Sólo tres municipios de Gipuzkoa cumplen la obligación legal de elaborar censos de amianto en instalaciones públicas

Donostia – Sólo tres ayuntamientos de Gipuzkoa han elaborado y presentado dentro del plazo estipulado el censo de edificios e instalaciones municipales que contienen amianto, un material tóxico que fue ampliamente utilizado en la construcción durante la década de los años 70 y los 80 del pasado siglo, hasta que fue prohibido en 2002; y también han elaborado, como establece la propia ley, sus respectivos planes de retirada y han fijado el calendario de retirada a través de empresas especializadas en la gestión de fibrocemento (RERA): se trata de Olaberria, Beasain y Legazpi. Y si ampliamos el foco a toda la CAV, se le suman Errigoiti, en Bizkaia; y Aiara, en Araba. En resumen: sólo estos cinco de los 252 municipios de la comunidad autónoma han hecho los deberes.

Estos datos los ha dado a conocer el consejero de Industria y Transición Energética, Mikel Jauregi, en sendas respuestas parlamentarias a preguntas realizadas por la parlamentaria de EH Bildu Amancay Villalba, y el parlamentario del PP Álvaro Gotxi García.

El resto de municipios, 86 en Gipuzkoa y 247 en todo Euskadi, estarían ya fuera del plazo que estableció la ley Ley 7/2022 de residuos y suelos contaminados aprobada en el Congreso de los Diputados en abril de 2022. Debían haber presentado el censo con sus planes de actuación antes de final de 2023, con prórroga incluida, pero ni aún así.

Con este triste balance, el propio consejero reconoce que al Gobierno Vasco le es “imposible” hacer una estimación de la cantidad de amianto que existe en instalaciones públicas de Euskadi.

Hay constancia de que algunos están en ello. De hecho, son nueve en total los municipios guipuzcoanos que han solicitado subvenciones al Gobierno Vasco para actividades relacionadas con la gestión o retirada de amianto. Es decir, además de los tres municipios citados que sí han cumplido con su obligación legal, Donostia, Tolosa, Zumarraga, Deba, Ordizia, Azpeitia y Arrasate deben presentar sus censos antes de cobrar la subvención solicitada, por lo que se presupone que llevan el trabajo avanzado.

En todo caso, la ley establece que antes de finales de 2028 debería estar retirado todo el amianto de los edificios e infraestructuras de propiedad municipal, pero la realidad es que la inmensa mayoría de ayuntamientos ya van al menos un año tarde y ni siquiera tienen el mapa de la situación definido.

Olaberria fue el primer municipio de Gipuzkoa en presentar su censo a las autoridades sanitarias, laborales y con competencias en medio ambiente, tal y como establece la ley. Y también el primero en actuar (las primeras actuaciones están previstas para este año) y el más ambicioso en lo que respecta al alcance de la propia ley. Una ley de ámbito estatal que se aprobó el 8 de abril de 2022 y que, como ya es habitual en el modo de legislar, deja algunas “lagunas e indefiniciones” sobre las obligaciones que tiene que asumir la Administración local o las que no. Situaciones que deberán especificarse y desarrollarse mediante un decreto que aún está pendiente.

Por ejemplo, según ha podido saber este periódico, no está claro cómo han de actuar las instituciones públicas con las instalaciones privadas en las que se pudiera haber detectado la presencia de amianto. Edificios de titularidad privada que tendrían que asumir por su cuenta la retirada, pero que no están obligadas a ello. La pregunta es: ¿si el Ayuntamiento ha detectado su presencia, debe recordárselo o hacérselo saber al particular?

¿Y LA PROPIEDAD PRIVADA?

