La Fiscalía y las dos acusaciones particulares que representan a los once menores varones víctimas del monitor de surf condenado a más de 71 años de cárcel por abusos sexuales y posesión de material de explotación infantil han reclamado este miércoles que se prorrogue su situación prisión provisional, ya que la sentencia aún no es firme.
El fiscal y las dos letradas de las víctimas han hecho esta petición durante una vista que ha tenido lugar este miércoles en la Sección Tercera de la Audiencia de Gipuzkoa, que deberá pronunciarse ahora sobre la situación del condenado quien, tras una primera prórroga, el próximo agosto cumplirá cuatro años en prisión provisional.
No obstante, al haber sido ya condenado en primera instancia, la ley permitiría ahora una segunda prórroga por un tiempo igual a la mitad de la pena impuesta, a la espera de que la sentencia sea firme.
Prisión provisional
Durante la vista celebrada este miércoles, el fiscal ha reclamado así que se prorrogue nuevamente la situación de prisión provisional del encausado debido a que persisten los riesgos de fuga y de reiteración delictiva que motivaron la primera prórroga de encarcelamiento. Ha recordado además la gravedad de los delitos por los que ha sido condenado, así como la relevancia de la pena impuesta, por lo que entiende que existe "un evidente riesgo de fuga", ya que además el monitor de surf tiene la doble nacionalidad española y venezolana.
Ha precisado también que su residencia se encuentra en Hondarribia, una localidad muy próxima a la frontera con Francia y en la que además residían la mayor parte de sus víctimas.
Las dos acusaciones particulares han coincidido en estos argumentos con el Ministerio Público, al tiempo que han recordado que el procesado no cesó en su actitud delictiva hacia sus víctimas hasta el mismo momento de su detención, por lo que aprecian "una alto riesgo de reiteración".
Una de estas letradas ha puesto de relieve además que el procesado no ha realizado ninguna terapia de reeducación sexual durante su estancia en prisión lo que, a su entender, hace pensar que "es ajeno al problema que tiene". Las acusaciones también han insistido en que el monitor cuenta con familia y allegados en los Estados Unidos, en Sudamérica y en Francia, lo que aumenta la posibilidad de eludir la acción de la justicia.
Han insistido además en el riesgo de "victimización secundaria" de los damnificados, respecto a quienes habría que adoptar medidas de protección si el condenado pasara a situación de libertad provisional. Tanto la Fiscalía como las otras acusaciones han solicitado además que, en caso de que el tribunal opte por no prorrogar la situación de prisión provisional del condenado, sí adopte medidas cautelares para evitar el riesgo de fuga y de reiteración delictiva.
Defensa
La defensa por su parte ha lamentado que a su cliente aún no se le haya notificado formalmente la sentencia condenatoria que, por otra parte, aún no ha sido recurrida, por lo que técnicamente "no cabe la prórroga de la prisión provisional" y su representado debería ser puesto en libertad hasta que la resolución sea firme.
En la parte final de la vista, el acusado ha explicado que no ha hecho ninguna terapia durante su estancia en la cárcel porque, en este lugar, "hasta que uno no esté condenado no puede hacer ningún tipo de terapia". "Y a mí no se me ha permitido hacerla", ha dicho el procesado, quien ha insistido en que no es algo a lo que él se haya negado, al tiempo que se ha mostrado en desacuerdo por los hechos por los que ha sido condenado.
Los hecho ocurrieron a lo largo de diez años, entre 2011 y 2021, en el contexto de la escuela de surf que regentaba en Hondarribia y en los campamentos de una semana que organizaba en distintas localidades costeras. Una vez concluida la sesión, la magistrada presidente del tribunal ha comunicado a las partes la habilitación del mes de agosto para la eventual presentación de recursos a la sentencia.