Amnistía Internacional alerta de que persisten en el Estado español obstáculos para acceder al derecho a la interrupción libre del embarazo, sobre todo por la objeción de conciencia de profesionales sanitarios que limita la práctica en ciertos territorios y por una mayor dificultad para las mujeres migrantes en situación irregular.
La organización ha hecho público este jueves el informe 'When rights aren't real for all: The struggle for abortion access in Europe' ('Cuando los derechos no se respetan por igual para todas las personas: La lucha por acceder al aborto en Europa', en castellano).
En él, valora que el Estado haya dado pasos legislativos para mejorar el acceso al aborto, como también han hecho Dinamarca, Finlandia o Noruega. Con esos pasos se refiere a prohibir el acoso en las clínicas de interrupción del embarazo o la reforma legal para acabar con los días de reflexión y la exigencia de permiso paterno para chicas de 16 y 17 años.
Obstáculos
Sin embargo, advierte de que siguen existiendo obstáculos, alertando de que "la objeción de conciencia de algunos profesionales de la salud puede limitar el acceso en ciertas áreas, obligando a desplazamientos para recibir atención o a recurrir a la sanidad privada".
En este sentido, manifiesta que la falta de registro de objetores de conciencia en la Comunidad de Madrid, Baleares, Aragón y Asturias impide planificar los recursos para garantizar que las mujeres puedan interrumpir su embarazo en la sanidad pública. Además, señala que las restricciones prácticas en el acceso a la sanidad pública afecta a migrantes en situación administrativa irregular que quieran abortar y recuerda que fuera de los supuestos legales establecidos, el aborto sigue estando penalizado.
