La titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 3 de Catarroja, que investiga los 228 fallecimientos registrados a causa de la dana del 29 de octubre de 2024, ha dictado un auto en el que pide a la Conselleria de Emergencias un informe sobre las actuaciones preventivas llevadas a cabo por ese organismo público con motivo de otro temporal, el acaecido en septiembre de 2023.
La instructora considera procedente la práctica de esta diligencia, solicitada por una acusación popular, dada la "similitud, cercanía en el tiempo y riesgo que llevó a la convocatoria del Centro de Coordinación Operativa Integrado (Cecopi)".
Sin embargo, deniega la solicitud de esta parte consistente en citar a declarar como testigo a la entonces consellera de Justicia e Interior de la Generalitat, Elisa Núñez.
Entiende que las consideraciones que pudiera realizar esta exconsellera en una entrevista con un diario, "por más que obedezcan a la normativa legal o al simple sentido común son cuestiones que no corresponde" determinar a través de una testifical.
En un segundo auto, también distribuido por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana, la jueza Nuria Ruiz Tobarra deniega la petición de una acusación particular que solicitaba que se requiriese a la Unidad Militar de Emergencias (UME) su 'diario de operaciones' o el documento equivalente en el que se refleje la actividad del Batallón de intervención de Emergencias III los días 28, 29 y 30 de octubre.
La actuación de esta unidad del Ejército, recoge la resolución, "no es objeto de controversia, es algo conocido y la obtención del detalle de los cometidos asignados a dichos equipos, las concretas operaciones de rescate, nada aporta a lo que es objeto de la investigación".
REITERA QUE EL MANDO ÚNICO ERA COMPETENCIA AUTONÓMICA"
En este punto, la titular del Juzgado reitera los argumentos expuestos en anteriores resoluciones, confirmados después en apelación por la Audiencia Provincial, en el sentido de que el mando único de la emergencia por la dana del 29 de octubre "era de competencia autonómica, no estatal".
Finalmente, la instructora ha dictado un tercer auto en el que deniega otras diligencias solicitadas por otra acusación popular entre las que figura la obtención de copia íntegra de todos los registros, intervenciones, llamadas recibidas y realizadas en el ámbito de la Conselleria de Emergencias y el Centro de Coordinación de Emergencias el 29 de octubre del pasado año.
