Las complicaciones y obstáculos a los que el alcalde Eneko Goia ha hecho referencia este miércoles durante la firma de la compra de los Cuarteles de Loiola al Ministerio de Defensa del Gobierno español no han sido pocas. Esta misma semana hemos conocido que el Tribunal Supremo echaba por tierra el intento de la formación de ultraderecha Vox, que había solicitado que los Cuarteles fueran incluidos en el Especial de Protección del Patrimonio Construido, de modo que no pudieran ser derruidos. Ha tenido que ser el Supremo el que dicte la última palabra, ya que el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco fue quien estimó parcialmente la solicitud del partido que dirige Santiago Abascal.
Y es que la historia de este acuerdo ha sido por momentos una pesadilla que alcanzó el culmen en junio de 2024, cuando se supo que la dirección de Costas planteó un deslinde para limitar la edificabilidad de la zona en virtud de la Ley de Costas de 1988, una vez que el Ejército abandonase la zona. Una medida que habría convertido la operación de los Cuarteles de Loiola en un fiasco, al no poder edificar en una franja de 100 desde la ribera del río Urumea.
Si la servidumbre de protección para estos terrenos situados en dominio público marítimo-fluvial se hubiese ampliado de los 20 a los 100 metros, las 1.700 viviendas y los servicios previstos en la zona de los Cuarteles se habrían esfumado, por inviables.
¡Alto!: Dominio público marítimo-terrestre
El argumento esgrimido en Costas fue que el objetivo de las servidumbres de protección es “proteger la integridad del dominio público martítimo-terrestre, y su libre acceso a todos para los usos comunes propios de estos bienes de dominio público”. Y esa excepción se había aplicado sobre los Cuarteles, bajo la excepción atribuible a motivos de defensa nacional que dejarían de tener sentido si el Ejército abandonaba dicho solar.
El Ayuntamiento tiró de freno de mano y decidió suspender temporalmente el convenio que había firmado con el Ministerio de Defensa en diciembre de 2023 para la adquisición de estos terrenos.
Estaban en juego 73 millones de euros, que de ningún modo se justificarían por un terreno de carácter protegido en el 70% de la zona llana, la que no afecta a la ladera de Ametzagaina. Un espacio en el que no se podría haber construido viviendas ni ningún otro equipamiento de uso residencial.
El Consistorio, ante la decisión de Costas de aumentar la franja de servidumbre, presentó una serie de alegaciones, solicitando que fuera “consecuente con las acciones que tomaron en la década de los 90, cuando se estableció la línea de servidumbre en 20 metros”. “El valor (del terreno) sería muy distinto y la valoración estaría mal hecha”, señaló el alcalde de Donostia, Eneko Goia. En febrero le dieron la razón.
