La Diputación de Gipuzkoa asegura que no hay una justificación jurídica que impida el nombramiento de los 68 bomberos de la OPE unificada

Así lo ha explicado la portavoz foral, Irune Berasaluze, en la Comisión de Gobernanza celebrada este lunes en las Juntas Generales, donde ha comparecido a petición de EH Bildu para dar cuenta de la situación actual de este proceso después de que en julio del año pasado el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 de Vitoria anulara el ejercicio psicotécnico de la prueba. Según ha señalado, los 68 bomberos que consiguieron la mayor puntuación en la OPE fueron nombrados la semana pasada como funcionarios de carrera tras haber superado su proceso de prácticas al no haber detectado ninguna justificación jurídica que avale la paralización del proceso, al igual que sí lo ha hecho Araba.

“Hemos hecho un análisis jurídico para tomar la mejor decisión y no vemos motivos para no asignar las plazas”, ha indicado Berasaluze, recordando que el Tribunal Supremo todavía no se ha pronunciado sobre esta cuestión y que la Diputación no es parte en este proceso judicial, ya que la realización del proceso fue encomendada a la Academia Vasca de Policía y Emergencias de Arkaute. 

De este modo, tras el fallo del juzgado de Vitoria, que daba la razón a cientos de aspirantes que quedaron excluidos del proceso de selección, y la decisión del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV), que indicó que los exámenes psicotécnicos eran correctos, será ahora el Tribunal Supremo el que decida. En caso de que anule la prueba, se abriría “un escenario difícil” que obligaría a cambiar la lista. “Tendríamos que analizarlo y tomar las medidas necesarias para evitar el mayor perjuicio posible”, ha afirmado la portavoz foral.

“No existe una certeza plana”

Según ha resumido la propia Berasaluze, a pesar de las protestas de los sindicatos, los bomberos y la oposición, la Diputación aprobó en 2022 encomendar a Arkaute la realización del proceso selectivo de 68 plazas en una OPE conjunta con Araba, con otras 46 plazas. El diseño de la prueba fue también puesto en tela de juicio, al potenciar más la parte psicotécnica (exámenes eliminatorios de siete minutos) que la teórica y el conocimiento práctico, lo que derivó en la denuncia que el juzgado de Vitoria tramitó y dictó. 

A falta de una sentencia firme, y aunque “no existe una certeza plena”, la Diputación ha decidido continuar con el proceso mientras el Tribunal Supremo termina de pronunciarse, al tiempo que prepara una nueva OPE de 48 nuevas plazas que, esta vez sí, realizará el propio Ente foral puesto que la actual normativa impide la realización de OPEs unificadas. “En su momento se decidió tomar esa decisión porque se consideraba que era lo mejor ya que Arkaute es también una academia de emergencias”, ha justificado la portavoz foral, que ha señalado desconocer por qué la Diputación de Araba sí ha decidido paralizar el proceso. “Somos conscientes de que ha sido un proceso complicado y que no ha terminado, pero no vemos motivos para no seguir adelante”, ha repetido.

“Una chapuza”

Para EH Bildu, la decisión de la Diputación carecer de cualquier tipo de garantía jurídica, lo que pone en riesgo la plaza para los 68 bomberos que ya han realizado las prácticas y han sido nombrados funcionarios de carrera. “Tenemos de vuelta una chapuza de la actual diputada general, Eider Mendoza, que todos ya alertamos que pasaría y que parece que no tiene ninguna decisión buena”, ha argumentado Jon Martin.

Desde Elkarrekin Gipuzkoa, por su parte, se ha recordado que la formación morada ya solicitó en su momento realizar el proceso “de otro modo” y ha pedido a la Diputación que se adelante al fallo del recurso de casación, mientras que el PP ha cuestionado “las ventajas” que se le atribuyó a una OPE conjunta.