Recaudar veinte millones de euros. Ese es el objetivo que se marca el Gobierno Vasco tras vender a los propietarios el suelo de mil pisos que fueron públicos y ahora ya no lo son, aunque se edificaron en régimen de derecho de superficie, sobre suelo que sigue siendo público, una venta que se hará a cambio de recuperar su calificación de VPO.
El consejero de Vivienda, Denis Itxaso, espera que por esa vía puedan obtenerse 20 millones de euros –que se destinarán a incrementar la inversión en vivienda– “y de paso corregir un error de época”, pues esta venta se realizará a condición de que estas viviendas, “aún siendo privadas en lo que a su titularidad se refiere, tendrán carácter de vivienda protegida, con todas las implicaciones que ello comporta”.
La venta de suelo la anunció el consejero de Vivienda y Agenda Urbana, Denis Itxaso, durante el pleno de control del Parlamento Vasco en respuesta a sendas preguntas de Sumar y de EH Bildu sobre el incumplimiento del derecho a la vivienda y la reforma de la ley de vivienda, respectivamente.
El consejero lamentó que en Euskadi hay muchas viviendas que fueron construidas como públicas pero ya son privadas porque se desclasificaron como viviendas públicas –normalmente al haber pasado veinte años desde su construcción–, algo que ya no se puede hacer.
El suelo de esas mil viviendas se edificaron en ese régimen de derecho de superficie. Su construcción fue realizada sobre suelo público antes del año 2003 y su uso cuenta con un derecho (un número de años) limitado, generalmente 75, a partir de los cuales la vivienda debería ser devuelta al parque público.
Más de 9.000 viviendas en Euskadi
En concreto, Vivienda se dispone a vender el suelo a 1.000 propietarios de viviendas originalmente protegidas y en derecho de superficie, que fueron descalificadas y ahora son libres, a cambio de recuperar su calificación de VPO, lo que obligaría al propietario a no venderla al valor del mercado.
Según los cálculos anunciados ayer por el consejero Denis Itxaso, en la actualidad existen en Euskadi 9.035 viviendas de estas características, frente a un parque total de vivienda protegida de 65.304 pisos. El departamento ha valorado que su recuperación paulatina como vivienda protegida corrige un error histórico y reporta a las arcas públicas unos ingresos que son necesarios “en este presente de urgencia” para incrementar la capacidad inversora del Gobierno Vasco en materia de vivienda.
El procedimiento que llevará el Gobierno para calcular el valor atribuible a los edificios afectados será imputando a los inmuebles su precio: a las viviendas el máximo de VPO, y a los locales los precios de mercado. No obstante, según aclaró Itxaso, a las viviendas no se va a imputar su valor en el mercado libre, sino el atribuible de VPO, rebajando de esta manera el importe a pagar por sus propietarios para recuperar el suelo donde fueron construidos.
Calculado este valor tasado, se aplica el 10% de imputación suelo, y luego se reparte a cada inmueble en función de su cuota de participación en la propiedad.
Se abrirá la convocatoria dando un plazo y especificando las condiciones junto con el compromiso necesario de recalificar las viviendas como protegidas permanentes.
El departamento comunicará individualmente el precio que corresponde a cada inmueble mediante mensajes a cada afectado y, una vez cerrado el plazo, se recaudará y se reclasificarán las viviendas.
Prestación Gaztelagun
Asimismo, Itxaso anunció que el Departamento de Vivienda y Agenda Urbana ha iniciado los trabajos para reformar la orden que regula la prestación Gaztelagun, que actualmente perciben más de 7.000 jóvenes vascos, con el objeto de revisar al alza el tope de renta de alquiler en el mercado libre que los solicitantes de esta ayuda podrán abonar en los municipios declarados como zona de mercado residencial tensionado.
Beneficiarios de las ayudas
300
Otra medida que anunció Itxaso afecta a la prestación Gaztelagun que actualmente perciben más de 7.000 jóvenes vascos, una ayuda de 300 euros mensuales para el pago del alquiler en el mercado libre. En concreto, se va a incrementar el umbral máximo de ingresos de los menores de 36 años con derecho a esta prestación, hasta los 30.000 euros.
750 euros
Renta máxima a pagar. En zonas metropolitanas de Donostia y Bilbao y municipios de más de 10.000 habitantes, la renta máxima de alquiler al mes que pueden pagar los jóvenes con esta ayuda es de 750 euros, mientras que en el resto de municipios es de 675.
750 viviendas
Inicio construcción. El Gobierno Vasco ya ha aprobado aumentar la carga de trabajo anual de la promotora pública Visesa, incrementando de 500 a 750 el inicio en 2025 de construcción de nuevas viviendas protegidas en régimen de alquiler, lo que supone un aumento del 50%.
Programa Alokabide. El consejero de Vivienda, Denis Itxaso, anunció este viernes que el Gobierno Vasco “actualizará al alza” el canon que la sociedad pública Alokabide paga a los propietarios a cambio de captar su vivienda y destinarla a alquiler protegido, con el fin de “acercar a los precios de mercado” la suma que perciben los dueños de estos pisos y, así, hacer “más atractivo” el programa Bizigune, elevando la cuantía máxima permitida para estos arrendamientos desde los actuales 675 euros al mes, a 700 euros. A preguntas de los parlamentarios de EH Bildu y Sumar, Itxaso también afirmó que “en Euskadi el derecho subjetivo a la vivienda está reconocido en la Ley de Acceso a la Vivienda de 2015; y la ley se cumple”.
