Después de dos meses en los que la llegada de migrantes a la muga de Irun ha sido prácticamente testimonial, los flujos en el paso fronterizo han vuelto a reactivarse esta última semana, una vez celebradas las elecciones legislativas en Francia que dieron como resultado la victoria, sin mayoría absoluta, de la coalición de izquierda Nuevo Frente Popular.

Con la migración convertida en parte central de los debates públicos, alimentando la hostilidad y arrastrando a parte de la sociedad hacia posturas extremistas, no parece ser una mera casualidad que los flujos se hayan reactivado precisamente tras la segunda vuelta de los comicios, celebrada el pasado 7 de julio, una vez asumida la derrota de la líder de la extrema derecha francesa, Marine Le Pen.

Ese mismo día una veintena de migrantes se dejaron ver en la plaza San Juan de Irun, algo que contrastaba con la quietud de las semanas y meses previos. Desde ese día, el goteo de llegadas ha sido constante e Irungo Harrera Sarea, la red de acogida de migrantes de Irun, calcula que julio se cerrará con unas 300 atenciones, cifra que se sitúa en los parámetros “habituales” bajo los cuales viene desarrollando esta entidad su labor.

“Tienen más información que antes”

Entre los migrantes que llegan a Irun se perciben nuevas maneras de afrontar el reto de sortear la muga. “Comienzan a manejar información por sí mismos a través de otras personas que ya han vivido la misma experiencia. Muchos pasan la frontera directamente sin llegar a la plaza a recibir información”, apunta Ion Aranguren, portavoz de Irungo Harrera Sarea.

El flujo actual supera las diez personas diarias, con cerca de un centenar de atenciones durante la última semana, “aunque sabemos que en realidad son bastantes más”, señala la entidad social. La mayor parte de migrantes son jóvenes de entre 20 y 25 años que proceden de Mali, un estado sin litoral situado en África Occidental, cuyo gobierno golpista ha prohibido durante los últimos tres meses toda actividad política de partidos y asociaciones.

“La guerra y los yihadistas”. Son dos de las razones que los propios jóvenes africanos que llegan a Irun suelen dar a la hora de explicar el porqué de su marcha de Mali. La situación de su país se ha recrudecido desde que Francia anunció la retirada de todas sus tropas tras un despliegue de casi diez años en los que la campaña liderada por el país galo contra los yihadistas no ha podido obtener los objetivos deseados.

Este país africano es el origen mayoritario de los jóvenes que llegan a Irun, a diferencia del año pasado, cuando las llegadas de Guinea-Conakri y Costa de Marfil representaron el 40% y el 17% de las nacionalidades que pasaron por el centro para personas en tránsito que Cruz Roja gestiona en Hilanderas.

A través del puente de Santiago

Quienes logran pasar con éxito al otro lado de la muga lo hacen por el puente de Santiago, donde no hay controles de la Gendarmería francesa -tan habituales en los últimos años-, que desaparecieron tras la firma de Pedro Sánchez y Emmanuel Macron de un tratado de “amistad y cooperación” entre el Estado y Francia.

La importancia de definir una estrategia transfronteriza a ambos lados de la muga dejó vía libre en ese punto del paso fronterizo. No obstante, los controles policiales sí continúan en Behobia y en la estación, y quienes tratan de cruzar la muga por estos puntos son devueltos, según señalan desde Irungo Harrera Sarea, “hasta que lo vuelven a intentar por Santiago y acaban pasando”.

Esa vía abierta parece descartar por el momento la posibilidad de buscar otros modos más arriesgados, como ha venido ocurriendo en los últimos años. Desde abril de 2021 diez personas han muerto intentando cruzar la muga, siete ahogadas en las aguas del río Bidasoa y otras tres arrolladas por un tren en Ziburu. Diez fallecimientos en un año, lo que impulsó a las instituciones vascas y a entidades sociales a reclamar insistentemente “corredores humanitarios para todas las personas migrantes”.

La seguridad de los Juegos Olímpicos

La presencia policial se había convertido en un muro que al menos ofrece ahora alguna grieta por la que abrirse paso los flujos migratorios. Otra de las razones que explica esta manera más laxa de control es el amplio dispositivo de seguridad previsto para los Juegos Olímpicos de París, que comienzan el próximo viernes 26 de julio y requiere de una concentración de efectivos sin precedentes.

Un batallón de unos 800 militares especializados está movilizado desde hace dos semanas en una zona de cuatro kilómetros de largo y dos de ancho para una operación de seguridad de gran magnitud que cuenta con 30.000 policías y gendarmes. Tras la celebración de los Juegos podrá calibrarse hasta qué punto se mantienen las medidas de seguridad en el paso fronterizo de Irun, donde apenas se constata la presencia de menores migrantes, en contraste con la situación que se sigue planteando en Canarias.

Reforma de la Ley de Extranjería

Se trata de una cuestión de candente actualidad en una semana en la que se ha registrado en el Congreso de los Diputados la proposición de ley de reforma de la Ley de Extranjería para establecer un reparto vinculante de los menores migrantes no acompañados entre las diferentes comunidades autónomas.

El Gobierno ha convocado para el próximo lunes, 22 de julio, una nueva Conferencia Sectorial de la Inmigración para abordar esta crisis, con el objetivo de eliminar burocracia y simplificar trámites. Por lo pronto, Euskadi acogerá a 18 menores, de los que Gipuzkoa se hará cargo de 7, Bizkaia de otros 7 y Araba de 4.

Al igual que el Gobierno Vasco, la Diputación de Gipuzkoa ha criticado el resultado de la conferencia sectorial celebrada hace una semana en Tenerife, al considerarlo “un parcheo” ante un “problema estructural” que requiere de un plan de contingencia que permita mantener los recursos operativos y habilitar nuevos.

El Gobierno de Canarias lleva tiempo advirtiendo a las comunidades autónomas de la crisis humanitaria sin precedentes que está viviendo por la llegada de menores extranjeros no acompañados a sus costas. El presidente del Gobierno, Fernando Clavijo, asegura que el incremento de llegadas es “exponencial” desde 2019, el cual ha acabado por saturar el sistema autonómico de acogida. “En 2019 año llegaron a las islas 587 niños y niñas y en 2023 esa cifra ascendió hasta los 7.398. Es más que evidente que ni Canarias ni ninguna comunidad autónoma puede hacer frente a la atención de estos menores en solitario”, señala.

Clavijo se ha mostrado este jueves "optimista" y ha indicado que va a trabajar para que el Consejo de Ministros apruebe el 30 de julio el decreto ley que regule la acogida de los menores extranjeros no acompañados en el Estado.