El consejero de Planificación Territorial, Vivienda y Transportes en funciones, Iñaki Arriola, ha firmado este jueves la orden por la que se activa el procedimiento de declaración de Errenteria como "mercado residencial tensionado", ante la solicitud del Ayuntamiento de este municipio.
La orden considera "suficientemente acreditada" la situación en base a los criterios establecidos por la Ley por el Derecho a la Vivienda española, por lo que se procede, además del inicio del procedimiento, a la apertura del plazo de información pública a la ciudadanía.
A partir de la publicación de esta orden en el Boletín Oficial del País Vasco y el Boletín Oficial de Gipuzkoa, prevista para los próximos días, se abrirá el plazo de 20 días hábiles para que la ciudadanía y las organizaciones interesadas puedan presentar sus alegaciones a la documentación planteada por el municipio.
Zonas tensionadas
Errenteria es uno de los 43 municipios vascos identificados en un diagnóstico realizado por el Departamento de Vivienda a través del Observatorio vasco de la Vivienda como lugares que podrían ser declarados zonas tensionadas por cumplir con los requisitos establecidos por la Ley estatal por el Derecho a la Vivienda.
Además del diagnóstico, el Gobierno Vasco facilitó a los ayuntamientos un protocolo a seguir para solicitar, en caso de querer hacerlo, la declaración de zona tensionada.
El Consistorio de Errenteria remitió al Gobierno Vasco en febrero de este año la solicitud para posibilitar la declaración de zona tensionada, con un diagnóstico de situación, una memoria justificativa y una propuesta de plan de acción a tres años. Desde entonces ambas administraciones, autonómica y municipal, han trabajado en la documentación para completarla.
Proceso de información pública
El proceso de información pública que ahora se abre es el paso previo a la declaración formal de Errenteria como zona tensionada. Tras este periodo de alegaciones, se analizarán las aportaciones realizadas y se procederá a la redacción definitiva de la memoria justificativa, el plan de acción y su calendario.
El diagnóstico de Errenteria plantea que la vivienda en alquiler en la actualidad es "prácticamente inexistente", con ofertas que superan los 950 euros mensuales. El precio medio de las compraventas registradas supera los 200.000 euros y el precio medio del metro cuadrado supera los 3.000 euros en el primer trimestre de 2023.
El documento señala que la renta media de la población del municipio está "muy por debajo de la de donostialdea y de la media guipuzcoana", y que el 75% de las familias que están inscritas como demandantes de vivienda protegida lo son en régimen de alquiler, entre ellas "buena parte con reducidos niveles de ingresos y solicitando un hogar en alquiler".
La memoria señala que el esfuerzo económico para pagar la renta y los gastos básicos del hogar se encuentra en el 33% por encima del 30% establecido como criterio para la declaración de zona tensionada en la Ley estatal de Vivienda.
Orden del ministerio
De acuerdo con la legislación vigente, una vez finalizada la redacción de la documentación definitiva de la zona tensionada, se publicará una nueva orden del Departamento de Vivienda en el BOPV declarando definitivamente el municipio como tensionado, extremo que se comunicará al Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana.
La declaración de un municipio como zona de mercado residencial tensionado supone que las personas arrendatarias a quienes se les finaliza el contrato puedan acceder a un máximo de tres prórrogas anuales en los mismos términos y condiciones del contrato en vigor.
Para las nuevas personas arrendatarias, se limita el precio del alquiler a la renta de quienes alquilaron anteriormente la vivienda, con una cláusula de actualización anual. Si la vivienda hubiera estado vacía en los cinco años precedentes, el precio tendrá que atender a los futuros índices de precios de referencia, un sistema que deberá establecer el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana para Euskadi y que también tendrán que seguir los grandes tenedores a "propietarios de diez o más inmuebles de uso residencial en la zona tensionada".
En paralelo a estas medidas, el municipio deberá poner en marcha su plan de acción, con actuaciones que van desde la colaboración entre administraciones o con el sector privado para estimular la oferta de vivienda asequible hasta la movilización de hogares deshabitados, pasando por el establecimiento de ayudas específicas o medidas de financiación para la contención o reducción de los precios de alquiler o venta.