El Comité de empresa de Uliazpi ha convocado una concentración para este viernes para mostrar su "total rechazo" a la decisión del Tribunal Supremo de no admitir a trámite el recurso presentado por la Fundación Uliazpi contra la sentencia "euskárafoba" del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) que anulaba la convocatoria de 34 plazas de cuidador, "despreciando los derechos lingüísticos de las personas a las que prestamos servicio y que, además, cuestiona al personal que obtuvo su plaza al amparo de dicha convocatoria".
Según han explicado los sindicatos LAB y ELA , la concentración tendrá lugar de 11.00 a 11.30 horas en la entrada de los Servicios Centrales de Uliazpi en el barrio del Antiguo de Donostia.
Más de 15 años esperando
Para el Comité, la no admisión del recurso es "totalmente injusta con el esfuerzo que ha realizado el personal para poder obtener una plaza, después de haber estado esperando más de 15 años para realizar la OPE" y, además, "es un grave ataque contra los derechos de los usuarios, familiares y personal del organismo público".
Tal y como han recordado, Uliazpi es un organismo que proporciona apoyos para contribuir al desarrollo de la calidad de vida de las personas con discapacidad intelectual y sus familias. Por ello, han incidido en que "los requisitos lingüísticos, además de dar respuesta a los derechos de la ciudadanía, son consecuencia de las características del puesto en relación a los apoyos que necesitan los usuarios".
A su juicio, la sentencia "comete un grave error al confundir el derecho genérico que tiene toda persona a acceder a un empleo público con la necesidad de cumplir los requisitos para un determinado puesto, con el agravante de que, para la realización de las tareas que Uliazpi tienen encomendadas, el conocimiento del idioma es esencial para el personal".
"Ningunea el esfuerzo"
Cuando el tribunal anula la convocatoria, al considerar "excesivo" el número de plazas ofertadas con perfil lingüístico, "no sólo ningunea el esfuerzo realizado por el personal para conseguir la plaza, vulnera la obligación de las instituciones de garantizar los derechos lingüísticos de la ciudadanía y quebranta los planes lingüísticos acordados por nuestras instituciones desde hace más de 30 años al objeto de avanzar en la normalización del euskera", sino que también "vulnera el derecho de los usuarios de Uliazpi a comunicarse en la lengua que saben al objeto de recibir los apoyos que necesitan", han concluido.
