Juana Rivas ha centrado este jueves su declaración como investigada por un posible delito de sustracción internacional de menores en tratar de demostrar que el menor de sus hijos sufre malos tratos del padre, el italiano Francesco Arcuri.
Durante alrededor de una hora, Rivas ha contestado exclusivamente a preguntas de su letrado, el abogado Carlos Aránguez, quien a la salida del Juzgado de Instrucción 4 de Granada ha explicado a preguntas de los periodistas que la defensa se ha centrado en los posibles malos tratos al menor.
Rivas se ha pronunciado también ante los periodistas para pedir que "se acabe el circo" y escuchen a su hijo, que ahora tiene once años y vive en Italia con el padre, quien tiene la custodia.
Aránguez ha explicado que la titular de Instrucción 4 encargada de la causa ha pedido que no ofrezcan detalles de la causa, en la que ha presentado informes de hospitales, imágenes de lesiones y otra documentación vinculada a esos malos tratos por los que se celebra una causa independiente contra Arcuri en Italia.
Por otro lado, el letrado del italiano, Enrique Zambrano, ha incidido en que la causa juzga la sustracción de menores que vulneró el derecho de custodia del padre y no otros delitos.
LLEGADA AL JUZGADO
Juana Rivas ha llegado al filo de las diez de la mañana al edificio judicial de la Caleta de Granada para declarar como investigada por presunta sustracción de menores, tras la denuncia presentada por su expareja después de que el hijo pequeño que tienen en común no regresara a Italia en el plazo fijado por la justicia italiana tras pasar las vacaciones de Navidad con la madre en Maracena (Granada).
A su llegada a la juzgados, entre una nube de periodistas y acompañada por su abogado, Carlos Aránguez, la madre de Maracena ha señalado que afronta "tranquila" este proceso, que investiga el Juzgado de Instrucción 4 de Granada.
Juana Rivas ya fue condenada por sustracción de menores a raíz de que en 2016 sacara a sus dos hijos de Italia sin consentimiento del padre alegando que huía de una situación de maltrato. Más tarde, en verano de 2017, permaneció un mes en paradero desconocido con los niños.
El Tribunal Supremo rebajó de cinco a dos años y medio de prisión la pena que le fue impuesta y el Gobierno le concedió el indulto parcial en 2021, a condición de que no cometiera el mismo delito en el plazo de cuatro años. Ello, desde la publicación del real decreto en el BOE, que es del 17 de noviembre de 2021, por lo que una hipotética condena podría afectar a la medida de gracia.
HABLAN LOS ABOGADOS
Los abogados de Rivas han lamentado, a través de un comunicado, que casi una década después, el laberinto jurídico de este caso les "conduce de nuevo a la casilla de salida", al estar de nuevo Juana investigada por sustracción de menores en España, pero ahora --subrayan-- "con Arcuri sentado en un banquillo acusado por el fiscal de maltratar a sus hijos. El inicial error de no tramitar adecuadamente la denuncia presentada el día 12 de julio de 2016 nos ha llevado a este kafkiano bucle jurídico", lamentan.
Afirman que "Gabriel ha perdido su infancia y sólo ha podido escapar del infierno de maltrato en el que vivía cuando, al cumplir los 16 años, pudo decidir venir a España a vivir con su madre. Con 18 años, mayor de edad, relató en primera persona todo lo que ha sufrido".
Sobre el hijo pequeño, Daniel, lamentan que "solamente ha sido escuchado una vez en España por una única jueza, que decidió otorgarle su protección" y que "la ausencia de coordinación entre el Procedimiento Civil y Penal en Italia ha permitido una situación excepcional: que Daniel, con 11 años, sea el principal testigo/víctima del procedimiento por malos tratos impulsado por la Fiscalía Italiana contra su padre, pero que tenga que acudir al juicio de su mano y viviendo en su casa".
Una decisión que ya han recurrido ante el Tribunal Supremo italiano, que en 2024 les dio la razón, pero el Tribunal de Cagliari volvió a tomar una decisión contraria a ese criterio.
Afirman por tanto que "el error en la estrategia legal de Arcuri, al volver a denunciar a Juana por sustracción de menores", les permite poner el foco "en lo importante: la protección del menor".
"Juana por fin ha tenido la oportunidad de exponer en España una tras otra, las múltiples pruebas que acreditan la terrible violencia física y psíquica a la que Arcuri ha sometido a Daniel durante todos estos años. Cumplido este objetivo con la declaración de hoy, mañana solicitaremos el archivo de este procedimiento, pues es claro que estamos ante una madre que solo pretende defender a su hijo", sostienen.
NAVIDAD
En este segundo caso, los hechos se remontan a principios de año. La Corte de Apelación de Cagliari fijó para principios de enero el regreso del niño a Cagliari, donde reside con el progenitor dado que tiene la custodia; si bien el equipo jurídico de Rivas pidió medidas cautelares para evitar que lo hiciera alegando que estaba en "grave riesgo" en tanto que el padre está procesado en Italia por presuntamente maltratarle, en una causa independiente que sigue su curso en el país alpino.
El 7 de enero, el mismo Juzgado de Instrucción 4, que ese día ejercía en funciones de guardia, tomó declaración al menor y acordó la suspensión provisional de su entrega al padre en la línea de lo que habían solicitado tanto la Fiscalía como la representación legal de la madre.
La magistrada Susana Álvarez Civantos --sobre la que ahora ha recaído la instrucción del caso-- consideró en ese momento que el relato del niño, de once años, era "serio y convincente"; y acordó su "inmediata protección" en base al Convenio de La Haya y demás normativa existente a fin de primar el "interés superior del menor".
El pequeño no regresó a Italia hasta el pasado 25 de julio tras un intenso cruce de acciones judiciales entre las partes.
Aunque el Juzgado de Instrucción 4 de Granada archivó inicialmente la denuncia que Arcuri presentó contra Juana Rivas por sustracción de menores, la Audiencia Provincial estimó en julio parte de su recurso y ordenó al juzgado reabrir el caso para practicar las diligencias de investigación adecuadas y, en particular, la declaración en calidad de investigada de Rivas.