipo fijo del centro va a analizar cuáles son las necesidades de cada caso y va a preparar al niño para que sea capaz de realizar en algún momento, cuando esté preparado, la entrevista que va a tener validez ante el juez”. La prueba preconstituida, añade Fernández, “es la declaración del menor en una la sala de la Barnahus que está interconectada con el tribunal por lo que el juez y el fiscal van a poder hacer preguntas para que la psicóloga o el psicólogo del centro pueda conducir un poco la entrevista”.
El recurso está formado por un equipo fijo y un equipo móvil. El equipo fijo lo forman cuatro personas: un coordinador, una administrativa, una psicóloga y una trabajadora social de la delegación alavesa del Instituto de Reintegración Social de Euskadi, una entidad que colabora con el sistema de justicia y los operadores jurídicos para promover la responsabilidad, la reparación, la reinserción social y la justicia restaurativa. Por otro lado, el equipo móvil se constituye por dos binomios de los servicios sociales de trabajadora social y psicóloga. El equipo móvil está formado por un pediatra, un médico forense, una ginecóloga, Ertzaintza, fiscalía y judicatura.
PROCESO UNIFICADO
Según explican, los y las menores serán derivados a Barnahus a través de los servicios sociales del Ayuntamiento de Gasteiz y de la Diputación de Araba. Y cuando se abran las Barnahus de Bizkaia y Gipuzkoa, la forma de entrada seguirá el mismo patrón. A a su llegada al centro, se realizará una acogida y una evaluación inicial multigrupo a la víctima. A su vez, dispondrá del tiempo necesario para realizar una terapia adecuada a sus necesidades con la psicóloga. De la misma manera, en la misma Barnahus, se le podrá hacer un examen médico. Una vez que la persona menor esté preparada (y nunca antes) realizará el relato de lo que le ha ocurrido acompañada en todo momento por la psicóloga. “Podrá comunicar los hechos en un entorno profesional, seguro y sin necesidad de profundizar en el relato”, señalan. Conectados a la sala de la declaración, desde una sala contigua, el coordinador de Barnahus, la Ertzaintza, la fiscalía y el equipo médico seguirán en directo el relato de la persona menor. La jueza lo seguirá on-line y el relato tendrá el mismo valor judicial que una declaración la sala del tribunal. Además, la víctima recibirá apoyo psicológico y jurídico a lo de todo el proceso.
Los profesionales de los servicios sociales, el equipo de trabajadores y los miembros de la dirección de Infancia, Adolescencia y Familias que se ocuparán de Barnahus ya han recibido una formación general. A partir de esta semana han comenzado a trabajar en el centro y paralelamente recibirán una formación especializada impartida por la Universidad del País Vasco (EHU) en colaboración con Save the Children. En el plazo de unos días viajarán Catalunya –donde hay ya 14 Barnahus– para conocer su experiencia. El técnico del Gobierno vasco señala que Catalunya “es la comunidad pionera en adoptar la metodología. Incluso los jueces, que hasta un tiempo eran la parte más reticente, han asumido la prueba preconstituida y el espacio seguro de la Barnahus como parte del proceso”. A pesar de que a nivel estatal cada vez se está abrazando más este modelo, “la fiscalía se siente que sentir segura”, alega Fernández. “El fiscal con el que hemos estado en el grupo de trabajo territorial nos comentó que iba a ser el primero en apostar por este modelo pero que si veía que el sistema no funcionaba, sintiéndolo mucho, seguiría en el cauce tradicional”, recuerda.
Desde hace unos meses el Consejo General del Poder Judicial está apostando por el modelo Barnahus. Los jueces están recibiendo formaciones. “En las sesiones informativas que hemos tenido también con Gipuzkoa y Bizkaia, los fiscales y jueces cada vez están más familiarizados. Creemos que es cuestión de tiempo que todos los jueces vean Barnahus como una cosa positiva ya que de lo que se trata es de proteger el interés superior del menor”. En opinión de este técnico, “es cuestión de tiempo que todos los jueces estén de acuerdo con este modelo porque evita la revictimización, se mire por donde se mire. Y creemos que es muy bueno para los niños”.
VIAJE A SUECIA
Según Save the Children, la revictimización tiene graves consecuencias para los niños, niñas y adolescentes víctimas de violencia sexual. Entre ellas, agrava el daño emocional causado por la victimización primaria, aumentando el estrés, la ansiedad y el malestar psicológico. También obstaculiza el proceso de recuperación emocional y psicológica de la víctima. Además, la repetición de entrevistas y pruebas puede alterar el testimonio del niño o adolescente, especialmente en edades más jóvenes. Se alarga el tiempo de intervención y judicialización, lo que incrementa la incertidumbre y el sufrimiento de la víctima. Además, provoca en la víctima una pérdida de confianza en el sistema y profesionales implicados. “Es fundamental evitar la revictimización mediante una atención coordinada, ágil y adaptada a las necesidades de las víctimas”, asegura director de Infancia, Adolescencia y Familia del Gobierno vasco.
Iñigo Fernández viajó en septiembre a Suecia en marco del proyecto conjunto de la Unión Europea y el Consejo de Europa para conocer de primera mano los avances en esta materia. La delegación visitó las Barnahus de Linköping y Estocolmo y tuvo contacto con profesionales jurídicos y representantes del Gobierno de Suecia, que tiene un sistema descentralizado, administrativamente similar al estatal. “En Estocolmo –dice– trabajaban hasta 80 personas porque tenían toda la unidad de policía dentro de la Barnahus. Linköping, en cambio, era un modelo más similar al que vamos a abrir aquí en Euskadi con un equipo fijo y equipos móviles que iban semanalmente teniendo reuniones para estudiar casos nuevos, hacer las entrevistas exploratorias y demás”.
Fernández explica que el principal aprendizaje que extrajo es que “Barnahus es un proceso, una metodología de trabajo que implica a un montón de profesionales que creen en una manera de actuar diferente a la convencional –que es que cada uno haga su parte y pase el testigo al siguiente– para trabajar todos por el bien del niño”. Y lo pudo comprobar porque “el equipo de trabajo hablaba en primera persona del plural. Es decir, que independientemente de que fuesen médicos, policías o fiscales, se identificaban con la labor común y la hacían suya al punto de hablar como nosotros la Barnahus”. Por el momento, los responsables de la Casa de la Infancia vasca desconocen cuántos niños y niñas serán atendidos. “Por la experiencia catalana –dice Fernández– sabemos que los casos se multiplican por 2,5. Desgraciadamente, ya sabemos que van a ser más casos de los que nos gustaría, pero no podemos dar una cifra concreta”.