Olaberria sí lo ha hecho. Además del fibrocemento detectado en sus instalaciones municipales, el Ayuntamiento también ha identificado el amianto presente en el resto de viviendas y edificios industriales del municipio y remitió una carta en septiembre de 2023 a los y las propietarias afectadas. Información que se adjuntó en una “ficha que describía el estado del amianto encontrado” en cada vivienda y que añadía “recomendaciones para su mantenimiento o eliminación”. El Ayuntamiento, en este caso, recordó que ofrece “ayudas económicas a particulares para eliminar el amianto encontrado en las instalaciones”, y recomendó su retirada, que no es obligatoria: “Si decidierais mantenerlo, sería necesario volver a revisar el estado del amianto dentro de tres años, ya que con el tiempo este material puede deteriorarse”.

Beasain, un municipio especialmente sensibilizado con el tema del amianto debido a su importante peso industrial, es otro de los municipios que sirve de ejemplo en este caso. El Pleno municipal ya aprobó una moción el 2 de marzo de 2023 comprometiéndose a elaborar este censo en plazo. Y así lo ha hecho.

En concreto, fuentes oficiales del propio Ayuntamiento aseguran que “se han detectado dos edificios de titularidad pública” que aún contienen “amianto en sus cubiertas” y se ha detallado el calendario para su retirada en los próximos años. La ley establece un periodo máximo de cinco años desde la presentación del censo.

En el caso de Beasain, se trata del Gaztetxe y un edificio que se emplea para almacenar material, que perteneció a una empresa ya extinta, Excavaciones Eula, y cuyo edificio es ahora de titularidad municipal. El Ayuntamiento está pendiente de adjudicar estos trabajos de desamiantado a una empresa especializada, después de contar ya con el visto bueno de los planes de retirada.

Imágenes aéreas

Los sistemas de detección empleados para hacer el censo van desde inspecciones oculares, documentación, hasta drones que pueden sobrevolar un municipio y fotografiar el pueblo a vista de pájaro. En el caso de Beasain, según informan desde el Consistorio, una de las herramientas de apoyo utilizadas han sido las ortofotos o imágenes cenitales tomadas mediante satélite.

A la hora de elaborar su censo, mediante este sistema, el Ayuntamiento de Beasain también ha identificado presencia de amianto en edificios de titularidad privada, tanto viviendas como empresas, pero en este caso no se les ha trasladado ninguna notificación a esos particulares. La ley en ningún caso obliga a los particulares a la retirada de esta sustancia, aunque hay ejemplos de desamiantado por iniciativa propia de vecinos este mismo municipio.

Precisamente en Beasain, en mayo de 2010, y después de meses de complejas gestiones, una comunidad de 72 vecinos de ocho portales del barrio Ezkiaga (La Portería) inició por su cuenta el proceso de tramitación y retirada de centenares de placas de fibrocemento que cubrían los balcones que daban hacia el paseo del Oria y que se habían instalado en 1975.

La retirada del fibrocemento se realizó previa aprobación de los planes de desamiantado por parte del Gobierno Vasco y a través de una empresa especializada y debidamente acreditada. Una actuación que los vecinos asumieron de su propio bolsillo.

¿Qué es el amianto?

En su bando municipal y en las cartas remitidas a los particulares en septiembre de 2023 por parte del Ayuntamiento de Olaberria, se explica que “el mineral que forma el amianto o fibrocemento, cuando se rompe, produce filamentos muy pequeños y puede causar daños a la salud, por lo que debemos prestar especial atención a la ejecución de los trabajos de reparación, mantenimiento, sustitución y demolición, entre otros”.

“Este material se encuentra en las planchas de fibrocemento que forman la cubierta o cerramiento de algunos edificios, así como en bajantes, chimeneas o depósitos”, explicó el propio Ayuntamiento, por lo que “deberíamos tener en cuenta” varios aspectos. Por un lado, que “los filamentos que se desprenden al romper el amianto pueden afectar al sistema respiratorio, por lo que se considera un carcinógeno potencial”.

Además, el amianto “se considera residuo peligroso, por lo que no se admite en los garbigunes” y “sólo puede ser manipulado por empresas especializadas inscritas en el registro RERA, siempre con elementos de protección individual”. Es decir, nunca se puede manipular o tirar libremente.