El cuerpo de bomberos de la Diputación de Gipuzkoa se ha concentrado este martes frente a la institución foral para protestar por una medida relacionada con la convocatoria de 113 nuevas plazas para la Administración anunciada el pasado 22 de octubre.
Tras abrir la convocatoria, la Diputación explicó que retrasaría la obligatoriedad de contar con el perfil de euskera en el 34% de las plazas. A juicio de los bomberos que han participado en la protesta, “los plazos los conocemos y no suelen cumplirse”. Según señalan, la medida implicaría que, de las 68 plazas que corresponderían a los bomberos, 23 de las plazas ofertadas no requerirían un certificado de euskera obligatorio.
“El cuerpo de bomberos guipuzcoano es el único de Euskal Herria que se comunica en euskera a través del sistema de radio”, afirman. Añaden que ser bombero en Gipuzkoa exige mantener comunicaciones de servicio, reuniones y formaciones internas en euskera. Aun así, al tratarse de un servicio de emergencias, están obligados a ofrecer una atención completamente bilingüe.
“Mal menor”
Los bomberos, convocados por el sindicato LAB, aseguran que “la decisión de la Diputación deriva de las resoluciones judiciales contra los requisitos lingüísticos en las ofertas públicas de empleo”. En ese sentido, denuncian que la institución foral defina como “mal menor” que un tercio de las plazas no requiera euskera.
“Si esas plazas son ocupadas por personas sin nivel de euskera, el servicio perderá su identidad euskaldun actual”, apuntan. Explican que, en tal caso, esos trabajadores podrían recibir comunicaciones, participar en reuniones o en formaciones en castellano. “Es sabido que basta con que una persona no sepa euskera para que el funcionamiento en un grupo euskaldun pase al castellano”. Por ello, muestran su “preocupación” por que el servicio termine funcionando íntegramente en castellano.
Asimismo, recuerdan que la decisión de la Diputación no coincide con los resultados del último examen interno realizado en el cuerpo, donde reforzar el servicio en euskera fue identificado como una prioridad. Por esa razón, han trasladado varias preguntas a la institución: “¿Dónde queda el proceso de euskaldunización de las plazas de funcionario? ¿Dónde queda el derecho de la ciudadanía a recibir el servicio en la lengua que elija?”.
En la concentración han instado a la Diputación a reflexionar sobre las decisiones adoptadas, y han defendido que “todas las plazas deberían requerir certificado de euskera”.